Sustentabilidad
Chile, al igual que muchos países del mundo, debe lidiar para mitigar los efectos de la sequía y de fenómenos atmosféricos cada vez más cambiantes. En ese contexto, la situación extrema de Uruguay aumenta la preocupación y hace urgente mantener una infraestructura hídrica que garantice el suministro de agua potable para la población. ¿Qué dicen las y los expertos?
Mientras Uruguay se enfrenta a la sequía más grande en los últimos 74 años, la falta de inversión en infraestructura hídrica se ha vuelto un tema central en el país.
El peligro de abastecimiento de agua potable en Montevideo, donde vive más del 60% de la población y se utilizan 80.000 metros cúbicos de agua al día, ha llevado a recurrir a la utilización del agua salada del Río de la Plata, que tiene una mayor concentración de sal y cloruro.
Miles de uruguayos han dejado de tomar agua de las cañerías por su baja calidad.
Pero cómo se llegó a este nivel de incertidumbre si Uruguay fue el primer país del mundo en establecer el derecho al agua potable en su Constitución de 2004.
Las acusaciones cruzadas entre los partidos políticos por la falta de previsión y de inversión en infraestructura hídrica sigue.
El embalse de Paso Severino, ubicado 80 kilómetros al norte de Montevideo, se secó por la falta de lluvias. Aunque es la principal reserva de agua dulce de la región, actualmente se mantiene a tan solo al 3% de su capacidad.
Inaugurado en octubre de 1987, fue la última gran obra realizada para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua.
Pese a que desde hace décadas expertos recomendaban construir otra represa en la localidad de Casupá, a 110 kilómetros de Montevideo, la concreción de esta segunda se fue posponiendo gobierno tras gobierno.
El actual mandato de Luis Lacalle Pou desestimó la construcción de la Represa Casupá, privilegiando construir una planta desalinizadora en la localidad costera de Arazatí, al oeste de Montevideo, para tomar agua del Río de la Plata.
Sin embargo, el expresidente José Mujica asumió la responsabilidad de su coalición -que gobernó durante 15 años– en referencia a las inversiones que el país necesitaba para ampliar sus reservas de agua potable. “Nos dormimos todos. Compartamos la responsabilidad”, afirmó.
Por ahora, las medidas extraordinarias anunciadas por el gobierno van por el lado de la construcción de un dique de emergencia y una represa temporal, la compra de una máquina desalinizadora o la instalación de una tubería de unos 13 kilómetros de largo para llevar agua de otro río a la planta potabilizadora.
La situación se ha convertido en una preocupación para el contienente, ya que son varios los países, incluyendo el nuestro, que están afectados por graves sequías.
Desde Chile, el ex superintendente de Servicios Sanitarios y ex subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, reconoce que existe una “falta de gestión y principalmente de inversiones”, y que es “más complejo y difícil de analizar desde afuera” porque hay un “modelo de gestión estatal de la compañía en la que las decisiones que se toman o dejan de tomar no son necesariamente técnicas.
Por su parte, Lorena Schmitt, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G (Andess), detalla que “lo que está ocurriendo en Uruguay es una muestra de la magnitud del desafío que significa el cambio climático y lo que puede ocurrir si no se toman oportunamente las medidas necesarias para enfrentarlo. Sin duda ha encendido la alarma en todos los países de la región, incluido el nuestro”.
La zona central de Chile ha sufrido 14 años de sequía y, hasta ahora, las ciudades han contado con un suministro de agua potable constante.
Esta situación ha puesto en evidencia la necesidad de contar con una infraestructura hídrica adecuada para enfrentar la escasez de agua y garantizar el suministro a la población.
Para Lorena Schmitt, “el cambio climático es hoy el principal riesgo para los servicios sanitarios. En Chile, tanto las empresas sanitarias como el Estado llevan años trabajando en medidas de adaptación para reducir el riesgo, planificando el futuro en consideración de la oferta y la demanda de agua en cada cuenca y ciudad, las proyecciones de crecimiento demográfico y los aprendizajes de los eventos pasados”.
