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Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, habló sobre los desafíos en materia de infancia para el próximo gobierno.
En una época marcada por la elección presidencial y mientras se discute un nuevo texto constitucional, los temas relacionados con la infancia siguensiendo poco prioritarios en la discusión pública.
Por eso Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, afirmó que «estamos en un déficit importante desde hace 30 años, cuando ratificamos la Convención de los Derechos del Niño y dijimos a través de ese acto que íbamos a ir adaptando nuestra legislación a esa lógica, a contemplar a los niños como sujetos de derecho y no como objeto, a tener una lógica no asistencial, no subsidiaria sino que de derechos y que iba a ir cambiando la relación que tiene el Estado con los niños y la relación que tenemos todos en nuestro rol como ciudadanos también como garantes del desarrollo de la infancia».
«La oportunidad que tenemos hoy día, en el marco de la nueva constitución y de la nueva autoridad de gobierno, es comprender la necesidad y la urgencia de poder converger hacia los elementos que están contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, acelerar los procesos legislativos que permitan dar ese marco de adecuación de nuestra legislación, pero fundamentalmente no hipotecar la gestión que requiere la infancia hoy día desde los distintos actores públicos y privados al resultado que tengan los procesos legustaltivos», sostuvo Sánchez.
En ese sentido, el experto aseguró que pese a existir un compromiso de adaptar nuestra legislación, «hipotecar el futuro y la infancia solamente al curso legislativo o al desarrollo de las leyes es un tremendo error porque hoy día se están perdiendo generaciones por decisiones que son de carácter administrativo y gubernamental».
«Si nosotros en todo este tiempo de discusión hubiésemos puesto el mismo esfuerzo a mejorar la capacidad de gestión probablemente la relación, los resultados que tenemos con la infancia y en particular con la infancia vulnerada sería muy distintos», manifestó.
Actualmente, el Servicio de Protección Especializada, a diferencia de lo que hoy día es el Sename, atiende una porción inferior de niños que están en una condición de mayor vulnerabilidad y son derivados a este servicio por la vía judicial. En cambio el 80% de los niños que antes tradicionalmente estaban en el Sename están hoy día en sede administrativa que «para poder operar adecuadamente requiere un marco de garantías y un sistema de protección integral».
«Entonces hoy día sin una ley de protección integral es muy difícil que podamos implementar en sede administrativa todo aquello que se espera que funcione fuera del marco del Sename», agregó.
«No contar con ese marco hace que el sistema de protección especializada esté en un espacio vulnerable donde finalmente se va a empezar a dar contienda de competencias entre la oficina locales y la derivación al sistema de protección especializada, donde nuevamente los jueces van a estar en una situación donde van a tener que decidir si aceptan o no aceptan un caso, donde no va a haber una intervención de carácter administrativo con la familia de origen para revertir los cuadros de vulnerabilidad», dijo.
Para Sánchez es fundamental operar con una lógica de gestión, que significa «poder implementar una oferta preventiva de calidad, con evidencia en el entorno local, de tal manera que la cronificación no sé de, que se pueda dar la reparación y restablecer el vínculo con la familia, que finalmente la reunificación familiar se pueda dar y por lo tanto podemos tener una familia que funciona adecuadamente en la protección del niño, pero en los casos que no, se pueda ir a una solución de acogimiento familiar o la posibilidad de generar un marco de adopciones adecuado para ese niño».
El gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo explicó que la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes ya esta presente en nuestra legislación. «Dio origen a la Ley Penal Adolescente y que ya lleva más de diez años implementándose y que sin duda no existiría si no estuviera ya en nuestra legislación internalizado el concepto de autonomía progresiva».
En el código del trabajo, además, se establece el derecho a la participación de los niños que entre 15 y 18 años están autorizados para poder trabajar por sus padres para que puedan participar en asociaciones como sindicato. «Es decir, el código laboral ya recoge el concepto hace muchos años y, sin embargo, está en discusión en la Ley de Protección Integral», recordó.
