Yo opino
Se podría pensar que junio es el mes de la inclusión de la población LGBTI+, pero pensarlo así es limitar el apoyo a un colectivo que requiere reconocimiento permanente. No basta organizar la voluntad en torno a una fecha específica, sino que tal conmemoración debe funcionar también como recordatorio de aquello que sigue pendiente para eliminar todo tipo de discriminación. Y en esta tarea participa una institución social clave: la educación.
Los cambios socioculturales en relación con la diversidad por orientación sexual, identidad y expresión de género son todavía ambivalentes. En el caso de los establecimientos educacionales se observan tanto avances como dificultades en el reconocimiento de todas las experiencias individuales. Frente a ello se observan al menos tres desafíos a enfrentar.
El primero, de índole político. De acuerdo con el informe de Educación 2020 de la Unesco se observa que, para el caso chileno, los avances legislativos y de política educativa de los últimos años no están suficientemente difundidos dentro del sistema. Con esto se hace referencia a la Ley de Inclusión del 2015 (que estipula la no discriminación arbitraria por razones de género y orientación sexual), las Orientaciones para la inclusión de personas LGBTI+ en el sistema educativo del 2016 o la más reciente Circular 0812 del 2021 de la Superintendencia de Educación, que explicita algunos alcances de la ley de identidad de género sobre el mundo escolar, especialmente frente a los procesos de acompañamiento de estudiantes trans mayores de 14 años que encuentren oposición de sus padres para el reconocimiento de su identidad de género.
[cita tipo=»destaque»] Urge socializar las normas de inclusión actualmente vigentes, con el fin de comprometer a los estudiantes en el ejercicio de sus derechos, que a veces pueden ser desconocidos [/cita]
Todo lo anterior supone un desafío de gobernanza, en ausencia de un organismo preocupado permanentemente de estos temas a nivel educacional. Muchas veces esta función se delega en organizaciones de la sociedad civil, entes que en la práctica canalizan denuncias y realizan estudios con el fin de cautelar ciertos derechos del colectivo, tal como lo muestra un reciente informe del Poder Judicial del 2022. En el caso de las escuelas, dichas asociaciones suplen además una necesidad de formación que el Estado no provee a las comunidades escolares, tanto para prevenir como para resolver situaciones de violencia escolar hacia estudiantes LGBTI+.
Esto se liga a un segundo desafío, que es de orden material. Hoy, las comunidades escolares deben generar su propio material, contratar profesionales o acudir a las ya mencionadas organizaciones, con las consiguientes asimetrías que se pueden producir entre escuelas en virtud de sus recursos financieros y su localización geográfica. Esto supone la necesidad de proyectar redes de apoyo escolar, con presencia en los distintos territorios, que asesoren a las escuelas en estas temáticas y cuenten con servicios de acogida, apoyo y formación para familias y estudiantes LGTBI+. Asimismo, urge socializar las normas de inclusión actualmente vigentes, con el fin de comprometer a los estudiantes en el ejercicio de sus derechos, que a veces pueden ser desconocidos, como también favorecer la participación de los padres en la defensa de tales garantías.
Y es aquí donde aparece el tercer desafío, de tipo cultural. Tal como lo muestran investigaciones recientes, las escuelas necesitan sobrepasar lo únicamente reglamentario para incorporar también una nueva mirada sobre su currículo. Se requieren orientaciones más explícitas que propicien la incorporación de una perspectiva de la diversidad sexual y de género en la enseñanza, pues esta es todavía incipiente y depende más bien de la voluntad de ciertos actores. Más allá de actualizar la educación sexual vigente, necesaria para visibilizar la enorme variabilidad de identidades en las escuelas, incorporar formas de representación en planes de lectura o enseñanza de la historia, por nombrar solo dos iniciativas, permitirían una mayor justicia educativa.
Lo anterior supone una estrategia de formación para toda la comunidad educativa, que considere contenidos mínimos en sexualidad y género, toda vez que se constata la permanencia de ciertos estereotipos sexistas y maneras de violencia simbólica hacia los estudiantes LGBTI+. Comprender como dichos fenómenos están asociados a normas que se reproducen cotidianamente en las escuelas, muchas veces de modo irreflexivo, mejoraría los resultados de iniciativas de inclusión ya existentes, pero aun insuficientes.
Todas estas distinciones son relevantes en la conformación de la juventud escolar actual, pero también futura. La inclusión educativa de la población LGTBI+, supone el resguardo de sus derechos humanos en las escuelas, algo que se garantiza con una visibilidad permanente y no únicamente conmemorativa. Sobre todo, cuando las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género requieren acciones comunes y específicas que permitan lograr lo que este mes propone para el año entero: que cada persona pueda construir una imagen orgullosa de sí.
* El autor, Pablo Astudillo Lizama, de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado es coinvestigador en los proyectos Fondecyt Regular: “Parejas del mismo sexo, luchas públicas y privadas” y “Políticas de género y diversidad sexual en la escuela: traducciones de los actores escolares en los inicios de una agenda sobre justicia social de reconocimiento en Chile».
