CULTURA
Un diagnóstico apunta a consecuencias como «una importante pérdida de bosque nativo, por despeje de suelo; la destrucción de ecosistemas de valor, así como la afectación de especies de especial valor o vulnerabilidad». Las subdivisiones «son un factor importante en la escasez hídrica que sufre el archipiélago, ya sea por que se tala el bosque, así como porque se rellenas zonas de recarga o retención de agua dulce y finalmente por el aumento de la demanda del recurso que generan los nuevos polos habitacionales en áreas no preparadas para esto», señala una declaración de la ONG Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN). «La generación de estos nuevos polos habitaciones, en áreas no planificadas, provoca segregación territorial, así como la demanda a los gobiernos locales de la dotación de servicios básicos en zonas que no tienen la capacidad de dotarse», así como «la modificación irreparable del paisaje rural de Chiloé, alterando la identidad cultural y vocación de estos territorios».
Una ONG inició una campaña para denunciar el impacto ecológico de las parcelaciones en la isla de Chiloé.
La iniciativa busca «generar conciencia en la ciudadanía y está centrada en dar cuenta de los diversos impactos que se evidencian en casi toda la zona rural del Archipiélago de Chiloé a raíz de un fenómeno descontrolado y que ha crecido significativamente en los últimos 10 años», según un comunicado de la ONG Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN).
La campaña «La parcelación destruye el territorio» partió con un conversatorio en redes sociales, que convocó al abogado Felipe Pino de la ONG Fima, junto a la geógrafa y docente de la Universidad de Chile, Beatriz Bustos, a Cristina Soto, miembro de la Comunidad Indígena Lof Wenul de Chiloé, así como del grupo de mujeres campesinas ANAMURI, quienes dialogaron con el director del CECPAN, Jorge Valenzuela.
La campaña denuncia y evidencia una serie de proyectos de loteos y subdivisiones realizados en zonas vulnerables, de especial valor medioambiental, así como espacios que cuentan con categorías de protección oficial.
Se persigue realizar llamados a la acción a los tomadores de decisiones, locales y nacionales, a fin de evitar la proliferación de estos proyectos y avanzar a escenarios de planificación territorial que incorpore criterios medioambientales, paisajísticos y de seguridad en los territorios.
«Dado que la excesiva parcelación de territorios en Chiloé está trayendo consigo una serie de efectos negativos, por lo que se hace urgente plantear esta campaña a modo de sensibilización y denuncia, poniendo énfasis a la necesidad de realizar un ordenamiento territorial apropiado a las condiciones propias de un sistema insular como el chilote», señala el comunicado.
Gracias al apoyo de la ONG Fima, así como de un equipo de investigadores de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, es que hoy existe un diagnóstico inicial de la situación, principalmente en la comuna de Ancud, que permite identificar los impactos que este fenómeno está dejando.
«Entre estos se pueden mencionar: una importante pérdida de bosque nativo, por despeje de suelo; la destrucción de ecosistemas de valor, así como la afectación de especies de especial valor o vulnerabilidad. Las subdivisiones son un factor importante en la escasez hídrica que sufre el archipiélago, ya sea por que se tala el bosque, así como porque se rellenas zonas de recarga o retención de agua dulce y finalmente por el aumento de la demanda del recurso que generan los nuevos polos habitacionales en áreas no preparadas para esto», señala la declaración.
«La generación de estos nuevos polos habitaciones, en áreas no planificadas, provoca segregación territorial, así como la demanda a los gobiernos locales de la dotación de servicios básicos en zonas que no tienen la capacidad de dotarse», así como «la modificación irreparable del paisaje rural de Chiloé, alterando la identidad cultural y vocación de estos territorios».
La campaña busca ser un llamado a la ciudadanía «a ser un actor protagonista en la lucha contra la parcelación sin planificación y una convocatoria directa a los tomadores de decisiones para que se generen mayores acciones de fiscalización y se establezcan marcos regulatorios que pongan el centro en la planificación territorial, generando, entre otras cosas, la derogación del Decreto Ley 3516 que hoy ampara la subdivisión predial en suelo rural o rústico».
