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Yo opino

La desmentida del acoso y sobrecarga laboral femenina en el Sistema de (des)Salud Mental de nuestro país

por 15 junio, 2021

La desmentida del acoso y sobrecarga laboral femenina en el Sistema de (des)Salud Mental de nuestro país

Créditos: Elina Krima en Pexels

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Soy psicóloga clínica, trabajo hace más de 10 años en instituciones públicas de salud mental y hoy escribo desde la vereda de quien ya no tiene nada que perder. Escribo también, en memoria de mi madre y por tantas otras mujeres que están padeciendo -en medio de esta pandemia- la angustia, el silenciamiento y abuso de poder en sus puestos de trabajo.

Sobrecarga laboral en mujeres y pandemia: ¿Quién se ha hecho cargo?

Hace 5 años trabajo en un Centro de Salud Mental Comunitario (Cosam) ubicado en la comuna de Huechuraba. En esta institución, destinada al bienestar psíquico y social de las personas, un psicólogo con jornada completa debe atender en promedio a 100 pacientes (incluso más) y un trabajador social, puede llegar a hacerse cargo de 200 ó 300 familias. Además, de las actividades grupales, comunitarias y administrativas que se deben realizar.

Con la pandemia y el teletrabajo la sobrecarga laboral aumentó aún más, es frecuente escuchar a compañeras agobiadas por las labores del hogar, la crianza, los deberes escolares de sus hijos/as y las teleconsultas de sus pacientes (o “usuarios”, como les gusta denominar a las personas en el servicio público). Todo esto, dándose en sus hogares y con recursos tecnológicos propios, porque a la fecha, no hemos recibido apoyo municipal o estatal para teletrabajar.

Lamentablemente, en nuestro país tener la posibilidad de acceder a un tratamiento de salud mental particular es un privilegio. Las terapias son costosas, la oferta de Fonasa limitada y el reembolso de las Isapres, sencillamente un mal chiste.

Muchas colegas trabajan hasta las 21:00 ó 22:00 hrs., incluso más tarde. En una reunión, una compañera confesó tímidamente que trabajó toda la noche, se fue a dormir a las 07:00 am, es que prefiere “tener todo al día y no atrasarse” porque la exigencia institucional es muy alta y el costo por no cumplir o enfermar también lo es.

Actualmente, en mi lugar de trabajo hay mujeres cuestionadas por haber vivido algún sufrimiento psíquico y/o duelo durante el año 2020-2021, siendo impugnadas por tener alguna condición de salud preexistente, otras presionadas económicamente, etc. Todas somos mujeres atemorizadas por un sistema laboral revictimizante, que identifica como personal un problema institucional, en medio de una catástrofe mundial.

El teletrabajo como un privilegio dentro de la institución

En marzo de 2021, con alrededor de 9000 contagios diarios por Covid-19, fuimos llamadas junto a otras compañeras a una “reunión extraordinaria”. Hasta ese momento, desconocíamos la razón de la cita. Allí, se nos ordenó que ya no contábamos con la posibilidad de teletrabajar porque nuestros registros clínicos estaban retrasados (mientras que el resto del equipo continuaría con una jornada laboral mixta -2 semanas de trabajo presencial y 2 de teletrabajo-). También se nos indicó, que seríamos constantemente monitoreadas y que volver a la modalidad de teletrabajo dependía de sostener un óptimo desempeño.

Aunque expresamos nuestras intenciones de subsanar la situación, se nos negó la posibilidad de dialogar y ser escuchadas. Algo tan fundamental en salud mental “donde curamos a través de la palabra”.

Entonces, pensé: ¿Desde cuándo en un centro de salud público el teletrabajo pasó de ser una medida de resguardo sanitario a un privilegio laboral? Estoy en conocimiento, al igual que mis compañeras presentes y la jefatura, que una de nuestras colegas vive sola junto a su pequeño hijo y que la pareja de otra, se encuentra en un delicado estado de salud (paciente de alto riesgo Covid). Para estas mujeres, la posibilidad de teletrabajar se articula además, con el ejercicio de funciones de cuidado. Y como sabemos, las personas que cuidan de manera no remunerada, quedan desprotegidas ante la ley.

Pese a que Ciudad Empresarial queda al otro lado de Cosam, la jefatura ha dicho “que deberíamos funcionar como una empresa”, lo que se ha evidenciado en cómo se piensa y valora el trabajo. Los pacientes y trabajadores hemos sido traducidos a cifras y gráficos de una planilla Excel. Nuestra subjetividad y padecimientos, reducidos a una casilla de este popular programa de Microsoft.

¿Cómo es posible que un centro de salud mental comunitario emplazado en un territorio de extrema vulnerabilidad puede ser pensado desde una lógica empresarial?

Hostigamiento laboral: prohibido padecer

Luego de la reunión, no puedo evitar sentirme angustiada, triste y pasada a llevar. Me parece injusto, que en la realidad actual y luego de todo el trabajo realizado, se nos niegue la palabra. El mismo equipo renombra este episodio como “la reunión del castigo”.

A los pocos días, mi inquietud va aumentando, a lo que se suma el insomnio. Finalmente, decido consultar con un médico psiquiatra, quien me prescribe reposo laboral. Le comunico a mi jefatura sobre esta licencia médica y le explico, que por ahora, no me encuentro en condiciones de responder a su demanda.

