Opinión
Estamos ad-portas de transformar los mecanismos, facultades y ámbitos de acción de nuestra institucionalidad patrimonial y cultural. Evidentemente, dicho cambio no se produce por la simple decisión de desechar aquello que parece obsoleto por algo evidentemente más nuevo. La discusión, reflexión y diálogo entre los diferentes actores- a quienes se consultó- no ha estado exenta de complejidades, pero lo más relevante ha sido la búsqueda de consensos y la conciencia de estar aportando nuevos puntos de vista que sirvan como insumo para ser incorporado de modo progresivo a la estructura de la propuesta del cuerpo normativo legal.
Es muy importante que como país, estemos conscientes de que el patrimonio ha dejado de ser concebido sólo como un conjunto de elementos de valor artístico, histórico y cultural que debe ser protegido y conservado. Actualmente, la ciudadanía concibe al patrimonio como aquello que lo identifica y representa, que es vivo y dinámico en sus tradiciones y expresiones, motivo de orgullo nacional, y que por lo tanto, requiere ser salvaguardado, ya que nos permite reconocernos en toda nuestra diversidad y pluriculturalidad.
La ciudadanía – organizaciones sociales, fundaciones, vecinos, gremios de trabajadores, servicios públicos, academia y pueblos originarios- cumplen en este sentido un rol protagónico y clave al reconocer y valorar sus manifestaciones culturales, porque con ello, las transforma en un referente de nuestra identidad, generando lo que se denomina la apropiación social del patrimonio. Por tanto, el patrimonio está vinculado con el territorio y con la comunidad que lo reconoce, habita, recorre o celebra y es ésta quien le otorga significación.
Desde el Consejo de la Cultura y las Artes, una de las iniciativas en materia de política pública más relevante, es la creación del Fondo del Patrimonio que desde el año 2010 busca apoyar la recuperación, restauración y valoración de inmuebles patrimoniales dañados tanto por el paso del tiempo como por distintos eventos naturales, antrópicos, y/o que se encuentran en estado de desuso funcional. Hasta la fecha ha logrado financiar 162 proyectos con un aporte total de $13.497.159.598.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con la entrada en vigencia de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial desde el año 2009, ha velado por su implementación, a través de acciones de registro, investigación y medidas que apoyen la transmisión de manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial.
Con la creación el año 2014 de un Departamento de Patrimonio, la institución se ha articulado interinstitucionalmente con aquellos servicios que tienen como función principal el trabajo y resguardo de nuestro patrimonio nacional. Es así, que se ha incorporado activamente al trabajo en la gestión del patrimonio local en cada uno de los territorios del país, aportando a través de la realización de coloquios regionales con el objetivo de recoger diferentes visiones sobre el concepto de patrimonio, para otorgar los cimientos a la construcción de una legislación en materia patrimonial.
En este sentido, el Estado ha logrado visualizar las crecientes demandas y falencias que el actual sistema de políticas públicas posee, para atender los diversos problemas que se presentan a la hora de valorar y proteger nuestro patrimonio.
Estamos ad-portas de transformar los mecanismos, facultades y ámbitos de acción de nuestra institucionalidad patrimonial y cultural. Evidentemente, dicho cambio no se produce por la simple decisión de desechar aquello que parece obsoleto por algo evidentemente más nuevo. La discusión, reflexión y diálogo entre los diferentes actores- a quienes se consultó- no ha estado exenta de complejidades, pero lo más relevante ha sido la búsqueda de consensos y la conciencia de estar aportando nuevos puntos de vista que sirvan como insumo para ser incorporado de modo progresivo a la estructura de la propuesta del cuerpo normativo legal.
La indicación sustitutiva al proyecto que crea el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que actualmente se encuentra en el Congreso, crea una Subsecretaría de Patrimonio, la que tiene como principal eje el establecimiento de una institucionalidad cultural, moderna y democrática, que aúne y fortalezca el trabajo realizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Por lo tanto, una de las principales funciones de este Ministerio a través de la Subsecretaría, será proponer y diseñar políticas, planes y programas para fomentar la difusión, valoración, protección, conservación y salvaguardia de nuestro patrimonio cultural, con la relevancia de estar trabajando desde una estructura de la más alta jerarquía- un Ministerio- que podrá incidir en todos los ámbitos necesarios para lograr los mejores resultados.
Se trata, en definitiva, de un esfuerzo ampliamente discutido, que busca por sobre todas las cosas, dotar de mayor capacidad de reflexión y reacción a nuestras instituciones culturales para que cumplan, tal como lo señala y exige la mayoría de nuestros conciudadanos, con el adecuado resguardo de nuestro patrimonio e identidad. La reforma a nuestra institucionalidad cultural y patrimonial es un anhelo largamente esperado por todos quienes pensamos que el arte y la cultura, así como la conservación, valoración y acceso al patrimonio, contribuyen de manera significativa a disminuir las brechas de la desigualdad en nuestro país.
