La última vez que Javier Díaz vio a su padre fue cuando tenía 14 años y los paramilitares colombianos lo acusaron de apoyar a los guerrilleros. Esto equivalía a una amenaza de muerte en el momento más agudo de la guerra interna que ya lleva cinco decenios en Colombia.
Hombres armados se llevaron a su padre en un camión en 1994 y luego incendiaron la granja y la casa de su tío en una zona montañosa del norte de Colombia, informa Bloomberg Markets en su número correspondiente a octubre.
Los escuadrones de la muerte, que surgieron para proteger a los dueños de las tierras de las extorsiones y los secuestros de la guerrilla, sospechaban que el padre de Díaz estaba pagando al grupo guerrillero más antiguo y más grande de América Latina –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC- un impuesto por sus 20 cabezas de ganado, dice Díaz. Eso constituía una prueba suficiente de que simpatizaba con el enemigo.
Díaz todavía no sabe qué fue de su papá. Después de más de un decenio, las amenazas volvieron a empezar. Esta vez, especuladores en tierras dijeron a Díaz y su familia que enfrentarían la ira de los paramilitares si no vendían la propiedad de su padre. Los Díaz entregaron rápidamente las 34 hectáreas por alrededor de US$2.000.
“Los militares habían acusado a toda mi familia de simpatizar con los guerrilleros”, dice Díaz, agricultor y ganadero en la casa de su padrastro, donde vive en la actualidad. En la radio suena a todo volumen una música de vallenato interpretada con acordeón, y una gallina que cacarea camina presurosa por el piso de tierra.
Población desplazada
Díaz es una de las 4 millones de víctimas desplazadas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado de un conflicto que involucra a grupos guerrilleros, paramilitares, carteles de la droga y tropas oficiales del gobierno. Ahora, Díaz dice que saldrá a recuperar su tierra.
Esto se debe a que el presidente Juan Manuel Santos dice que devolverá la propiedad o pagará una restitución por las tierras que fueron robadas, abandonadas o compradas mediante intimidación –como dice Díaz que ocurrió en el caso de su familia. Colombia tiene la segunda población más grande del mundo desplazada internamente, después de Sudán, según las Naciones Unidas.
La ley de Santos, que el Congreso colombiano aprobó en mayo de 2011, entró en vigor en enero. La legislación es la piedra angular de los esfuerzos de Santos por traer finalmente la paz a Colombia.
Esto se produce justamente cuando multimillonarios extranjeros y locales, como Eike Batista de Brasil y Luis Carlos Sarmiento de Colombia, están incrementando las inversiones en lugares alejados del país. Se sienten alentados por una mayor seguridad y una pronunciada caída del tráfico de cocaína.
El gobierno se ha fijado el objetivo de devolver a los campesinos alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados de las tierras que en su momento fueron de su propiedad. Para que el plan funcione, Santos está instruyendo al registro de la propiedad para que investigue el fraude y verifique los reclamos de propiedades existentes.
Un país herido
La ley crea un sistema judicial temporario para fallar en disputas por tierras que se remontan a 1991 y hace recaer la carga de la prueba en los dueños actuales más que en las víctimas desplazadas. Las personas o las empresas que compraron a sabiendas tierra robada deberán devolverla a sus víctimas. Quienes compraron de buena fe negociarían un pago o cuotas de alquiler u otra compensación para los propietarios originales.
“Un país, herido como el nuestro, durante tantas décadas, por una violencia absurda, por golpes entre hermanos, necesita atravesar con decisión el camino de la reconciliación y reconocer y reparar a sus víctimas, para poder seguir adelante”, dijo Santos por televisión el 19 de agosto.
Díaz dice que le gusta esa promesa –y que no confía en ella. “¿El gobierno realmente ayudará a personas como yo?” pregunta. “Lo dudo. Les interesa más servir a las grandes empresas”.
Un cambio profundo
Lo que está en juego es el intento de un país de emprender un cambio profundo. El presidente, que asumió en agosto de 2010 para cumplir un mandato de cuatro años, se propone distribuir las tierras a las víctimas de la guerra aun antes de que el conflicto se resuelva totalmente. Al mismo tiempo, Santos quiere atraer inversores a regiones que quedaron detenidas por la violencia.
Con la ayuda de la asistencia militar financiada por los Estados Unidos, además de los aumentos de impuestos a los ricos en la última década, Colombia disminuyó en un tercio, aproximadamente, la producción de cocaína y redujo a la mitad la cantidad de insurgentes FARC, hasta unos 8.000.
Santos dijo el 27 de agosto que su gobierno ha mantenido lo que define como diálogos exploratorios con enviados rebeldes de las FARC que podrían desembocar en nuevas negociaciones de paz.
“Colombia quiere inversión en un entorno social justo donde se haya devuelto la tierra que fue sustraída a campesinos aterrorizados o que éstos vendieron a precios viles”, dice Alejandro Reyes, director del Instituto Agrario de Colombia y autor de un libro, Guerreros y Campesinos, referido a la forma en que los conflictos por la tierra desencadenaron batallas armadas en Colombia.