Dos semanas después y estando aún con reposo laboral, fui notificada por la COMPIN, dado que mi empleador apeló a la causal “irrecuperabilidad de salud funcionario público”. Dicha causal, permite declarar vacante un puesto de trabajo público o municipal cuando se han presentado en un período de 2 años, más de 180 días de licencia médica de manera continua o discontinua.

Mi jefatura valiéndose de mi historial de licencias médicas del año 2019, pudo hacer un uso doloso de esta causal. Año, en que mi madre enfermó de cáncer de mama, que derivó en metástasis cerebral y en su fallecimiento. Cabe señalar que durante el 2019, existía una jefatura distinta, muy distinta la verdad, que comprendió lo que estaba viviendo y con la que nunca tuve problemas.

Con esta notificación, mi estado de salud se fragilizó ¿Por qué ahora, después de un año y medio, mi jefatura considera mi salud irrecuperable? Al parecer, no se admiten grietas, la jefatura se posiciona desde un lugar de potencia, donde no hay espacio para diferir, sentirse cansado o apenado. Parece que no hay mucho lugar para ser otro.

Con este acto, también se reabrió mi pérdida más dolorosa y el daño provino desde mi lugar de trabajo. Paradójicamente, un espacio de resguardo para la salud mental. Es que acaso ¿una experiencia vital, como la muerte de un ser querido, te inhabilita profesionalmente? Claramente, el duelo es un proceso y necesita su tiempo, ¿pero hablamos de una condición irrecuperable? Como si no fuera suficiente con el hecho en sí, la institución asume una postura discriminatoria y revictimizante.

Aclaro, que no soy psicóloga de palo, aludiendo al refrán “en casa de herrero cuchillo de palo”, es decir, he vivido mi duelo con acompañamiento terapéutico y una vez que mi psiquiatra me dio de alta, en 2020 me integré activamente al trabajo.

La desmentida de las Enfermedades Profesionales en Chile

Dado que mi padecer es de origen laboral, mi psiquiatra decide derivarme a la Asociación Chilena de Seguridad (Achs). Y pese a presentarme con exámenes médicos y psicológicos, que dan cuenta de indicadores de hostigamiento laboral sostenido en el tiempo, el llamado “Comité Calificador”, que nunca habló directamente conmigo, concluyó que mi afectación actual no tenía relación alguna con mi trabajo (decisión que por suerte hoy en día se encuentran revisando).

Lo que no parece extraño en un país que comprende las Enfermedades Profesionales (EP) desde una ley que data de 1968 (53 años atrás) y que durante el año 2015, acogió como Enfermedad Profesional el 0,13% de un total de 4.820.954 cotizantes al seguro de la Ley 16.744 (sin incluir al ISL). Esto equivale a decir, que aproximadamente de cada 1.000 trabajadores, encontraremos un nuevo caso de Enfermedad Profesional diagnosticado[1].

De igual modo, las patologías de Salud Mental, ocupan el segundo lugar de enfermedades profesionales en Chile, y debido a la burocracia y el estigma que recae sobre los trabajadores que aluden a este tipo de problemáticas, resultan las más difíciles de constatar.

Desmentir las violencias del sistema

¿Cómo hacerse cargo de la salud mental de otros/as en estas condiciones? ¿Cómo cuidar de otros/as cuando la misma institución está enferma y actúa de manera deshumanizada?

Finalmente, y como suele suceder, estas violencias repercuten en los más vulnerados, que ven interrumpidos sus tratamientos y son los tristes testigos de la rotación de sus terapeutas. Se trata del chorreo de la violencia en un sistema tremendamente desigual.

El psicoanalista Matías Marchant (2014) refiere que la vulnerabilidad es una situación o bien una condición que no solo señala la situación de precariedad y desventaja de alguna clase de personas –normalmente las clases más desfavorecidas económicamente- sino que es al mismo tiempo una condición para el vínculo ético.

Me parece significativo hacer un alto y reflexionar sobre este punto: ¿Qué pasa con la ética de nuestra vida cotidiana? Probablemente las instituciones aquí referidas, podrán argumentar que han actuado dentro del marco de la ley, pero ¿Se sostiene una condición para el vínculo ético con sus trabajadores y pacientes? ¿Es posible sostener un trabajo en salud mental desde lógicas que reniegan la fragilidad humana?

Iniciar y persistir en la defensa de derechos laborales y de salud mental, es sumamente complejo. Pareciera que todo el sistema está diseñado para desmentir e individualizar estas problemáticas, aislando y poniendo en duda, a las personas que ven comprometido su bienestar subjetivo por razones laborales. Además, los organismos que deberían brindar apoyo a los trabajadores, más bien replican la violencia.

En este panorama de confusión y desesperanza, donde quienes ejercen las violencias no se responsabilizan por su actuar, donde abundan los testigos silenciosos y la víctima queda en el lugar del “trabajador/a problemático”, es posible comprender la desesperación de las mujeres que lamentablemente se han quitado la vida por el acoso laboral en el último tiempo.

Lamentablemente, en nuestro país tener la posibilidad de acceder a un tratamiento de salud mental particular es un privilegio. Las terapias son costosas, la oferta de Fonasa limitada y el reembolso de las Isapres, sencillamente un mal chiste.

El cuadro de la (des)Salud Mental, se completa con los profesionales que tenemos el deseo de trabajar en salud pública, pero que debemos lidiar con todo tipo de precariedades, sobrecargas y violencias.

[1] Hauva (2016, p. 3).

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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