BRAGA
El documento tiene como objetivo estandarizar el proceso de supervisión de la Ley 21.030 para las instituciones públicas y privadas. Además de entregar recomendaciones para las entidades encargadas de fiscalizar la legislación en los establecimientos de salud.
Las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezaron el lanzamiento del Manual de Fiscalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dirigido a profesionales de las Seremis y de la Superintendencia de Salud, para observar el correcto funcionamiento de esta norma.
El objetivo del manual, es estandarizar el proceso de supervisión de la Ley 21.030 para las instituciones públicas y privadas, entregando una pauta técnica para evaluar el cumplimiento de los cuerpos normativos de la legislación, basado principalmente en las funciones de la red asistencial, nivel de atención, entrega de información, consentimiento informado y aplicación de las causales.
“Este lanzamiento es un avance para que se garanticen los derechos de las mujeres, ya que busca hacerse cargo e identificar las falencias que ha presentado la implementación de esta Ley. Las mujeres y personas gestantes deben volver a estar en el centro y dejar de encontrar obstáculos para acceder a algo que debe estar garantizado’’, dice la directora ejecutiva de Aprofa, Débora Solís.
Adicionalmente, el documento entrega recomendaciones para la implementación de la visita en terreno y elementos críticos que el o la profesional de la Seremi de Salud y eventualmente de la Superintendencia del ramo, en su rol fiscalizador, debe considerar.
Cabe señalar que a cinco años de promulgada la ley, cuatro de cada 10 médicos obstetras en hospitales públicos son objetores de conciencia en causal de violación, lo que corresponde a un 43% de la red.
Además, según cifras de organizaciones civiles, al implementar la ley se proyectaban 3.000 casos anuales, sin embargo, se han realizado 3.300 intervenciones entre 2018 y 2022, lo que es decidor y podría traducirse en que los procedimientos se siguen desarrollando en la clandestinidad.
‘‘El personal de salud tiene que contar con las competencias que permitan apoyar y respetar la voluntad, tanto de continuar con el embarazo como de interrumpirlo en las causales que estén acreditadas, a pesar de sus creencias y decisiones personales”, asegura Solís.
