BRAGA
“¿Cuál es la playa para los delincuentes? La cárcel”, decía el excandidato Joaquín Lavín en el último debate de cara a las primarias, mientras mostraba la foto de una celda de lujo desbaratada hace más de un año en Colina 2. Durante su intervención propuso terminar, también, entre otras cosas, con las visitas íntimas. Sin embargo, la playa del imaginario de Lavín dista bastante de la realidad carcelaria.
“Hace un año que estoy libre después de cinco encerrada. Ahí no me tocó visita conyugal, pero a mis compañeras sí. Yo limpiaba el espacio: había un cuadrado que dividían en paneles armando como piezas, los camaros po’. Se escuchaba todo, todos los ruidos, por todas partes. Súmale a eso la fila enorme afuera, todas las chicas con sus almohadas, con el bolso, la radio, las sábanas, haciendo fila desde las seis de la mañana para entrar a las dos de la tarde, sabiendo que con todo el ajetreo iban a ser como veinte minutos. Yo he hecho esa fila pa’ ver a mi marido. Te arreglái tanto y a esas alturas no te queda ni el boleto. Transpirada entera. Y más encima pa’ verlo debajo de una sábana… ¿Intimidad? Cero, nada nunca tuvimos intimidad”.
Patricia Alejandra Lagos (54) cumplió condena en el CCP de Temuco, en el CP de Valdivia, en el CPF de San Joaquín, Santiago y en el CP Valparaíso y, al igual que gran parte de las mujeres en Chile, jamás recibió visitas íntimas. Sin embargo, cuando Orlando Guzmán Ávila (60), su pareja desde hace 26 años, quien hoy se encuentra interno en la Cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, estuvo en la Ex Penitenciaría de Santiago y en el CCP de San Antonio, ella sí fue a verlo. Tenía 25 años y conoció, por primera vez, la sexualidad tras las rejas.
“En algunas ocasiones, en la cárcel de San Antonio, te digo, tuve visitas debajo de una mesa, tapada con un mantel largo. Yo como mujer no me gustaba (sic), me angustiaba porque no había nada de privacidad. Pero yo lo hacía porque, pucha, era mi marido”.
Según el informe del 2018 del INDH, el 11, 1% de las cárceles (según estadísticas de Gendarmería) no cuentan con habitaciones para visitas conyugales y en 14 de las 36 unidades penales estudiadas solo existe una dependencia destinada a las visitas íntimas. Además, “en siete de los recintos en que no fueron detectadas estas dependencias no hay programa de visitas íntimas ni habitaciones para ello. Pero existen los denominados “camaros”, que son tiendas o “instalaciones informales, precarias y temporales que los internos construyen (arman y desarman) en algunos espacios comunes de la unidad penal a fin de generar espacios de privacidad y en donde normalmente se encuentran con sus parejas”. Sin embargo, en algunos casos en que la infraestructura es mínima, como en el CP de Arica, las visitas íntimas se dan en las mismas celdas o, en el caso del CCP de Parral, no hay condiciones de privacidad adecuada ya que el módulo está en frente del lugar común de visitas.
En la actualidad las visitas íntimas en Chile están lejos de ser la playa que denunció Lavín, sino que, al contrario, estas no cumplen con los estándares mínimos establecidos por el Derecho Internacional de los DDHH, y en paralelo, las cifras de reincidencia no parecen mejorar. Por su parte -y lejos de la propuesta del ex alcalde de Las Condes- la Convención Interamericana de DDHH señala que el venusterio protege el derecho a la sexualidad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a una salud integral, así como el derecho a la reinserción social.
Pese a los avances en la materia durante los últimos años, Chile se encuentra aún a mitad de camino, y es que, para acceder a tener una visita conyugal, las personas internas deben cumplir una serie de requisitos. Estos son, normalmente, buena o muy buena conducta y acreditación de vínculo por medio de libreta de matrimonio, hijxs o entrevista con alguien de administración del penal. Aunque en algunas ocasiones las exigencias aumentan. Por ejemplo, en el CPF Antofagasta y en el CPD Taltal, según el informe del INDH, se pide autorización de un tribunal, mientras que en el CDP Cochrane, el CDP Ovalle y CCP Parral las personas en calidad de imputadas derechamente no pueden acceder. En algunos centros, por otro lado, no hay regulación expresa para parejas homosexuales y se solicitan exámenes de Enfermedades de Transmisión Sexual.
Si bien en el escenario latinoamericano la situación es similar, aun así grave. Entre los países analizados propuestos por el texto de Sánchez y Piñol (2015), se reconoce que “más de la mitad de las personas encuestadas declara no haber recibido visitas íntimas en los últimos 6 meses”. En este caso, agrega el documento, Chile encabeza la lista del país con más obstáculos de acceso.
