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Control civil de Carabineros: incompetencia político-policial

por 6 diciembre, 2018

Control civil de Carabineros: incompetencia político-policial
Algunos diputados reclaman contra el “secretismo” de Carabineros, que nunca informó la cantidad exacta de funcionarios, cuyos sueldos había que pagar, sin embargo, no tuvieron problemas para autorizar presupuestos “creativos” anuales durante 10 años sin hacer las preguntas que debían. ¿Cómo sería el control de las demás partidas presupuestarias? Ni se inquietaron al autorizar un aumento de dotaciones absolutamente innecesario y en ninguno de los dos casos, 2011 y 2014, exigieron al Ministerio del Interior ver el proyecto que estaban autorizando. Por lo demás, un simple proceso de sumas y restas les habría mostrado el caos de la gestión de personal.
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A raíz de una sucesión de hechos dolosos ocurridos en el Ejército y en Carabineros, se ha desatado una tormenta de análisis, comentarios, recomendaciones, acusaciones y descalificaciones que, en su mayoría, adolecen de una falta de información penosa. Hemos podido ver a ex ministros y subsecretarios que critican los procedimientos y estructuras organizacionales existentes, pero ¿qué hicieron por cambiarlos?, ¿por qué vivieron en paz y armonía con ellos? y, si los encontraban inaceptables y su Gobierno no quiso cambiarlos, ¿por qué no renunciaron?

Respecto a Carabineros, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que "lo prudente” es esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y "no quedarnos con la versión de una parte”. Su argumento fue que “ya se han cometido muchos errores, en muchos gobiernos, por confiar ciegamente en la primera versión de Carabineros" y, acto seguido, contó que le había exigido al jefe policial, Hermes Soto, que "digan la verdad, que no oculten nada”.

¿Un empresario acepta las informaciones del gerente de una empresa en crisis sin evaluarlas críticamente? Es claro que quienes lo informaron incorrecta o parcialmente actuaron mal, incluso dolosamente, pero al mismo tiempo también tiene parte sustantiva de la culpa.

En una materia delicada –me pregunto– ¿es razonable quedarse con la versión de una parte o confiar ciegamente en la primera versión? No. Es evidente, es la precipitación por evitar “costos” políticos lo que lleva a la autoridad civil a no discriminar y terminar pagando el doble.

La seguridad pública seguía suscitando inquietud en la ciudadanía y el siguiente Gobierno, de Michelle Bachelet, no podía quedarse atrás. Así, el 8 de octubre de 2014, con la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, la Sala del Senado aprobó en general, por 26 votos a favor, el proyecto de ley que aumentaba la dotación de Carabineros en 6 mil funcionarios entre esa fecha y el final del 2017, es decir, 6 mil más sobre los 10 mil ya autorizados por Piñera.

Esa confianza ciega que defrauda, a la que alude el Presidente, es algo muy grave que se repite reiteradamente y que, al menos a mi juicio, esconde incompetencia y frivolidad de muchas autoridades políticas, civiles.

El 15 de febrero de 2011, el Gobierno de Piñera promulgó la ley que aumentaba la dotación de Carabineros en 10 mil personas al año 2014. El ministro del Interior y Seguridad Pública de entonces, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “nuestro Gobierno está cumpliendo con aquello con que se comprometió en la campaña presidencial y en estos 11 meses”.

En esos días, el suscrito asesoraba a un miembro de la Comisión de Defensa que aprobaría dicha ley. Me pasaron el proyecto de ley cuando lo pedí, pero cuando insistí en el texto "técnico”, me dijeron que no lo conocían. Pregunté por qué 10 mil efectivos y no 8 mil o 12 mil, nadie tenía una idea concreta, al parecer 10 mil “sonaba bien”. Insistí tratando de saber el costo “del proyecto”, me dieron el costo en remuneraciones. Le recomendé a mi asesorado que preguntara por el financiamiento de aspectos tan evidentes como alojamiento, alimentación, vestuario, equipamiento policial, equipamiento de seguridad, transporte, combustibles y vehículos, telecomunicaciones, educación, previsión a largo plazo, salud –considerando que Carabineros no tiene ley de salud–, bienestar, traslados y viáticos, infraestructura policial y un largo etcétera.

Llegó la fecha de la sesión para analizar el proyecto, el general director mostró un breve Power Point, las preguntas de los miembros de la comisión fueron poquísimas, superficiales e insubstanciales y, en medio de congratulaciones mutuas, todos se fueron felices. Esa fue mi primera y última actuación como asesor.

Todo lo que importaba a los diputados era no aparecer interfiriendo con el incremento de los policías, la situación política y electoral lo hacía desaconsejable y la gran mayoría de los diputados no entendía nada, les interesaba menos. Lo peor, ni siquiera se hacían cargo de la complejidad que significaba “aumentar” en 10 mil carabineros en cuatro años la dotación existente. Es decir, reponer los retiros, jubilaciones o bajas diversas y “además” sumar 10 mil personas. No se trataba de contratar a los que pasaban frente a la comisaría y vestirlos de uniforme, había que educarlos, entrenarlos, seleccionar y eliminar a los que no mostraran condiciones; transformarlos –en breve plazo– en policías diestros para tratar con ciudadanos cada día más exigentes, en situaciones conflictivas o peligrosas y en medio de un estricto marco legal.

