BRAGA
Este 25 de noviembre nos encuentra en un momento sociopolítico complejo e importante en la historia de Chile.
Estamos en otro 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día es una invitación a que las mujeres y la comunidad en su conjunto visibilicen y denuncien las violencias que a diario se viven, tanto en el espacio público como privado y, para que los Estados se comprometan con el avance de políticas públicas que garanticen la equidad de género y erradicación de las diferentes manifestaciones de violencia hacia la mujer.
En este sentido, es necesario un conocimiento compartido de todas las manifestaciones de violencia contra la Mujer, reconocerlas, nombrarlas y darle palabra a la experiencia.
Un avance fundamental en materia de políticas públicas para abordar la injusticia de género es reconocer el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, realizado principalmente por mujeres.
La propuesta de nueva constitución que se vota el próximo 17 de diciembre recoge este tema en su artículo 13, donde “reconoce el valor social de los cuidados para el desarrollo de la vida en familia y sociedad.
El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. [Y] …deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad”. Pero, nos preguntamos ¿Es suficiente reconocer el valor social de los cuidados? Nos parece que no. Y sabemos que el lenguaje crea realidades, y verbos cómo “promover” no aseguran ni garantizan.
Si pensamos al Estado en términos simbólicos, como una especie de útero que provee de cobijo y protección a sus ciudadanas y ciudadanos, no basta con reconocer el valor social de los cuidados, si no reconocer a éstos como un trabajo fundamental para el sostén de la vida y valorar la contribución que estos hacen a la economía de nuestro país. Según el estudio realizado por Comunidad Mujer en 2021, este aporte representaría un 25% del producto interno bruto (PIB) del país.
Nos preguntamos entonces ¿Qué cabida tienen las personas que cuidan, particularmente las madres, en esta nueva propuesta constituyente? Creemos que la conciliación es una responsabilidad social, pero aún existen desafíos y estereotipos de género arraigados que dificultan su plena consciencia e implementación.
Hay avances en la participación de los padres en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas, pero todavía queda trabajo por hacer para lograr una verdadera equidad en la crianza. Sobre todo, porque el ámbito laboral no favorece el ejercicio de la maternidad ni la paternidad, sobrecargando a las mujeres en estas labores de cuidado.
Este 25 de noviembre nos encuentra en un momento sociopolítico complejo e importante en la historia de Chile. Como ciudadanas, mujeres y madres tenemos el deber ético de informarnos porque nuestro voto es una forma de alzar la voz con respecto al tipo de Estado que merecemos.
Nosotras creemos que merecemos un estado que nos dé cobijo y protección. Que nuestros derechos ganados no se vean amenazados ni que retrocedamos respecto a la perspectiva de género. Que aquellas que decidimos ser madres podamos gozar de salud mental para gestar y criar, en un modelo de sistema que considere la corresponsabilidad como base de la sociedad y que garantice que los cuidados sean reconocidos como trabajo remunerado, que asegure sustento y una pensión digna.
Respecto a la salud mental, como país estamos en deuda y el nuevo texto no explicita garantías de acceso ni calidad. Sabemos que la falta de acceso a salud mental contribuye al círculo de la violencia hacia las mujeres de diferentes maneras. Por un lado, las mujeres que experimentan problemas de salud mental pueden estar más expuestas a situaciones de violencia o ser más vulnerables a ella. Y por otro, la violencia puede tener un impacto negativo en la salud mental de las mujeres, creando este ciclo perjudicial. Es importante y urgente abordar tanto la falta de acceso a salud mental, como la violencia de género para promover el bienestar y la seguridad de las mujeres.
Y en el ámbito de la salud mental perinatal necesitamos instalar programas específicos y de acceso universal que acompañen a las mujeres, los bebés y sus familias para la promoción, prevención y tratamiento en este período sensible y crítico y, que además, es la base de la sociedad futura. Acompañar efectivamente en este momento vital, previene la violencia estructural que impacta a las familias y luego se perpetúa, bajo diferentes formas, en nuestra sociedad. Cuidar la salud de las madres y las infancias es cuidar el futuro. No hay salud, sin salud mental. Y no hay salud mental, sin salud mental perinatal.
