CULTURA
La crisis ambiental en la zona es fruto de largos años de emisiones por encima de la norma internacional de poderosas empresas (públicas y privadas) en la bahía, que han hecho un intenso y exitoso lobby para seguir funcionando así, y la desidia del Estado, que ha sido incapaz de imponer una ley con estándares internacionales. Así de categórica es la opinión de la comunidad científica que pronostica, que de no actuar seria y drásticamente, las emergencias, cada vez más graves en la zona, serán pan de cada día.
La crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví no es nueva. Los episodios más recientes no son los primeros, ni probablemente tampoco serán los últimos por culpa de azufre, arsénico y el material particulado en la zona, además de nitrobenceno, cloroformo de metilo y tolueno.
En la «zona de sacrificio», hoy en alerta amarilla por disposición de la intendencia de la zona, reina un statu quo donde las grandes empresas -privadas como AES Gener, Gasmar y Copec, pero también estatales como Codelco y ENAP- contaminan por encima de las normas recomendadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«No hay que ver qué emite cada una de ellas, sino qué pasa en la combinación de las mezclas», señala Nicolás Huneeus, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.
«Hay que estudiar todas las fuentes que emiten en esa región, y no sólo un día, sino un periodo largo, porque además no sólo influye la variable del viento, sino también la temperatura, la radiación solar y la humedad», agrega.
Por otro lado, el Estado, de normas laxas, mira hacia otro lado, presionado por intereses propios y ajenos. El último episodio, que causó protestas contra el Presidente Sebastián Piñera en su visita a Quintero este martes, dejó 133 personas afectadas.
«En relación a los países desarrollados y la Organización Mundial de la Salud, Chile tiene un estándar sumamente laxo en las normas de emisión y calidad ambiental en Chile», que «evidentemente» no está cumpliendo su objetivo en nuestro país, advierte la abogada Josefina Correa.
[cita tipo=»destaque»]»Nosotros estamos acostumbrados a episodios de contaminación por PM 2,5, principalmente asociado a leña, calefacción residencial y transporte en el caso de Santiago, para los cuales se han implementado Planes de Descontaminación que abordan esas problemáticas y tratan de reducir las emisiones», pero no hay preparación para casos más complejos, como en Quintero. «La identificación de la fuente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana», advierte. «Obviamente están los sospechosos de siempre, pero si queremos responder bien esta pregunta va a tomar un tiempo».[/cita]
Los emisores de sustancias dañinas también aprovechan de una estadía que lleva décadas -la planta Ventanas, entonces de la ENAMI, comenzó a ser construida en 1950- y su existencia anterior a 1994, cuando nació la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Esa norma fija en su primer artículo «el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental».
Todas características que, a todas luces, en Quintero y Puchuncaví, declaradas «zona saturada» en 1993, hace 25 años, no se están cumpliendo.
Actualmente las empresas cumplen un Plan de Descontaminación de 1992 que fue creado para dos empresas (hoy Codelco y AES Gener), que sólo exigía controlar las emisiones de azufre y MP10. Hoy allí operan 14, sin que se haya actualizado.
Por eso, hoy las principales exigencias son modificar la situación y que el gobierno obligue a las empresas a realizar nuevos Estudios de Impacto Ambiental para actualizar su resolución de calificación ambiental o cesar su funcionamiento en caso de no hacerlo. Actualmente ni siquiera están obligadas a mitigar o compensar sus daños.
Entre las primeras a rendir su responsabilidad están CODELCO y AES Gener, que, aunque suene surreal, operan sin una Evaluación de Impacto Ambiental, por ser anteriores a 1994. No sólo eso: CODELCO además ha ampliado sus instalaciones desde entonces. Unos verdaderos «dinosaurios fabriles», aunque la minera estatal -con su división Ventanas- de hecho asegura cumplir «con todos los parámetros ambientales».