La seguridad pública seguía suscitando inquietud en la ciudadanía y el siguiente Gobierno, de Michelle Bachelet, no podía quedarse atrás. Así, el 8 de octubre de 2014, con la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, la Sala del Senado aprobó en general, por 26 votos a favor, el proyecto de ley que aumentaba la dotación de Carabineros en 6 mil funcionarios entre esa fecha y el final del 2017, es decir, 6 mil más sobre los 10 mil ya autorizados por Piñera.

No supe nada “del proyecto”, solo lo que dijo el ministro señalando que esta vez, además de las remuneraciones,  se consideraba el costo operativo directo (vestimenta básica, consumos básicos y equipamiento operativo básico), es decir, la nada misma. Supongo que asumirían que los gastos extras se irían determinando y otorgando mediante incrementos presupuestarios anuales, a medida que fueran apareciendo. Tampoco se aclaró si el aumento de 10 mil Carabineros iniciado por el Gobierno anterior había sido o no completado.

El ministro destacó que el proyecto que se votó consideraba, no solo el aumento en la dotación, sino que “permite tener una relación con las policías, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, de mayor fluidez de la información, metas y programas que se están implementando, para poder evaluar cómo se están desarrollando las distintas inversiones y los recursos de apoyo para el trabajo policial”. Esto hace suponer que existiría una intención de supervigilar la gestión institucional. Lo que siguió mostró que no había nada de eso.

Esta vez, algo del profesionalismo de los congresales fue puesto a salvo, ya que durante el debate se hizo manifiesta la necesidad de hacerse cargo de la situación de Dipreca, que debía asumir mayores gastos previsionales y de salud sin contar con un reajuste de sus recursos, situación que el titular de Interior se comprometió a analizar en una mesa de trabajo.

Recientemente, en el actual Gobierno de Piñera, se formó una nueva “mesa de trabajo” para tratar el mismo tema.

Por su parte, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida manifestó que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo “es necesaria, pero hay un tema que no se ha abordado. Por ejemplo, la PDI no tiene fondos propios para reparar y construir cuarteles, comprar espacios. Eso no está presupuestado. No sacamos nada con aumentar dotaciones si no cabe la gente en la infraestructura que tienen”. El parlamentario olía que el proyecto era “de juguete” y su par RN, Marcela Sabat, calificó el proyecto de ley como un “despilfarro”.

A continuación, el general director de Carabineros hizo un curioso juego de cifras que no fue cuestionado por nadie: “Al año 2010 la planta estaba conformada por 45.748 funcionarios y al año 2014 aumentó a 53.522 efectivos (+7.774)". Recalcó que esa cifra corresponde a la planta legal, que no es lo mismo que la dotación efectiva, porque existen vacantes que se van produciendo, ya que el escalafón tiene movilidad permanentemente y es así como, a la fecha, la dotación efectiva es de 49.808 Carabineros, es decir, en 4 años (2010-2014) hubo un incremento real de 4.060 carabineros, habiéndose autorizado un aumento de 10 mil el 2011.  Esto, mientras se discutía un aumento de 6 mil nuevas plazas.

El 15 de mayo, durante la segunda sesión de la comisión de la Cámara, el general director cifró la dotación de efectivos de Carabineros, entre civiles y operativos, en 58.228 personas (incluyendo recursos para pagar a 6.857 carabineros inexistentes). El punto es que el presupuesto 2017 entregó el dinero considerando a un total de 65.085 … y ningún diputado ni funcionario del Ministerio del Interior preguntó para qué entregar dinero para 6.857 carabineros, que el mismísimo general director les estaba diciendo que no habían sido contratados.

Algunos diputados reclaman contra el “secretismo” de Carabineros, que nunca informó la cantidad exacta de funcionarios, cuyos sueldos había que pagar, sin embargo, no tuvieron problemas para autorizar presupuestos “creativos” anuales durante 10 años sin hacer las preguntas que debían. ¿Cómo sería el control de las demás partidas presupuestarias? Ni se inquietaron al autorizar un aumento de dotaciones absolutamente innecesario y en ninguno de los dos casos, 2011 y 2014, exigieron al Ministerio del Interior ver el proyecto que estaban autorizando. Por lo demás, un simple proceso de sumas y restas les habría mostrado el caos de la gestión de personal.

El epílogo de esta frivolidad político-policial fue el robo de $26 mil millones “empozados” para pagar los sueldos a carabineros que no existían y cuyo número el Congreso aumentó dos veces, en 16 mil personas, en forma completamente irresponsable, mientras Carabineros administraba su personal mediante el sistema de “la Lista de Revista", en la cual las reparticiones registran al personal de su dotación y los beneficios a los cuales tienen acceso. Esa lista se cruza con los documentos oficiales de altas y bajas. Un sistema inventado, sin duda, por Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán.

Si el Gobierno y el Congreso –los civiles– no ponen un mínimo de interés, seriedad y responsabilidad en su trabajo, ¿para que quieren más autoridad y control si ni siquiera usan lo que tienen?

Pongámonos serios, esto ya no da para más.

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