La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado rechazó en forma unánime los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados al proyecto sobre derecho a defensa de los imputados, que está cumpliendo su tercer trámite en la cámara alta.
La información la entregó el integrante de esa instancia, senador DC Patricio Walker, tras señalar que si bien la iniciativa debe votarse en Sala, todo indica que terminará siendo analizada por una Comisión Mixta de senadores y diputados para zanjar las discrepancias que surgieron entre ambas ramas del congreso.
La propuesta tuvo su origen en una moción de los senadores Soledad Alvear, Alberto Espina, José Antonio Gómez, Hernán Larraín y Patricio Walker; y entre otras medidas, fija la oportunidad en la cual el Estado deberá designar un abogado defensor al imputado si éste no nombrare a uno particular, precisando que ello deberá efectuarse en la primera audiencia judicial a la que éste deba comparecer ante el juez de garantía.
Asimismo para mejor garantizar el derecho del imputado de guardar silencio, la iniciativa dispone que en la primera declaración que preste el imputado ante el fiscal o la policía, se le deberá advertir de este derecho en términos expresos y mediante una fórmula preestablecida, precisándosele los efectos que puede ocasionar la renuncia al mismo, debiendo dejarse constancia expresa de haberse efectuado la lectura correspondiente.
DISCREPANCIAS
«Rechazamos lo que aprobó la Cámara de Diputados, porque ellos habían modificado lo que nosotros habíamos aprobado. La diferencia radica en el hecho que nosotros somos partidarios que se tenga que nombrar un abogado antes de la primera audiencia judicial y en el proyecto de la Cámara de Diputado dice que tiene que nombrarse antes de la primera actuación del procedimiento y en nuestra opinión, eso es muy amplio», afirmó Patricio Walker.
A modo de ejemplo señaló que con esa redacción se podía dar el caso «que a una persona que se le quiera hacer la alcoholemia y está en estado de ebriedad, no se le podría detener sin la presencia de un abogado, lo que en nuestra opinión llevaría a un extremo la norma y tendría un efecto práctico negativo y contraproducente».
Walker agregó que «por eso insistimos en que el Estado debe procurar que tenga un abogado el victimario o el acusado de un delito, pero que sea hasta la primera audiencia judicial, para que en el juicio tenga un abogado que lo defienda, porque si no, el día de mañana se van a declarar nulas todas las pruebas que provienen de una alcoholemia y eso sería sumamente complicado».
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