BRAGA
Las internas denunciaron que debieron utilizar tarros y baldes como baños, lo que, sumado a la ola de frío, generó infecciones urinarias y cuadros de enfermedades respiratorias.
Un reciente informe emitido el 22 de mayo por la fiscal judicial de la Corte de San Miguel, Carla Troncoso, reveló las graves condiciones de insalubridad y abandono en la Unidad de Alta Seguridad del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, conocida como la cárcel de San Joaquín. Este informe surge tras la inspección programada que Troncoso realizó luego del traslado de 58 internas desde la cárcel de San Miguel.
Según el informe, al que tuvo acceso el medio La Tercera, el traslado se efectuó sin verificar la disponibilidad de espacio adecuado para las internas, quienes, a pesar de su mínima o baja peligrosidad, fueron ubicadas en la sección de Alta Seguridad. El informe detalla que “la sección no se encontraba en condiciones de habitabilidad mínima”, destacando problemas como fosas sépticas obstruidas, baños quebrados y sin grifería, falta de agua caliente, y celdas sin aislamiento contra el frío y la lluvia. Además, la fiscal destacó el evidente estado de abandono y desuso del lugar.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó a El Mostrador Braga que “a nosotros formalmente aún no nos llega el informe de la fiscal, porque ese es un informe que emitió la fiscal para el juez presidente del Juzgado de Garantía de Santiago (…). En cuanto tuve conocimiento del informe, le instruí al director de Gendarmería, primero, que revisara los aspectos que se señalan en el informe; segundo, que tomara las medidas para que las condiciones de habitabilidad sean las adecuadas. Y tercero, le señalé que yo voy a ir a visitar personalmente este módulo de San Joaquín para ver que las medidas que se están tomando sean las correctas y permitan que las mujeres que están ahí puedan tener las condiciones de habitabilidad necesarias para llevar adelante su medida cautelar”.
La fiscal Troncoso también denunció que las reclusas no pudieron trasladar sus pertenencias básicas, ingresando “literalmente con lo puesto” y sin ropa de abrigo o complementos para sus camas. Durante las horas de encierro, las internas debieron utilizar tarros y baldes como baños, lo que, junto con la reciente ola de frío, provocó que “casi todas presentaron cuadros de enfermedades respiratorias e infecciones urinarias”.
Las internas manifestaron su molestia por el trato indigno y denunciaron la apropiación indebida y hurto de sus pertenencias. Según el informe, cuando se les notificó el traslado, recibieron respuestas contradictorias sobre el destino de sus bienes, sin que se les autorizara el retiro por terceros o la donación a otras internas. Las reclusas sospechan que fueron seleccionadas para el traslado debido a su baja peligrosidad y “docilidad”.
La Dirección Regional de Control Penitenciario justificó el traslado como una medida de descongestión del penal de San Miguel. No obstante, la fiscal Troncoso destacó que las internas no han sido asistidas ni oídas sus quejas por el tribunal que controla su prisión preventiva, situación que se agrava en el caso de las reclusas extranjeras.
Al respecto, el subsecretario confirmó que estuvieron de acuerdo con el traslado de las internas, “debido a que desde el año 2022 a la fecha, en San Miguel -que es un centro penitenciario exclusivamente para mujeres imputadas, es decir, que se encuentran en prisión preventiva-, se ha duplicado el número de mujeres en esa cárcel. El 2022 había 481 mujeres, y la cárcel tenía una capacidad para 768. Sin embargo, en marzo de 2024, teníamos 886, prácticamente el doble de las que teníamos en 2022, superando la capacidad del recinto”.
Desde la Subsecretaría pidieron a Gendarmería iniciar un Plan de Descongestionamiento de la cárcel de San Miguel, y se propuso el traslado al Centro Penitenciario de San Joaquín, ya que se habían realizado un conjunto de obras que permitía que este recinto no estuviera al 100% de su capacidad. “Lo que tenemos que ver ahora, es si el traslado se hizo considerando que el recinto tuviera las condiciones de habitabilidad mínimas, y de no ser así, tendremos que tomar medidas y perseguir responsabilidades”, afirmó el subsecretario Gajardo.
En respuesta a esta situación, la fiscal remitió una denuncia colectiva y solicitó audiencias urgentes para revisar las quejas y problemas derivados del traslado. Estas incluyen la posible apropiación indebida de pertenencias y la necesidad de permitir el ingreso de medicamentos o alimentos especiales. Además, instó a la Defensoría Penal Pública a cumplir con su obligación de asistencia hacia estas internas, señalando un abandono en la obligación de entrevistas.
Al respecto, el subsecretario afirmó que desde Gendarmería existen controles internos, y un sub departamento de reinserción social que, a su vez, tiene un departamento de derechos humanos al interior, que se preocupa de las condiciones de habitabilidad de los y las internas. “Ahora bien, nuestro sistema penitenciario tiene múltiples observadores externos, desde el Ministerio de Justicia y en particular la Subsecretaría, estamos permanentemente observando que se cumplan con las condiciones que establece la ley, los reglamentos y las instrucciones que nos dan otro órgano respecto a las condiciones de habitabilidad de los internos”, aseguró. Debido a ello, enfatiza en la necesidad de recibir formalmente el informe de la Fiscalía, para revisar en detalle los puntos señalados.
“Además, Gendarmería, por ley, tiene una supervigilancia de parte de los fiscales judiciales, los jueces de garantía, el Instituto Nacional de Derecho Humano, el Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura, en algunos casos, por ejemplo, como es en el caso de San Joaquín, la Defensoría de la Niñez. Es decir, es un sistema ampliamente observado y fiscalizado, por lo que, cada vez que se detectan este tipo de situaciones, nosotros tomamos las medidas para subsanar los problemas, y además, perseguir la responsabilidad interna en caso de que la hubiera”, concluyó el subsecretario.
