BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Mediante una carta dirigida al Servicio Nacional de Migraciones, se solicita que las mujeres que hayan sido víctimas y sobrevivientes de violencia puedan acceder a la regularización a través de una validación entregada por el SernamEG. Actualmente, el visado se otorga a quienes son acreditadas por instituciones que requieren una denuncia.
Durante esta mañana, una carta fue entregada al director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, para solicitar la regularización migratoria de mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de violencia de género, independientemente si hayan presentado una denuncia o no.
La misiva, presentada por organizaciones civiles, personas ligadas a la academia e independientes, busca que se requiera únicamente una validación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), para así otorgar la regularización.
Actualmente, el visado temporal por razones humanitarias para quienes han sufrido violencia intrafamiliar o de género, exige una acreditación ante tribunales de familia, el Ministerio Público o un tribunal penal que tramite la respectiva causa judicial, lo que hace necesario que se haya presentado una denuncia.
«Como es de público conocimiento, no todas las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género se atreven a presentar una denuncia respecto de su agresor o agresores, precisamente por el temor que ello les causa en atención a la misma violencia ejercida en su contra», señala la carta.
Según explican las y los firmantes, que las mujeres tengan acceso a regularización migratoria resulta crucial para que puedan desarrollar su autonomía y prevenir más situaciones de violencia de género.
“Por ejemplo, poder trabajar regularmente y tener independencia económica; poder tener un visado como titular y no como dependiente del agresor; acceder a servicios básicos y prestaciones del Estado asociadas solo a la residencia regular, lo que le permite salir del lugar donde vive la violencia, entre otras cuestiones», dice la misiva.
La petición se funda principalmente en diversos compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile. Por ejemplo: la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
‘‘Reconocemos que las mujeres y los niños son especialmente vulnerables durante el viaje del país de origen al país de llegada y adoptaremos medidas para encarar esas vulnerabilidades. Las mujeres y los niños pueden verse expuestos a la discriminación y la explotación, así como al abuso sexual y los malos tratos físicos y psicológicos, la violencia, la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud’’, subraya la Declaración de Nueva York.
En la misma línea, las organizaciones señalan que el cambio de criterio para la regularización migratoria es posible a través de modificaciones al Decreto 177 de 2022, o bien vía un acto administrativo simple, sin necesidad de un cambio legislativo. ‘‘Le proponemos que esta autoridad tome las medidas necesarias para resguardar el correcto cumplimiento de las obligaciones internacionales’’, dice el documento.
El texto fue liderado por la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas; la representante de la Brigada Migrante Feminista, Jennifer Piña; la vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Lorena Zambrano, miembro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes; y la directora de la ONG Marq’ay, Maria Rocio Menanteux.
También lo firmaron una serie de personas del mundo académico y de otras organizaciones, como el Movimiento Acción Migrante, el Servicio Jesuita de Migrantes, Observatorio Ciudadano, la Comisión Ética contra la Tortura y otras.
Lee la carta completa aquí.
