BRAGA
Créditos: Captura de pantalla video Comunidad Haitiana en Chile
En una entrevista con El Mostrador Braga, la abogada de la víctima, Daniela López, nos cuenta cómo, tras el caso de Joane Florvil, la institucionalidad no ha dejado el racismo de lado, teniendo hoy nuevamente una terrible situación en donde le arrebataron a una madre haitiana el cuidado de sus hijos por prejuicios y graves mentiras en el informe de la OPD. Según la abogada, el documento aseguraba que los pequeños “eran castigados, no comían bien y no se les realizaban cambios de pañales”.
Hace menos de un mes se conmemoró la muerte de Joane Florvil, mujer haitiana que fue detenida por Carabineros de Chile tras haber sido denunciada por funcionarios municipales por, supuestamente, haber abandonado a sus hijos. Solo tras su muerte se esclareció el terrible caso de discriminación al que fue expuesta y, al parecer, la historia vuelve a repetirse.
Ahora, se trata del caso de una madre haitiana que denuncia haber sido separada injustamente de sus hijos por un procedimiento irregular, realizado por la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD). Causa que ahora fue tomada por el estudio de abogadas AML, Defensa de Mujeres, quienes solicitaron el rechazo de la medida de protección interpuesta por la OPD, por considerar falsos los argumentos presentados. El documento, entre otras cosas, aseguraba que los pequeños “eran castigados, no comían bien y no se les realizaban cambios de pañales”.
Para conocer el caso, conversó con El Mostrador Braga una de las abogadas de la víctima, Daniela López, quien trabaja junto a la también abogada Francisca Millán.
Luego de ser diagnosticada con COVID-19 y someterse a la cuarentena obligatoria en una residencia sanitaria, la madre decidió entregar el cuidado de sus hijos, por los quince días que dura la restricción, a una de las madrinas de sus niños, una mujer chilena de iniciales J.L.
Según el relato de la madre, el cual fue difundido por los canales oficiales de la Comunidad Haitiana en Chile, al inicio de su cuarentena en la residencia le robaron el teléfono, ella avisó a su esposo para que este lo comunicara a la municipalidad y a la madrina, para que estuvieran al tanto. El octavo día de cuarentena, sin embargo, comenzó la actitud sospechosa de J.L.
“Ella llegó con un papel, me dijo que era para autorizarla legalmente a cuidármelos, y que después me los devolvería, pero quedaban 6 días, por 6 días no es necesario firmar papeles, le dije eso y se enojó, y al rato me ofreció 1 millón de pesos por el niño, pero yo me negué a todo”.
Según el testimonio de la madre, J.L. le ofreció no solo dinero por su hijo, sino que un auto, y ante las reiteradas negativas de la víctima, le dijo que intercambiaran, que ella tenía 8 hijos varones que eligiera uno.
Seis días más tarde, cuando la mujer haitiana salió de la residencia y fue a buscar a sus hijos, tuvo la siguiente sorpresa amarga: “En Haití, una madrina es como una segunda madre, yo confiaba en ella y le pedí que me los cuidara, y le di todos los (insumos) necesarios (…). Después de la cuarentena fui corriendo a buscarlos, y allí empezó el problema. Ella no me quería entregar a mis hijos (…). Tuve que hacerle un escándalo, tratarla a palabras feas. Ella temía el escándalo y me devolvió a mis hijos, pero sin nada. Yo le había entregado una maleta de ropa y ella se quedó con su ropa, zapatillas, aunque lo material es lo de menos”, narró.
Tres días más tarde, llegaron hasta su casa funcionarios de la OPD para realizarle una serie de preguntas sobre el cuidado de los niños, cuestionamientos que no pudieron contestar de buena forma los padres de los menores, dado el precario español que hablan y la inexistencia de un traductor. De acuerdo a lo indicado por la abogada López, dos días después de la visita, los funcionarios volvieron con Carabineros para llevarse a los hijos de la mujer por supuesto maltrato y abandono. Tomando a los menores para dejarlos posteriormente en un hogar del Sename de Estación Central.
Luego de acceder y revisar el detalle del informe realizado por la OPD, las abogadas de la víctima se dieron cuenta de que tenía “graves errores y falsedades”. El documento aseguraba –según cuenta López– que los pequeños eran castigados, no comían bien, que no se les realizaban cambios de pañales, entre otras acusaciones. “Incriminaciones casi imposibles de comprobar en una visita tan corta y con casi nula comunicación, dada la barrera idiomática”, explica.
Las abogadas comentan que decidieron tomar este caso y contestar a la denuncia de vulneración de derechos presentada por la ODP, porque vieron serias irregularidades en todo el actuar de los funcionarios.
“Primero, interrogaron a una mujer que no habla español y sin la asistencia de un traductor. Luego, realizaron un informe poco preciso que solo demuestra un alto nivel de racismo, clasismo y misoginia. Y, finalmente, llevaron a sus hijos a un centro del Sename, donde no pudo visitarlos, manteniendo escasos contactos por videollamada. Siendo claramente un proceso anómalo y poco profesional”, explica.
Por ahora las abogadas de AML lograron recuperar provisoriamente a los niños, quienes se encuentran con la madre mientras se halle pendiente el juicio.
Para la abogada, en Chile existe un racismo institucionalizado que ha sido notado incluso por entes internacionales. “El acceso a la justicia en Chile tiene importantes sesgos. En este caso, se demuestra de una manera mucho más brutal, porque es una mujer migrante, con alto grado de vulnerabilidad social, que ni siquiera maneja el idioma español y se le emiten informes como si ella hubiese podido comunicar. No había facilitador cultural, no había ningún tipo de traductor que pudiera, por ejemplo, permitir que ella entendiera lo que estaba pasando”.
Para López, uno de los aspectos más denigrantes del procedimiento realizado por los funcionarios públicos es el que asociaran la pobreza con negligencia materna.
“Lo que pasa de manera muy brutal acá, es que se esté cuestionando su calidad de madre y ocupando millones de sesgos que, al fin y al cabo, reproducen conceptos bastante racistas (…). Se culpabiliza a esas familias como si fuese negligencia materna, y en particular a las mujeres, porque las mujeres son las que son las más cuestionadas, las que más culpabilizan, de las que siempre se duda de su relato y las que son más violentadas a través de estereotipos de género y que viven, al fin y al cabo, esta reproducción compleja de discriminación por género, raza y clase”.
“Hay algo que es súper básico, no hay igualdad de armas cuando una persona no se puede comunicar”, subraya.
La audiencia que tuvieron las abogadas en septiembre duró casi tres horas para poder recuperar provisoriamente a los niños y que volvieran al cuidado materno, “porque más encima los metieron al hogar del Sename”, cuenta.
La abogada explica que en este caso no solo hay una vulneración de derechos fundamentales y humanos, sino que de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificada por Chile.
En particular porque, al haberse efectuado el informe y al haberle quitado el cuidado personal provisorio de sus hijos sin que ella pudiese comunicarse, sin haber traductor, facilitador cultural –que es lo que piden los estándares internacionales, para poder nosotros efectivamente generar estándares de inclusión–, además, a nivel constitucional, se pasó a llevar la no discriminación ante la ley y el debido proceso al cual ella tiene derecho.
