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CIDH fija fecha para histórico juicio contra Chile por discriminación a docente lesbiana

por 5 mayo, 2021

CIDH fija fecha para histórico juicio contra Chile por discriminación a docente lesbiana

Créditos: David McNew/Getty Images

El año 2007, a la profesora y exmonja Sandra Pavez se le revocó su certificado de idoneidad para seguir impartiendo clases de religión. Esto ocurrió luego que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y, además, se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para "revertir" su orientación sexual.
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Después de 14 años, comenzará el juicio internacional contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por prohibir, desde el año 2007, a la docente y exmonja Sandra Pavez ejercer clases de religión por ser lesbiana.

El juicio tendrá lugar el miércoles 12 y jueves 13 de mayo a las 10:00 horas. En la ocasión, Sandra será acompañada por los abogados pro-bono que apoyan diversas causas del Movilh, Ciro Colombara y Branislav Marelic. Asimismo, también estará presente el histórico dirigente, Rolando Jiménez.

Ante la instancia que se llevará a cabo la próxima semana, Jiménez sostuvo que “estamos llegando al final de una larga lucha. Han sido 14 años de sufrimientos y discriminación para Sandra, quien, pese a ser una profesora intachable fue impedida en 2017 de ejercer solo porque a juicio de la Iglesia Católica su orientación sexual es incompatible con la docencia, apreciación que luego compartieron los tribunales de primera instancia y la Corte Suprema al fallar que por ser lesbiana nunca más podría ingresar a las aulas”.

Hace más de una década, señala Jiménez, la comunidad educativa se ha movilizado para revertir la determinación de la Iglesia. Sin embargo, pese a los esfuerzos, eso no fue posible. “Sandra nunca más ingresó a las aulas, su estado de salud se ha visto severamente empeorado con el correr de los años y, como si poco fuera poco, se encuentra a punto de jubilar. El daño causado por el Estado de Chile, en alianza con la Iglesia Católica, es brutal e inhumano”, agrega el dirigente.

Asimismo, Jiménez enfatiza que, en el caso de ganar, “Sandra vencerá a la lesbofobia del Estado y triunfará sobre la homofobia de las iglesias, un hecho inédito a nivel mundial”. Mientras que, en caso de perder, “estaremos en presencia del acto lesbofóbico más cruel e injusto ocurrido en el sistema internacional de derechos humanos”, advierte el activista.

¿Qué ocurrió en el año 2007?

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad. Dicho documento, le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, lugar donde la docente ejercía desde 1985.

El hecho ocurrió después que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y, además, se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para "revertir" su orientación sexual.

“A tanto llegó el acoso de la Iglesia que, en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recuerda Jiménez.

Ante la situación, el clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y que reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales. El decreto faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Con todos estos antecedentes, el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema.

Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad ni tampoco en discriminación, sosteniendo como argumento el Decreto 924. Más de una década después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice lo contrario y demandó a Chile ante la CIDH.

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