BRAGA
Créditos: Foto de Agencia Uno y Rodnae en Pexels
La iniciativa, que fue ingresada en 2020 tras el suicidio del joven trans José Matías Guevara, busca proteger los derechos de infancias y adolescencias trans en los colegios. En este sentido, el proyecto propone sancionar a colegios que no intervengan en situaciones de acoso y que no cumplan con los protocolos legales correspondientes.
Este jueves, expusieron diversas organizaciones ante la Comisión de Educación de la Cámara con respecto al “Proyecto de ley que modifica Ley General de Educación y Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales”, que busca proteger y resguardar los derechos de infancias y adolescencias trans, entre otros factores relacionados con el acoso escolar.
En este sentido, autoridades educacionales que ejerzan o no intervengan ante hostigamientos en razón de la identidad, ya sea de manera psicológica o física, podría ser sancionado con lo que dicta el Código Penal en sus artículos 403 bis y siguientes.
Uno de los expositores fue el presidente de la Asociación de Apoderados FIDE, Ricardo Salinas, quien señaló que más normativas y cargar de más trabajo administrativo y de control satura a los equipos directivos y del colegio. “No por más normativa vamos a tener una rebaja de situaciones de bullying”, expresó. Junto a esto, destacó la necesidad de que participen los padres y apoderados.
Por otra parte, la jefa de la Unidad de Educación Transformativa de la Unesco, Mary Guinn Delaney, se mostró a favor del proyecto, alertando que en Chile, más del 70% de las y los estudiantes LGBTIQ+ se sienten inseguros en sus escuelas. El 94% escucha comentarios homofóbicos, el 62% sufre de violencia verbal e, incluso, un 28% violencia física. Frente a esta realidad, estimó que el proyecto presenta una medida “muy proactiva para terminar con este silencio y nombrar esta realidad”. Además, de poner a disposición de los establecimientos mecanismos para responder a las demandas de muchos niños, niñas y sus familias.
Tras las exposiciones, la diputada Emilia Schneider (PCS) señaló que este proyecto no colisiona con la ley de identidad de género. A su juicio, la propuesta busca valorar a la diversidad de familias, entregarles herramientas y educarlas para recuperar de la violencia a las comunidades educativas.
La diputada Helia Molina (PPD) también valoró la propuesta. Sin embargo, llamó la atención de la necesidad de incorporar a la primera infancia. A su juicio, enfocarse solo en el periodo escolar deja fuera la enseñanza pre escolar, una época clave para realizar una intervención exitosa.
Quienes manifestaron opiniones diversas al proyecto fueron el diputado Fernando Bórquez (UDI) y la diputada Sara Concha (IND). Ambos destacaron la necesidad de no limitar el proyecto a la identidad de género, sino también incluir otro tipo de discriminaciones.
Frente a esto, la diputada Daniela Serrano (PC) criticó que haya “quienes quieren cambiar el espíritu del proyecto”. “No mezclemos una cosa con la otra. No atender que tenemos suicidios de niñes trans es no atender a nuestra labor como legisladores y legisladoras” enfatizó.
A pesar de tales discrepancias, en una de las modificaciones del proyecto sí se incluyen sanciones por discriminaciones de otro tipo:
“Cuando el motivo de la agresión u hostigamiento hacia el estudiante se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género y la enfermedad o discapacidad, será sancionado conforme lo dispuesto en los artículos 403 bis y siguientes del Código Penal”, señala el informe.
Asimismo, se plantea añadir en el artículo 16 letra B, que al tener conocimiento de este tipo de acoso escolar, la institución escolar “deberá denunciar a los tribunales de familia en el plazo de tres días hábiles, y adoptar todas las medidas conforme a lo establecido en su reglamento interno, sin perjuicio de las denuncias penales que procedieran en su caso”.
De no cumplir con los protocolos establecidos, también podría ser penalizada. “Si las autoridades del establecimiento, teniendo conocimiento de acoso escolar, no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, o no denunciaren ante los Tribunales de Familia, serán sancionadas con multas de 20 a 50 unidades tributarias mensuales, las que podrán duplicarse en caso de reincidencia. Las sanciones que se impongan deberán fundarse en el procedimiento establecido en el artículo 50 de esta ley”.
Cabe recalcar que, la iniciativa fue ingresada en 2020, motivada por el suicidio de José Matías Guevara de 15 años, tras ser víctima de bullying en su colegio. En abril, el actual Gobierno le otorgó suma urgencia (15 días para su análisis) a la tramitación del proyecto.