De esta forma, las empresas deben estar siempre planificando “lo que se requiere para 15 o 20 años más, mientras van ejecutando obras en planes de cinco años”.
En números, en la década de 2010-2020, el 40% de las inversiones de la industria, es decir US$ 1.683 millones, se destinó a la adaptación al cambio climático.
Por su parte, Juan Eduardo Saldivia explica que en Chile “la regulación impone a los operadores la obligación de garantizar la continuidad y calidad de servicio, planificar inversiones de largo plazo y eso se hace, primero por que tenemos operadores de primer nivel y segundo por que el sistema tarifario garantiza el financiamiento de las inversiones”.
El ex superintendente detalla que “Esval pudo hacer una gran inversión para conectar el embalse Los Aromos a la planta potabilizadora de Concón, con lo que se ha garantizado el abastecimiento del Gran Valparaíso”, mientras que “Aguas Andinas ha podido construir los estanques de Pirque que nos permitieron que Santiago no se quedará sin agua en los últimos temporales”.
También destaca el desarrollo de los pozos Cerro Negro – Lo Mena que “permiten inyectar a la red un enorme cantidad de litros por segundo de agua aumentando considerablemente la resiliencia de la ciudad”.
El ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz también reconoce que “Chile ha hecho inversiones muy importantes en expandir su capacidad de generación de agua potable, calidad del agua que se le provee a la comunidad, recolección de aguas servidas y tratamiento, que lo ponen en la punta de la región”.
Para el experto, “esto es consecuencia de un modelo flexible de asociación entre el sector público y privado, con empresas que han sido muy responsable ante la comunidad en cumplir con las obligaciones adquiridas y a partir de una marco regulatorio robusto”.
De esta forma destaca que “en los últimos 20 años las empresas del sector han invertido cerca de US$ 8 mil millones en resolver el problema del tratamiento de aguas servidas y dotar a casi el 100% de la población urbana más concentrada de alcantarillado” y agua potable.
Además, se han llevado a cabo inversiones importantes “para responder antes eventos críticos que pudiesen afectar a las redes de agua potable, dotándolas de una mayor resiliencia”, lo que implica acceder a nuevas fuentes (pozos, principalmente) y áreas de acumulación y depuración, de modo de aumentar la capacidad de respuesta ante, por ejemplo crecidas de ríos, lluvias excesivas, aluviones, entre otras”, explica.
En 2022, es sector registró un aumento de 12% en la inversión respecto de 2021, totalizando US$ 512 millones, destinados tanto a seguir robusteciendo el funcionamiento de la industria a nivel general, como para la construcción de obras de seguridad que permiten fortalecer los sistemas productivos de agua potable, para sortear de mejor manera los eventos adversos de la naturaleza derivados del cambio climático.
Los especialista reconocen que estas inversiones han llevado a Chile a ubicarse en un lugar privilegiado en materia de servicios sanitarios a nivel mundial, siendo uno de los pocos países de Latinoamérica -junto con Costa Rica- donde se puede tomar agua de la llave sin riesgos para la salud de las personas.
Organismos internacionales, incluidos el Banco Mundial, destacan los índices de abastecimiento de agua potable, no solo en cantidad sino también en calidad, y en tratamiento de aguas servidas.
De acuerdo al estudio “De estructuras a servicios 2020” del BID, Chile presenta el porcentaje más bajo de Latinoamérica de empresas que experimentan insuficiencias en el suministro de agua potable.
En la Región Metropolitana, por ejemplo, donde Aguas Andinas está a cargo principalmente del suministro, la empresa ha desarrollado diversas acciones para hacer frente a la sequía y mejorar su infraestructura hídrica.
Así, destaca principalmente la diversificación de fuentes de abastecimiento, lo que incluye la construcción de embalses, la utilización de pozos profundos y la implementación de medidas de ahorro y reutilización del agua.
Juan Eduardo Saldivia explica que actualmente Santiago “tiene infraestructura para resistir 37 horas de respaldo sin producir agua potable”. En 2011, la autonomía solo era de 4 horas.