«Por lo tanto, lo primero es llevar este debate lo más técnicamente posible, entendiendo que existe una necesidad de adecuación de la legislación y que la legislación se ha estado adecuando de acuerdo a principios rectores como el interés superior del niño, como la autonomía progresiva, etcétera», afirmó Sánchez.
En ese sentido, destacó que «se necesita que los dineros se coloquen en aquellos programas que realmente funcionan, que evaluemos en base a resultados y que el bienestar del niño sea el elemento que permita asignar adecuadamente los recursos en la oferta programática».
¿Cómo fortalecemos para que tengamos dispositivos eficientes desde lo preventivo? “No puede ser que hoy día tengamos un déficit tan profundo de psiquiatras infantojuveniles. La peor salud mental la tienen nuestros niños en Chile, pero también en el resto del mundo somos uno de los países con peor salud mental para los niños preescolares y, en consecuencia, hoy día se hace gravitante el poder invertir en un auge de salud mental para la infancia más vulnerada», dijo Marcelo Sánchez.
Ese derecho “va a permitir rehabilitar mucho de los elementos que hoy día siguen iterando sin resultados. Cuando vemos niños que están en explotación sexual comercial infantil claramente la primera respuesta es desde los dispositivos de salud mental, el poder ayudarlos para que se rehabiliten, para que ellos logren dimensionar la realidad en la que han estado inmersos, pero lograr también reparar en paz y eso requiere acompañamiento, requiere atención psiquiátrica y psicológica que los sistemas de salud no la cubren o no las dispone”.
Y si bien reconoció los avances del último tiempo, como la creación de la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, plantea que «cómo no va a ser posible que seamos capaces desde el Ejecutivo de articular a salud y vivienda, educación a desarrollo social, si son parte del mismo sistema. Cómo no vamos a poder vincular por ejemplo los programas de mejoramiento de gestión que tiene cada servicio con la articulaciones es área para poder trabajar en torno al servicio de protección. Cómo nos vamos a fijar, por ejemplo, metas ministeriales que estén asociadas».
«Aquí falta capacidad de gestión, falta poner la prioridad en los niños y falta entender también que tenemos que dejar de llegar tarde, tenemos que llegar antes y partir con una agenda larga preventiva en la primera infancia, donde nosotros creemos factores protectores y generamos apoyo a la crianza de los padres, donde podemos darle herramientas para que esos padres logren evitar conductas problemáticas que aparezcan en el desarrollo de los niños», reafirmó.
Marcelo Sánchez explicó que «en la medida que trabajamos con la prevención social y los casos especializados que requieran soporte y apoyo, se pueda disponer de los recursos necesarios suficientes para qué efectivamente se logre un cambio en la trayectoria, juntando el resultado con toda la articulación del sector público».
Por eso «debemos ser capaces de darle profundidad al acuerdo por la infancia que está pendiente, que los mismos candidatos hoy día suscriban plenamente estos consensos».
«En todas las propuestas en materia de prevención social se necesita un gran acuerdo para que podamos implementar un sistema de prevención social temprana, una verdadera agenda larga que apueste a mantener el bienestar de los niños con factores protectores de aquellos elementos de riesgo que hacen que desarrollen conductas problemáticas», añadió.
«Si nosotros somos capaces de montar en la oferta pública una prevención social temprana, vamos a estar reduciendo costos para el Estado y también vamos a estar garantizando el mayor cuidado para los niños. Un dato: con los niños que están en la exclusión social hoy día, traído a valor presente, el producto interno bruto pierde 6,43 puntos», explicó.
«Pero más allá del costo, ómo no va a ser ético evitar que un niño sea vulnerado en sus derechos. Ese es el desafío y espero que los candidatos, cuando alguno de ellos sea el próximo presidente de nuestro país, considere a la prevención social como piedra angular del desarrollo positivo de la infancia», finalizó.