Según la abogada penalista y coordinadora de la Red de Cabildos Penitenciarios, Natalina Subercaseaux Roa, el problema tiene un origen normativo. “Hay dos regulaciones contrapuestas: por un lado, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que busca plantear qué cosas se pueden o no hacer dentro de una cárcel y ese reglamento concibe las visitas conyugales como un derecho. Pero, a la vez y a la par, tenemos una Resolución Exenta n 434 de gendarmería, que dice que no es un derecho sino un beneficio, y en el fondo, ambas son del mismo rango legal (reglamentario)”.
La contradicción entre ambas normas tiene como resultado que la posibilidad de ejercer el derecho a tener visitas íntimas -y en espacios adecuados- dependa finalmente de la administración de cada penal. En ese sentido, varios expertos concluyen que las exigencias de cada recinto tienen una tónica de discriminación de género común, ya que, según las estadísticas nacionales, serían las mujeres las más perjudicadas. Durante el año 2014, de la población penal masculina, el 63,3% del total de los castigos fue la prohibición de visitas. En el mismo año, para la población penal femenina fue de un 83,4%. Subercaseaux señala que las visitas íntimas, al ser consideradas como beneficios, se usan contrario censu como un castigo. “Eso tiene que ver con que, en general, se considera que para la mujer es más importante, desde un enfoque, obviamente, muy basado en roles de género, la mantención de los vínculos. Entonces el castigo más de cajón para la mujer es quitarle el contacto con otros”.
Según los dichos del excandidato, la propuesta de terminar con teléfonos y visitas conyugales tiene por objetivo acabar con la delincuencia. Contrario a su tesis, estudios empíricos en sistemas penitenciarios del mundo han demostrado que facilitar este tipo de encuentros disminuye la violencia al interior de las prisiones y contribuye a la mantención de vínculos sociales para la reinserción.
Patricia Lagos reflexiona desde una casa en Valparaíso, junto a mujeres excarceladas y otras del colectivo Pájarx entre Púas sobre la sexualidad en los penales. “Las personas necesitamos esa parte humana, es el único minuto de intimidad, de emoción. Si nos quitan eso ya es demasiada la condena. Me dijeron que me iban a quitar la libertad, no que iba a perder el derecho a tener pareja o familia, a ser amada. Imagínate lo que es un matrimonio separado por rejas, se rompe el lazo. Si tú le quitas la intimidad, olvídate de ese matrimonio, de esa familia”.
Desde la academia, el equipo de Sociología UC, Santiago Julio, Catalina Carballeda y Diego Echaíz, advirtió en su texto “Sexualidad tras las rejas: el derecho a la visita íntima”, que “es altamente probable que un aumento en las visitas íntimas implique una disminución en la violencia sexual al interior de los centros penitenciarios”. Esta tesis se basa en un estudio aplicado a 50 estados de EEUU en el cual se demostró que la diferencia de casos de violencia sexual entre los penales que permiten visitas conyugales y aquellos que no era cuatro veces menor. (D`Alessio, S., Flexon, J., & Stolzenberg, J. (2013). The Effect of Conjugal Visitation on sexual Violence in Prison. American Journal of Criminal Justice.)
Las declaraciones del exalcalde de Las Condes encendieron alarmas en diversas organizaciones de la sociedad civil. María Jesús Fernández, directora ejecutiva RAC (Red de Acción Carcelaria) e integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, afirma que: “Hablar de las cárceles como playas solo evidencia, o un desconocimiento muy profundo del país que pretende gobernar y de uno de los sectores de mayor vulnerabilidad social y de sistemática violación de DDHH. O derechamente, una mala fe que espera aprovecharse de un sentimiento popular de inseguridad y profundizar un deseo de venganza más que de combatir la marginalidad que estamos creando con la cárcel y construir más comunidad, que es, la única forma de conseguir seguridad y paz social”. Subercaseaux lo califica como “populismo penal”: según ella, “no se trata de canalizar la sensación de venganza por parte de quienes han sido víctimas de delitos para infringir el mayor daño posible. Tenemos un Estado para eso, para garantizar justicia y que no se tome por las propias manos. En cambio, cuando las personas tienen más posibilidades de reinserción, disminuye la violencia dentro de las cárceles, la reincidencia y, por tanto, aumenta la seguridad. De modo que lo que dice Lavín va, no solo en contra de la regulación internacional, sino de la experiencia”.
*Nota de la autora: cuando se intentó contactar a Joaquín Lavín, ni su comando ni Juventud por Lavín quisieron ser entrevistados para este reportaje.
