A propósito de una Ley Marco sobre Cambio Climático para Chile

En caso de que no seamos capaces de reducir pronto el crecimiento mundial de nuestras emisiones de CO2, irresponsablemente, permitiremos que el calentamiento del planeta supere el límite de los 1,5° C entre 2030 y 2040. Será el peor fracaso de nuestra civilización y el comienzo del desastre. Ese es el mensaje profundo que nos entrega el conocimiento científico. Ahora lo que nos falta es traducirlo en un lenguaje práctico y diseñar nuevas políticas de Gobierno e instrumentos jurídicos vinculantes más potentes en los ámbitos local, nacional y mundial, con objeto de regular, controlar y monitorear las acciones para detener el cambio climático. Para conseguirlo, lo que necesitamos es contar pronto con una genuina voluntad política de parte de los gobernantes, políticos y empresarios, que facilite, no que obstaculice, el paso a la acción inmediata.

Las tareas por delante son claras. Con las tecnologías disponibles en el mercado, Chile puede aplicar acciones concretas de mitigación, seguidas de programas de adaptación que nos aseguren una transición energética que vaya gradualmente dejando atrás el consumo de los combustibles fósiles. De aquí en adelante, no hay espacio para la desidia o la inacción, tampoco para aceptar declaraciones destempladas de los grandes intereses económicos de la industria de los combustibles fósiles y de los agronegocios que apoyan a políticos apáticos u opuestos a la acción climática, tipo Trump, Bolsonaro, Morrison y adláteres.

Más allá de los diagnósticos, el asunto que concentra hoy la atención es el de las vías de solución concretas. Una respuesta, es desacelerar el crecimiento económico y cesar las emisiones de aquí a 2030-2040. Pero cómo. ¿Son estas unas respuestas practicables? Hay quienes sostienen que sí, pues consideran que el problema está precisamente en el crecimiento económico incontrolado, y que la respuesta debería ser el decrecimiento. Pero el decrecimiento, siendo un punto negativo político y social, ¿es viable?

Considero que no, ya que si detuviéramos de golpe el crecimiento, igual seguiríamos emitiendo anualmente al menos 50 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. O sea, detener el crecimiento no significa necesariamente que vayamos a cesar las emisiones. Y, entonces, ¿cuál es la opción correcta?

[cita tipo=»destaque»]Respecto al “comercio de las emisiones de carbón”, otra medida neutralizadora, muchos países,  entre ellos Chile, la han aceptado como positiva. No lo es. Considero que sirve solo para profundizar la división entre países ricos y pobres, en lo que atañe a la conservación de la biodiversidad y utilización de los recursos naturales. Es una propuesta fallida de los economistas. Si los países más pobres del mundo confían en los beneficios del comercio de emisiones, con seguridad continuarán destruyendo sus recursos naturales para satisfacer demandas de la naciones más ricas o para cumplir con las obligaciones de su deuda externa. No es una buena solución, ya que significa la exportación de las emisiones a otros países mediante un intercambio de créditos basados-en-el-carbono, a pesar de la irrelevancia de las fronteras nacionales para las emisiones. Favorecer la continuidad de un crecimiento de los países industrializados fundada en la destrucción ecológica y en una persistente injusticia social, no puede ser el fundamento de una humanidad civilizada en el siglo XXI.[/cita]

Los expertos nos dicen que no se trata de cesar las emisiones sino de “neutralizarlas”. La reforestación (los bosques son los grandes captadores de CO2 en la atmósfera), la transición energética hacia las renovables y las nuevas tecnologías capaces de capturar CO2 son, por lejos, las formas más efectivas hasta ahora para neutralizar emisiones de dióxido de carbono. Según el último dato facilitado por la FAO, las masas forestales en el mundo absorben actualmente más del 10% de todas las emisiones de CO2, es decir, que mitigan el equivalente a 650 mil millones de toneladas de dióxido de carbono.

¿Cómo podríamos lograrlo? Obviamente, cambiando hacia otro tipo de crecimiento, rompiendo el vínculo nocivo entre economía y degradación ambiental, erradicando la quema de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón). Para salir de ese pozo obscuro, se requiere cambiar radicalmente nuestros modos de producción y consumo.

Un primer paso será aplicar medidas correctivas de adaptación dirigidas a descarbonizar nuestra economía de aquí al año 2030. El sistema económico lineal que se viene aplicando en nuestro país (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ya no es el adecuado, alcanzó su fin. Hoy la prioridad es fomentar un sistema económico más verde, más circular, con mínimas emisiones, menos residuos y más reciclaje. Tenemos que adaptarnos, incorporando los elementos de la electromovilidad, economía verde, economía digital, eficiencia y transición energética, inteligencia artificial, genómica y robótica.