Lo cierto es que 135 ex trabajadores de Ventanas han muerto de cáncer en los últimos años. En 2011 una organización de operarios sobrevivientes presentó un recurso de protección que incluso logró su cierre temporal. La planta también está ligada al cierre de la escuela La Greda en 2015, cuando allí resultaron intoxicados 40 alumnos. Otro episodio similar había ocurrido en 2011.
Otra exigencia es crear un Plan de Descontaminación y normas de azufre en episodios críticos o de contaminantes en el suelo. Un Plan ya propuesto, que debía entrar en vigor en 2018, fue rechazado por la Contraloría en diciembre pasado. Según la entidad, «no se ajusta a derecho» ni cumplía su propósito.
Sustancias como el arsénico o el dióxido de azugre ni siquiera disponen de una norma específica. Tampoco hay una norma de suelo, a pesar que en la zona contiene elementos como selenio, molibdeno, cadmio, antimonio, cobre, plomo y mercurio.
Como acción estatal, hasta ahora, el Gobierno instaló una estación de monitoreo de última generación que ha identificado los gases causantes de la intoxicación y ha enviado un equipo especial de fiscalizadores a inspeccionar todas las empresas, destacó el diputado Luis Pardo.
Actualmente la red de monitoreo de la calidad del aire de la zona industrial cuenta con siete estaciones en Quintero, Ventanas, Puchuncaví, Los Maitenes, La Greda y Valle Alegre.
La zona representa «algo completamente distinto, entre comillas, a lo que estamos acostumbrados en Chile», señala Huneeus, el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).
«Nosotros estamos acostumbrados a episodios de contaminación por PM 2,5, principalmente asociado a leña, calefacción residencial y transporte en el caso de Santiago, para los cuales se han implementado Planes de Descontaminación que abordan esas problemáticas y tratan de reducir las emisiones», pero no hay preparación para casos más complejos, como en Quintero.
«La identificación de la fuente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana», advierte. «Obviamente están los sospechosos de siempre, pero si queremos responder bien esta pregunta va a tomar un tiempo».
Huneeus señala que es necesario tomar mediciones de múltiples compuestos y durante un largo periodo. «¿Qué pasa si se da otra configuración meteorológica y se combinan otros gases? Nadie dice que mañana no pueda pasar otra cosa con otra combinación dañina de gases».
Por eso dice que no tiene sentido analizar las industrias por separado.
Actualmente en la comuna de Puchuncaví hay ingresado 291 proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental y 22 tienen estudio de impacto ambiental (y por lo tanto medidas de mitigación compensación y reparación).
Para el senador Guido Girardi, toda la situación es irregular «desde sus orígenes, porque ha habido un dejar hacer y una tolerancia inaceptable de todos los gobiernos que no se han hecho cargo de la situación debido a los lobby de las grandes empresas allí instaladas”.
Un ejemplo arquetípico es la central Campiche de AES Gener. Girardi recordó que “en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet cuando la Corte Suprema rechazó la instalación de AES Gener, se modificó el Plan Regulador para burlar la decisión judicial y permitir que se instalara”.
En 2009, el máximo tribunal paralizó la construcción de la termoeléctrica Campiche, cuando llevaba el 50% de su construcción en un suelo destinado a áreas verdes. Tras el fallo y tras presiones de Estados Unidos, mediante un decreto supremo, se cambió la norma. Gracias a esto, entró en funcionamiento en marzo de 2013.
Otro ejemplo más reciente ocurrió en 2017. En verano de ese año, el Comité de Ministros por la Sustentabilidad rebajó las ya débiles exigencias de contaminación para el azufre.
La norma anual de 60 miligramos quedó en 80 µg/m3; la norma de 24 horas de 150 µg/m3 que proponía el Ministerio de Salud fue llevada a 250 µg/m3. Cabe destacar que la norma propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 20 µg/m3, es decir 1000% más exigente.
Además, aunque el Ministerio de Salud planteó que no se podía superar la norma más de 24 días al año, la propuesta de Minería, Economía y Medio Ambiente era de 88 días al año.
