BRAGA
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Uno de los aspectos relevantes de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres es que reconoce la violencia gineco-obstétrica, la cual ha estado invisibilizada y normalizada. Es necesario combatir esta forma de violencia para proteger la salud y los derechos de las mujeres.
La reciente aprobación del proyecto de Ley integral de protección contra la violencia de género por parte de la Cámara de Diputados marca un hito histórico en nuestro país. Esta ley, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, representa un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es el reconocimiento de los distintos tipos de violencia de género, incluyendo la violencia gineco-obstétrica. Esta forma de violencia, que se define como todo maltrato o agresión que ocurre en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ha sido históricamente invisibilizada y normalizada.
Las cifras sobre la violencia gineco-obstétrica en Chile son alarmantes. Un estudio de Cárdenas (2022) revela que el 79,3% de las mujeres cree haber experimentado alguna forma de violencia obstétrica, mientras que el 67% ha sufrido violencia ginecológica. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar este problema desde una perspectiva integral, que incluya la prevención, la sanción y la reparación del daño.
Las consecuencias de la violencia gineco-obstétrica no solo son físicas, sino que también impactan en la salud mental y emocional de las mujeres, así como en sus relaciones familiares y sociales. Sadler (2016) señala que esta forma de violencia puede generar sentimientos de culpa, vergüenza, miedo y desconfianza, además de afectar la autoestima y el autoconcepto de las mujeres.
Como profesionales de la salud y académicas tenemos la responsabilidad de formar a futuros profesionales de la salud con un enfoque basado en los derechos humanos y sin discriminación. Nuestro propósito debe ser que estos adquieran las competencias necesarias para asegurar una atención de cuidados respetuosos y de calidad, tanto en salud reproductiva como no reproductiva. Esto implica, entre otras cosas, respetar la autonomía de las mujeres, brindar información completa y veraz, y ofrecer un trato digno y libre de discriminación.
Asimismo, es fundamental promover el conocimiento y la denuncia de la violencia gineco-obstétrica. Es necesario que las mujeres sepan que no están solas y que existen mecanismos para defender sus derechos, como la Ley de derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud (N.º 20.584), la Ley Dominga (Ley 21.371), la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley 21.030), entre otras.
La aprobación del proyecto de Ley integral de protección contra la violencia de género representa un paso fundamental en la lucha por la igualdad de género. Es necesario que todos los sectores de la sociedad se comprometan con la erradicación de la violencia gineco-obstétrica.
En este sentido, es de suma importancia el avance en la tramitación del proyecto de Ley Adriana, cuyo propósito es el reconocimiento de derechos en el ámbito de gestación. A su vez, surge la necesidad de que se implementen políticas públicas efectivas para garantizar el derecho de las mujeres a una salud sexual y reproductiva libre de violencia.