Desafortunadamente, para las empresas chilenas, la descarbonización aún no es tema de inversión a futuro. En el presente, menos del 20% lo hace, o sea, que más del 80% nunca ha neutralizado o compensado sus emisiones. Una señal clave es «la huella de carbono» de todas las empresas, de las instituciones de Gobierno, comercios, la minería, agroalimentaria, y de los ciudadanos, ya que nadie puede quedar absuelto de su responsabilidad de disminuir su huella de carbono. La meta: conseguir “aumento cero en el valor de emisiones netas”.

En definitiva, no se trata de frenar el crecimiento económico, pero sí asegurar que haya cero aumento anual en la concentración media global de CO2 ya acumulado. Esta cuestión es urgente, ya que el valor promedio global de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que verifiqué el 19 de marzo 2019, fue 414,79 ppm, que crece a diario y que está muy por encima de la línea roja de las 400,00 ppm, a partir de la cual se acelera el calentamiento global.

Muy pronto el costo del cambio climático va a superar el 5% del PIB mundial, una cifra que dejará mal paradas a todas las economías actuales del mundo altamente industrializado, y mucho más a las de los países en desarrollo. Como resultado de este proceso ninguna economía podrá salir de la bancarrota. Ya no bastará con decir que el costo de la inacción es superior al de la acción.

¿Quién se iba a imaginar hace 10 años que escucharía a los fabricantes de automóviles decir que la era del motor de combustión está tocando a su fin? Eso quiere decir que la energía y el transporte son elementos claves en la agenda de los movimientos ciudadanos. En muchos países, las energías renovables son ya muy competitivas, y ese es otro cambio que ha llegado más rápido de lo que la gran mayoría creía. En Chile, vamos muy bien en este tema, en gran parte gracias a la Política Energética 2050 de Pacheco-Bachelet.

En la mayoría de los países ya nadie quiere invertir en petróleo o en carbón, porque se aprecian nuevos ajustes hacia un modelo de crecimiento acorde con el combate al cambio climático. Es increíble cómo ha avanzado en 15 años la disrupción tecnológica, cómo han surgido nuevos instrumentos para manejar las energía renovables, la electromovilidad en el transporte de las ciudades, que es donde hoy se genera el 75% de las emisiones de CO2.

Gran parte de estos avances se lo debemos a la presión ciudadana en las ciudades, especialmente las europeas, que han decidido combatir frontalmente a la contaminación y las emisiones de CO2. En varias ciudades nos han anticipado que prohibirán los motores diésel en el 2025, por ejemplo, en las Baleares, y en el 2030 los de combustión interna. O sea, muy pronto. Es fantástico ver cómo las ciudades pueden crear también sus redes y fijar sus nuevos estándares comunes para los electroautobuses públicos, y eso sirve para aminorar costos y dinamizar la economía. En las ciudades hay también un sentido de comunidad y de identidad que está haciendo mucho más fácil generar los cambios.

Existen, por supuesto, otras demandas puntuales muy relevantes. Por ejemplo, para acelerar la descarbonización es primordial fijar un precio al carbono que sea justo, que represente el valor de los daños que provoca, no un precio que les solucione un problema económico a las empresas contaminadoras. Este es un engaño del sistema que se está aplicando aquí en Chile y en muchos otros países. Así no avanzamos en absoluto. El precio tiene que ser aquel que iguale o incluso supere el costo social del daño que provocan las emisiones de CO2. La meta es que el carbono resulte tan caro, que las empresas busquen alternativas (que son cada día más baratas) y abandonen la quema de combustibles fósiles.

Respecto al “comercio de las emisiones de carbón”, otra medida neutralizadora, muchos países, entre ellos Chile, la han aceptado como positiva. No lo es. Considero que sirve solo para profundizar la división entre países ricos y pobres, en lo que atañe a la conservación de la biodiversidad y utilización de los recursos naturales. Es una propuesta fallida de los economistas. Si los países más pobres del mundo confían en los beneficios del comercio de emisiones, con seguridad continuarán destruyendo sus recursos naturales para satisfacer demandas de la naciones más ricas o para cumplir con las obligaciones de su deuda externa.

No es una buena solución, ya que significa la exportación de las emisiones a otros países mediante un intercambio de créditos basados-en-el-carbono, a pesar de la irrelevancia de las fronteras nacionales para las emisiones. Favorecer la continuidad de un crecimiento de los países industrializados fundada en la destrucción ecológica y en una persistente injusticia social, no puede ser el fundamento de una humanidad civilizada en el siglo XXI.