La norma de dióxido de azufre es otro ejemplo. La norma chilena es de 96 partes por billón, pero la que recomienda la OMS es de 7,5, es decir, es casi 13 veces más exigente. Además en Chile lo que vale es el promedio de las emisiones del día, a diferencia de lo que ocurre en Estado Unidos y países europeos, donde la norma se debe cumplir hora a hora.
Según la OMS, la exposición a dióxido de azufre puede causar complicaciones en el sistema respiratorio y las funciones pulmonares, además de causar irritación ocular. Algunos de sus efectos pueden ser tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica, y aumentar la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Según la OMS, los días en que los niveles de SO2 son más altos, aumentan la mortalidad y los ingresos hospitalarios por cardiopatías.
Para la abogada Correa, lo claro es que aunque actualmente algunas de las empresas de Quintero cumplen con la normativa, otras no lo hacen, por lo cual están sujetas a una fiscalización permanente. Aún así, la norma no se hace cargo de los efectos de que «estén todas funcionando al mismo tiempo».
Entre las «incumplidoras», Correa apunta a Codelco y Enap. «Los incumplimientos históricos tienen que ver con la emisión de contaminantes atmosféricos, lo que además se traduce en la contaminación posterior de los suelos, y la contaminación de aguas», relata.
A esto se suman incumplimientos de la norma territorial, de lo cual Campiche es el mejor ejemplo.
Actualmente, la ley 19.300, en su artículo 25, establece que en situaciones como estas, a las empresas que están en una zona saturada –para PM 10, PM 2.5 y azufre- se les debe exigir que se recalifiquen ambientalmente, es decir que se vuelvan a someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Girardi conminó “a las autoridades de Medio Ambiente que exijan a las empresas que recalifiquen ambientalmente porque los anteriores fueron truchos y las condiciones ambientales han empeorado”.
En el caso de azufre, el estándar de Chile es mínimo y está muy por debajo de las normas internacionales. «Lo que aquí es normal, en otros países es gravísimo porque el azufre es uno de los más peligrosos contaminantes”, advirtió Girardi.
Correa recomienda que en el futuro la norma dé cuenta del impacto que significa un proyecto en una zona ya afectada, como el caso de Quintero, además de crear estándares más estrictos que los actuales.
Los estudios científicos sobre la situación abundan. Uno de ellos es «Monitoreo de gases atmosféricos para intentar establecer el origen de los eventos de malos olores en la zona industrial del valle de Puchuncaví», de la Universidad Técnica Federico Santa María, de 2017, solicitado por el gobierno.
Allí se concluye que «el análisis factorial realizado permitió asociar las concentraciones de VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles) observadas en Quintero con las aquellas observadas en Gasmar, indicando que su origen, muy probablememente, podría ser común. Esto implicaría que Quintero se encontraría afectado, muy probablememente por las emisiones de VOCs provenientes de Gasmar».
Este mismo martes, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) puso a disposición de las autoridades locales un medidor importado de gases de última generación capaz de medir hasta 120 compuestos. Hasta esa fecha no existía en la zona ningún equipo que permitiera detectar la composición u origen de emanaciones gaseosas.
Las mediciones realizadas han registrado presencia de gases de hidrocarburos. Las concentraciones de los distintos compuestos de hidrocarburos encontrados en las mediciones, varían durante el día dependiendo de las condiciones meteorológicas (dirección del viento) y de la distancia al sector industrial, por eso es tan difícil detectar, específicamente, de dónde vienen las emanaciones y qué las producen.
El MMA indicó que las empresas que por su operación regular están asociadas a hidrocarburos y que podrían por lo tanto ser el origen del problema son GNL Quintero (planta de gas natural), Gasmar (planta de gas butano-propano), Enap Quintero (estanques de almacenamiento de combustibles), Oxiquim (planta de almacenamiento de sustancias químicas) y COPEC (almacenamiento de lubricantes y combustibles).
«En todas estas empresas se han realizado tanto de la medición de gases como también fiscalizaciones de faenas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, la seremi de salud y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)», informó el MMA.
