Aborto y nueva Constitución: “Es urgente un cambio en las normas jurídicas, buscando las condiciones necesarias para habilitar la libertad de decidir”

En agosto del año 2020, la encuesta Ipsos revelaba que un 68% de las personas en Chile se muestran a favor del aborto sin causales. Una cifra acorde al masivo apoyo que han tenido los movimientos feministas en todo el país. Según datos difundidos por la Corporación Humanas, en años recientes, se ha calculado que las mujeres del país se realizarían entre 60 y 70 mil abortos inducidos al año, es decir, cerca de 192 abortos al día.

Por su parte, datos entregados por la Corporación Miles, aseguran que las gestaciones interrumpidas llegarían a los 300 mil anuales. Estas estimaciones asumen que la mayor parte de estos se concretan de manera clandestina, sin llegar a ser atendidos en los servicios de salud. Es decir, un escenario que continúa siendo perseguido en el Código Penal chileno, dado que no está contemplado en la interrupción legal del embarazo en tres causales.

Para la sicóloga comunitaria y feminista, Ana María Vera, “el aborto es una realidad en todos los países del mundo y en todas las épocas, y el Estado debe resguardar la seguridad y salud de las mujeres, en especial las más precarizadas por este modelo que produce inequidades sociales, económicas y de género. Es urgente un cambio en las normas jurídicas, buscando las condiciones necesarias para habilitar la libertad de decidir”.

Pero eso no es todo; las demandas feministas y de disidencias sexuales, atraviesan múltiples temáticas no solo a nivel de salud, sino también en educación, medioambiente, justicia, entre otras áreas. Por lo mismo, desde las organizaciones sociales se busca impulsar un reconocimiento expreso de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género en la nueva Constitución, evitando que “sectores conservadores minoritarios busquen limitar estos procesos sociales a través de instituciones ilegítimas como el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió con la ley de aborto en tres causales y la ley de identidad de género”, señala el abogado e integrante de la Colectiva disidente Aquí y en la Quebrá del Ají de Temuco, Diego Lagos.

Por otra parte, la paridad de género asegurada en el órgano constituyente acerca la posibilidad de poner en discusión política estos temas históricamente invisibilizados. “Es sumamente importante que las feministas seamos parte del órgano constituyente para exigir y visibilizar las muchas demandas que han sido silenciadas por años, como, por ejemplo, el derecho a tener una vida libre de violencia”, expresa la integrante de Kelluzomoguen, colectiva feminista de Licanray, Camila Reche Alvarez.

Asimismo, otras demandas, igual de relevantes, son el urgente apoyo que requieren las personas que cumplen un rol de cuidados de niñas, niños, ancianos y enfermos, quienes son mayoritariamente mujeres y sin aporte económico relevante del Estado. “Esta discusión política no es solo de salud, o de legislación, sino que es una disputa por lograr mayores niveles de democracia, en un país con una profunda crisis de cuidados”, finalizó la sicóloga Ana María Vera.