Yo opino
La encuesta Chile Dice, recientemente publicada por la Universidad Alberto Hurtado y Criteria, cuyos resultados acerca de cómo ha afectado la pandemia COVID-19 a la sociedad chilena, expresa en una de sus dimensiones de investigación el preocupante deterioro de la vida familiar, particularmente en la dimensión de género. Y aquí ya tenemos un problema: la relación naturalizada de las mujeres con el cuidado familiar.
Según CEPAL y la ONU, se calcula en más 18 años el retroceso en la participación laboral de las mujeres como efecto de una constatación indiscutible: la pandemia ha agudizado las desigualdades de género. Las razones se deben al aumento en las tareas de cuidado al interior del hogar y a la disminución de oportunidades de trabajo fuera de éste, ya sea por la caída en áreas económicas feminizadas: actividades artísticas, de comercio y turismo, o como consecuencia de haberse visto obligadas a hacerse cargo de las labores domésticas.
[cita tipo=»destaque»] Si se se ha insistido en la importancia de las mujeres en la reproducción social y en la necesidad de reconocimiento de las responsabilidades que asumen en los cuidados domésticos, es porque necesitamos subrayar que lo privado se ha asociado a luchas “simbólicas” o “culturales”. [/cita]
Ello incrementa la brecha salarial entre hombres y mujeres, siendo éstas las más perjudicadas a largo plazo, porque se endeudan más, carecen de capacidad de ahorro y obtendrán una jubilación considerablemente más baja debido a sus lagunas previsionales. En definitiva; imprescindibles para la reproducción, pero invisibles para un reconocimiento remunerado de sus actividades de cuidado.
En Chile, la precarización de las vidas tiene rostro de mujer y hay varios elementos confluyentes. Primero, la precariedad laboral se expresa en un alto porcentaje de trabajadores/as en la informalidad – lo que equivale a más de dos millones de personas INE (2021). A lo que se suma, el impacto de los bajos salarios que presionan al endeudamiento en un contexto de gobernabilidad neoliberal que, al reducir al Estado en materia de protección social universal, presiona a las familias a solventar sus necesidades mediante el crédito y la deuda.
Cuando estudiamos la deuda desde el prisma de género, nos hallamos con que ésta se estructura en torno a la aceptación de “cualquier tipo de trabajo”, aunque se reconozca su inestabilidad y negación de derechos. Ello pasa particularmente en hogares monoparentales sostenidos por mujeres. La deuda funciona como apremio del cual hay que liberarse “porque hay que comer y pagar cuentas”. Y en tal sentido, los planes vitales se condicionan a futuro. Esta evidencia expone la ausencia de un Estado que proteja a las personas que experimentan más crudamente la desigualdad y, en particular, refuerza la desigualdad de género mediante una jerarquía de merecimientos en relación a la obligación de las mujeres según sus roles socialmente asignados (Cavallero y Gago, 2019).
En la investigación sobre la deuda desde una perspectiva feminista, Cavallero y Gago (2019), describen cómo el endeudamiento opera diferenciadamente sobre las mujeres; a) porque supone un modo particular de moralización al asociar la salida de las mujeres del hogar con abandono de deberes y el temor de éstas a descuidar a los hijos por sus carreras (Araujo y Martuccelli, 2012); b) porque las formas de explotación y relaciones de subordinación agudizan la desigualdad.
Ello en un contexto del aumento de mora promedio de las mujeres entre los años 2020-2021 (Informe Deuda Morosa USS-EQUIFAX, 2021), que agudiza la precarización en los hogares e hipoteca el bienestar de las familias; c) porque existiría una relación específica de la deuda con las tareas de reproducción y con el aumento de las violencias machistas. Para el caso de Chile, el factor económico se posiciona como determinante al analizar la violencia sexual, psicológica y física que sufren las mujeres. En estas tres tipologías, al dividir a la población socioeconómicamente, los grupos D y E son los que concentran los mayores porcentajes de dichas violencias, particularmente en mujeres jefas de hogar con educación obligatoria incompleta (Aedo y Barrientos, 2018).
La gubernamentalidad neoliberal basada en la división sexual del trabajo se sostiene en sistemas de cuidados injustos, caracterizados por la inexistencia de una responsabilidad social en proporcionar los necesarios. Ésta queda relegada a los hogares, fuera del ámbito público y subsumida en la dimensión de lo privado-doméstico; como a su vez, en la feminización de la responsabilidad sobre los cuidados, articulada por la naturalización de la capacidad de proteger como consustancial de las mujeres, constituyéndose el nexo entre cuidados y desigualdad. En tal sentido, se organiza un círculo de la desigualdad entre quienes requieren mayores cuidados y no pueden pagarlos y los/as que cuidan (que reciben poca o ninguna remuneración porque no se reconoce su función social). Al desatender y despolitizar el ámbito de la reproducción para centrar la mirada en la producción, se invisibiliza o absorbe la tensión con que el capital somete las vidas cotidianas de las mujeres.
Si se se ha insistido en la importancia de las mujeres en la reproducción social y en la necesidad de reconocimiento de las responsabilidades que asumen en los cuidados domésticos, es porque necesitamos subrayar que lo privado se ha asociado a luchas “simbólicas” o “culturales”, soslayando su carácter material y desconociendo que los hogares están atravesados por intercambios, servicios, trabajo y dinero. Por esta razón, el Estado y el movimiento de mujeres deberán seguir repolitizando el ámbito de los cuidados, por la sencilla razón que la máquina de producción neoliberal está siendo sostenida por espaldas de mujeres que, en medio de promesas rotas de igualdad de oportunidades, esconde la sacrificialidad de los derechos y proyectos futuros.