Por ejemplo, los mega estanques de Pirque inaugurados en el segundo semestre de 2020, han cumplido un rol fundamental para asegurar el suministro de la ciudad, en eventos como el Río Atmosférico 2021, lluvias estivales 2023 y el reciente frente climático de junio.
Gracias a los más de 1.500 millones de litros almacenados en ellos, la ciudad no sufrió interrupciones del servicio en ninguno de esos eventos extremos, con el aporte además de los los 13 pozos de Cerro Negro – Lo Mena, inaugurados en 2022.
Otra área para hacer frente a la megasequía, es el aumento de producción de aguas subterráneas gracias a la construcción de 92 nuevos sondajes en los últimos 12 años, que ha llevado de un 10%, a representar el 25%.
A ello se espera sumar nuevos proyectos como el estanque Bicentenario en Vitacura, el cual ayudará a descomprimir la red de toda la Región Metropolitana potenciando el suministro en su conjunto.
Con esto, Aguas Andinas tiene un ambicioso plan de nuevas obras donde se proyectan US$ 330 millones de inversión para los próximos cinco años.
Para la presidenta de Andess, Lorena Schmitt, el desafío persiste y “es imprescindible seguir anticipándonos a los escenarios futuros, porque la infraestructura requiere tiempos de diseño, planificación y ejecución, y estamos viendo que hay efectos del cambio climático que se adelantan respecto de lo previsto en los modelos científicos”.
“Tenemos que ponernos en el peor de los escenarios climáticos y pensar cómo satisfacemos la demanda en esas condiciones. La respuesta es distinta en cada cuenca, en algunos lugares la mejor solución será una desaladora, en otros se podrá aumentar la oferta de agua con nuevas fuentes, reuso de aguas servidas tratadas, y opciones que puedan ir surgiendo del trabajo conjunto y la tecnología”, especifica.
Por su parte, el ex ministro Carlos Cruz sostiene que “el cambio climático nos pone frente a nuevos desafíos en relación al agua en las zonas urbanas”.
“El primero es como regular mejor la demanda, sin afectar a los sectores de menores ingreso. Ello probablemente pase por una nueva estructura de tarifas. Un segundo desafío es como avanzar hacia una políticas de reúso de agua de modo de aprovechar mejor lo que hay. Y una tercera tarea es como aumentar las fuentes de agua posible y entre ellas, la desalinización que hoy tecnológicamente es más viable que hace algunos años”, agrega.
La presidenta de la asociación de sanitarias asegura que “la industria sigue comprometida a continuar en la senda de las inversiones en obras y planes de resiliencia, a través de una fuerte alianza público-privada”.
Sobre todo porque se debe tener presente que el cambio climático “no solo se expresa en falta de agua. También hay cambios en la calidad de las fuentes de agua y mayor frecuencia de eventos de lluvias concentradas que pueden causar inundaciones y aluviones”.
Andess estima que son necesarias inversiones cercanas a los US$ 10.000 millones al año 2040 para asegurar los servicios sanitarios.
Para Juan Eduardo Saldivia, el foco también está en aumentar el respaldo de otras ciudades del país. “En la mayoría de las ciudades esa capacidad es cercana a escasas 8 o 9 horas. Eso significa una gran desigualdad. Por lo mismo, es importante que la normativa se actualice acorde a las necesidades urgentes del cambio climático”.
Para el ex superintendente de Servicios Sanitarios “sería interesante, por ejemplo, saber en qué estado se encuentra el desarrollo de los planes sectoriales de mitigación del cambio climático establecidos en la Ley Marco del Cambio Climático y, en particular, el de Recurso Hídricos. Tal vez están en nada, ya que no se ha dictado el reglamento necesario para su elaboración y se venció el plazo de un año que tenía la autoridad para dictarlo”.
Por eso reconoce que “la autoridad tiene un tremendo desafío ya que nada indica que la sequía estructural retroceda. Un año con Fenómeno del Niño y algo más de lluvias no significa que no será necesario realizar muchas más inversiones en resiliencia para garantizar el abastecimiento”.
“Como ello implica tarifas, el desafió será legitimar y generar aceptación social frente a esta realidad”, concluye.
