Yo opino
Créditos: Agencia Uno
A más de un año de la promulgación de la ley 21.371, para el acompañamiento integral de las personas en duelo gestacional y perinatal (más conocida como Ley Dominga), es menester analizar sus avances en cuanto a la aplicabilidad por parte de los prestadores de salud, quienes suelen ser los principales involucrados en su implementación.
Si de mirar el vaso medio lleno se trata, es satisfactorio saber que existe una ley que viene a resguardar derechos trascendentales de acompañamiento y trato digno en situaciones tan dolorosas y vulnerables como es el duelo frente a una pérdida gestacional o perinatal. No obstante, y ya mirando el vaso desde la otra perspectiva, la existencia de un protocolo no garantiza su cumplimiento, y el asegurar que los aspectos incluidos en la ley tengan lugar en el cotidiano de los equipos de la red de salud, tanto públicos como privados, depende de muchos más algoritmos que el haberlo estipulado en un escrito.
[cita tipo=»destaque»] Es atractivo escuchar hablar de nuevas leyes que se promulgan y que en el imaginario nos hace pensar en un mundo mejor, sin embargo, igual o más importante debería ser la preocupación y ocupación por conocer cómo se están llevando a cabo cada una de las garantías contempladas. [/cita]
La falta de monitorización y seguimiento a la puesta en marcha de esta ley, así como ha ocurrido con otras, es a mi parecer la principal y más grave falencia que impide el cumplir con estándares que lleven a resultados exitosos y sostenibles en el tiempo. Es atractivo escuchar hablar de nuevas leyes que se promulgan y que en el imaginario nos hace pensar en un mundo mejor, sin embargo, igual o más importante debería ser la preocupación y ocupación por conocer cómo se están llevando a cabo cada una de las garantías contempladas. En este sentido, se observa que la sensibilización, difusión y bajada técnica de la norma en los equipos de salud es muy necesaria pero insuficiente, y que a su vez se vuelve urgente que los centros de salud cuenten con las condiciones necesarias para ir en coherencia con lo propuesto en la norma técnica, pero ¿cómo se logra esto sin recursos asociados?¿cómo se espera que los centros de salud mejoren su infraestructura y cuenten con salas aisladas para que las madres y familiares que han sufrido la pérdida de su hija o hijo no tengan contacto con recién nacidos? ¿será factible la asistencia inmediata y el seguimiento por el equipo multidisciplinario (matrona, psicólogo y psiquiatra) si el presupuesto para la contratación de recurso humano es precario?
Es posible distinguir que, dentro de los aspectos descritos en la ley, hay algunos más viables que otros al depender en gran medida del profesionalismo del personal a cargo, como lo puede ser el brindar información adecuada o mostrar un trato respetuoso y empático frente al duelo. En cambio, hay otras consideraciones sujetas a determinantes estructurales, e incluso culturales, que hacen desafiante su consecución y es, sobre estas últimas, en las que se debe transparentar el cómo se están abordando y maximizar la entrega de recursos que hagan realidad una implementación integral de esta ley, que reconforte en alguna medida la compleja experiencia de madres, padres y familiares que atraviesan este proceso.
Como vemos, queda por delante el tránsito de un largo camino para que las familias puedan tener un duelo gestacional y perinatal en el marco de los derechos contemplados en la ley, y en este recorrido, se torna imperioso contar con un proceso de evaluación continuo donde las personas del equipo de salud sean involucradas activamente facilitando así la incorporación, adaptación y ejecución de los cambios que llevarán a una etapa de mejora de esta ley.
