En contra de la acusación votaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Cristián Letelier, Mónica Zalaquett y Gastón von Muhlenbrock. A favor en tanto, votó el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahín.
Por tres votos contra uno, la comisión que estudió la acusación constitucional presentada por diputados de la oposición contra el ministro de Educación, Harald Beyer, decidió rechazar el libelo presentado contra el secretario de Estado.
La decisión fue adoptada esta tarde al término del trabajo de la instancia legislativa, que desde la semana pasada sesionó para analizar los argumentados presentados por diputados de la Concertación e independientes en contra del ministro.
En contra de la acusación votaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Cristián Letelier, Mónica Zalaquett y Gastón von Muhlenbrock. A favor en tanto, votó el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahín. Cabe recordar que la otra integrante de la comisión, la diputada DC Carolina Goic no pudo asistir a esta instancia pues se encuentra con licencia médica desde el año pasado a raíz de un cáncer que padece.
Tras la decisión de la comisión ahora corresponde que los diputados se pronuncien en sala respecto del libelo acusatorio, sesión que se desarrollará este jueves.
A la última sesión de este martes asistió la ex Jefa de la División de Educación Superior, Pilar Armanet, quien manifestó que el ministro de Educación tiene «facultades limitadas para fiscalizar el estricto cumplimiento de la ley por parte de las universidades».
Armanet señaló que el Ministerio de Educación, por mandato de la propia Ley de Acreditación, tiene a su cargo el sistema de información sobre educación superior, que entrega antecedentes a los usuarios, a las universidades y a los pares, para la toma de decisiones informada respecto de la educación superior. Sin embargo, acotó, no cuenta con facultades para efectuar un tipo de fiscalización mayor.
«No existe, y creo que es una carencia que espero se subsane, un órgano de supervigilancia de cumplimiento de la ley, de control de la legalidad, que es el objetivo de la Superintendencia de Educación Superior», resaltó.
La actual vicerrectora académica de la Universidad de Las Américas consideró que una Superintendencia vendría a llenar un vacío importante, que es el control de la legalidad de los actos de las instituciones que están sujetas a la regulación, y estimó que permitiría devolver a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) el rol que nunca debió perderse: ser un acompañamiento para la mejora institucional de las casas de estudios superiores.
