BRAGA
Créditos: Foto de Agencia Uno
Las dificultades para tener un lugar de residencia no solamente empeoran la calidad de vida de las personas por no tener un techo y la posibilidad de un día a día digno, sino que además profundizan situaciones de violencia que ponen en peligro especialmente a las mujeres. De hecho, hasta el 1 de mayo de 2022, ya ha habido más de 50 mil casos por violencia intrafamiliar. Según la académica UDP, especialista en trauma y psicoanálisis social, Guila Sosman, la falta de vivienda aumenta el riesgo de sufrir VIF, porque “los agresores tienen mucho más control de la situación, están más alertas, saben los movimientos de las personas sobre las cuales desean ejercer el poder”.
Nuestro país está atravesando una de las peores crisis de acceso a la vivienda en las últimas décadas. Somos testigos de las consecuencias económicas de la pandemia, hemos visto un alza histórica en los créditos hipotecarios, en el precio de los arriendos, todo lo cual ha resultado en que miles de familias tengan que vivir hacinadas, en campamentos o de allegadas.
En concreto, según un estudio realizado por la agrupación Déficit Cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, titulado “Déficit habitacional: ¿Cuántas familias necesitan una vivienda y en qué territorios?”, existe una carencia de 641.421 domicilios.
En este contexto, un problema que ya es grave en Chile se profundiza más: la violencia intrafamiliar (VIF). Según las Estadísticas Oficiales de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), durante 2021 hubo 144.832 casos policiales relacionados con VIF. Las mujeres víctimas fueron 109.440, y solo hubo 25.552 detenciones.
El panorama en 2022, si no se hace nada al respecto, se vislumbra similar, puesto que al 1 de mayo de este año ya ha habido 50.213 casos, de acuerdo a cifras de Carabineros. Un dato también preocupante es que 10 de los detenidos registran, entre ellos, un total de 133 reiteraciones por VIF.
Según la directora del Laboratorio Ciudad y Territorio (LCT) y académica de la Universidad Diego Portales, Elizabeth Wagemann, en conversación con El Mostrador Braga, la crisis de la vivienda es un problema global y hay varias razones que pueden ayudar a explicar este fenómeno.
Por un lado, el aumento de la población en zonas urbanas y, por ende, una mayor demanda por habitar en las ciudades, lo que afecta los precios de compra y de arriendo de vivienda. Y por otro, el aumento en el costo de la vida (inflación).
“Una de cada diez familias no tiene acceso a una vivienda adecuada (…). Sabemos que vivir en espacios que son reducidos y en malas condiciones puede tener diversos efectos en las personas”, explica.
En este sentido, explica la académica UDP y psicóloga especialista en trauma y psicoanálisis social, Guila Sosman, la experiencia demuestra que la crisis habitacional efectivamente es un factor de riesgo potente.
“Cuando estuvimos todos confinados en cuarentena, aumentaron las causas por VIF. Justamente, las dinámicas de violencia se pueden agudizar, porque en estos contextos los agresores tienen mucho más control de la situación, están más alertas, saben los movimientos de las personas sobre las cuales desean ejercer el poder”, indica.
Misma situación ocurre cuando no hay vivienda, se habita en una en malas condiciones o se está de allegado, porque el agresor tiene la posibilidad de ejercer más control, y la víctima tiene menos espacio y posibilidades de recurrir por ayuda.
Otro elemento importante destacado por Sosman, es que se necesita garantizar ciertas separaciones en los espacios, ya que estos ayudan a que se prevengan situaciones de violencia física, de género y/o sexual. “Las que están en más riesgos son niñas, mujeres, adultas mayores, al tener una proximidad física permanente en una familia donde puede haber una persona agresiva”, puntualiza.
Sosman considera que el Ministerio de la Mujer y la Equidad Género ha tenido avances en distintos ejes para la atención de víctimas, y ha capacitado más profesionales para poder, precisamente, atender este tipo de problemáticas. Sin embargo, “falta muchísimo, porque hay situaciones, por ejemplo, de dependencia emocional y económica, que dificultan propiciar que las mujeres puedan salir de la convivencia con sus agresores”.
Otra barrera tiene que ver con el trabajo, según la Cepal. Con la pandemia se generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en toda Latinoamérica.
De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, correspondientes al trimestre comprendido entre noviembre de 2021 y enero de 2022, las mujeres siguen participando menos que los hombres en el mercado laboral: 48,3% en el caso de ellas y en 69,6% en ellos, es decir, existe una brecha de 21,3 puntos porcentuales.
Esta situación “tampoco ayuda a salir de la convivencia con sus agresores”, recalca la académica UDP, agregando que es más complejo aún si son madres, porque no solamente necesitan trasladarse o buscar una residencia para ellas, sino que también para sus hijas e hijos.
“No siempre están de la mano soluciones tanto para la mujer como para su familia”, como consecuencia, muchas veces las víctimas no pueden tomar medidas para no dejar a sus hijas(os) conviviendo con un agresor. Si bien el Sename tiene una oferta de programas de atención, el sistema se halla colapsado.
Para poder combatir esta compleja situación, Wagemann recomienda una mirada amplia e interseccional, ya que no solamente basta con construir más casas o departamentos, sino que además se requiere la rehabilitación de viviendas, apoyos en arriendo, densificación de la urbe controlada, propiedad colectiva, barrios transitorios, entre otras herramientas.
“Otra cosa que es bien importante también incluir, es un enfoque integral de la vivienda, porque no solo se trata de la unidad habitacional, sino que también su contexto en el barrio y en la ciudad. Esto significa que el acceso debe incluir infraestructura, equipamientos, servicios, áreas verdes, entre otros”, detalla la experta.
Según Wagemann, muchas veces la creación de viviendas con enfoque social no va acompañada del acceso a otros beneficios de vivir en zonas urbanas (ciudades), como tener colegios cerca; o se han construido tan apartadas de los servicios básicos, que sus habitantes se ven obligadas a tener que viajar grandes distancias, porque –por ejemplo– no hay acceso a medios de transporte.