En otras palabras, un modelo de crecimiento que incorpore al cambio climático en los países en desarrollo, por principio, no puede ser compatible con la sociopolítica que subyace en el comercio de emisiones. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que las metas y los recortes propuestos para las emisiones estén en línea más bien con el consumo. Si queremos alcanzar una justicia global medioambiental, les corresponderá a los países ricos hacer mucho más en materia de consumo y recortes de sus emisiones.

La experiencia de la última década nos muestra que el crecimiento económico basado en el mercado es engañoso cuando se aplica a la nueva realidad del cambio climático. El consumo actual de los países ricos es demasiado alto, obsceno y resulta totalmente incompatible con la sustentabilidad de nuestros ecosistemas. Por esta razón, deberíamos enfocarnos especialmente en el consumo. Desde esa perspectiva, no hay duda que los países desarrollados deben asumir la mayor responsabilidad, reduciendo sus patrones de consumo, recortando drástica y urgentemente sus emisiones de CO2, y protegiendo y ayudando a proteger la biodiversidad de todo el planeta.

Además de las cuestiones relativas a la descarbonización y comercio de emisiones, figuran otras acciones igualmente relevantes para neutralizar. Por ejemplo, desarrollo acelerado de las energías renovables, en particular la solar, para nuestro país, conjuntamente con la formulación de programas más ambiciosos de transición energética y fijar a la brevedad estándares obligatorios de eficiencia energética mucho más estrictos; reforestar Chile con prontitud, restaurando ecosistemas, controlando al máximo la ocurrencia de incendios forestales y fomentando la conservación del bosque nativo y la biodiversidad; conservar y modificar los patrones de propiedad, uso y consumo de las aguas dulces en todas las regiones de Chile afectadas por sequías; gestión ambiental de las zonas costeras y marinas; y el tema de los migrantes o refugiados climáticos, entre muchos otros.

Todas estas cuestiones, por su importancia per se como ejes temáticos, así como también por la importancia de sus interacciones y sinergias, tienen que ser incorporadas como elementos directos o subyacentes en un marco jurídico vinculante en el derecho ambiental chileno, es decir, en la nueva “ley marco” sobre cambio climático. El Gobierno lleva meses preparándola y anunciándola. Aún no sabemos nada de ella, quizás, porque ha sido bloqueada por los grandes grupos económicos chilenos vinculados a la energía y a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Los costos económicos y políticos de la inacción en materia de combate al cambio climático, con cada día perdido, son demasiado altos. No es moral ni políticamente admisible continuar postergando la presentación de este proyecto de ley.

El Gobierno anunció el 5 de julio de 2018 que dicha ley sería elaborada desde las regiones a través de un proceso altamente participativo. Se adelantó un cronograma con un fuerte componente de participación ciudadana y regional, que no ha trascendido a todas las partes interesadas. Desde julio a diciembre 2018, se desarrollaría un proceso de “Diálogos sobre Ley Marco de Cambio Climático” en cada una de las regiones del país, de cuya convocatoria o resultados no se ha obtenido mayor información o noticias. Tampoco sabemos si se ha conseguido una amplia participación, relevante y de alto nivel, de todas las partes interesadas, es decir, Organismos No Gubernamentales ambientalistas, científicos especialistas en Cambio Climático, ambientalistas, economistas, comunidades, empresas, gremios, sector privado, parlamentarios, Seremis de los distintos ministerios y autoridades locales, entre otros.

El cronograma señalaba que en enero-febrero 2019 se elaboraría el anteproyecto. A continuación, este mes, marzo de 2019, se sometería a Participación Ambiental Ciudadana (PAC). ¿Se está cumpliendo con el cronograma? No lo sabemos. El anteproyecto que se espera presentar a la tramitación legislativa a partir de agosto 2019, ¿será un documento contundente que realmente represente los puntos de vistas de todas las partes interesadas? Ojalá.

Considerando que la Cumbre del Clima COP 25 se realizará en Santiago, del 2 al 13 de diciembre 2019, nos preocupa que el Gobierno y el Congreso, con tal de salvar la cara ante la comunidad internacional, entre agosto y noviembre se vean obligados a adoptar, apurados, una mediocre Ley Marco de Cambio Climático, lo que sería una tragedia.

Tener un esperpento de ley, como sucede a menudo cuando se trata de medioambiente, sería un obstáculo más que un apoyo para la ejecución eficaz de un plan nacional para detener el cambio climático. De ocurrir así, perderíamos, por lo menos, diez años, o incluso más. Y no estamos exagerando, esto ya sucedió en Chile. Desde 1973 a 1989 por la ausencia de una institucionalidad ambiental. Desde 1990 hasta hoy: las barreras para contar con una Política Nacional Ambiental (hasta ahora no existe); una Institucionalidad ambiental (el MMA y adláteres), todavía frágiles y tambaleantes; y un Derecho Ambiental, que es un puzle jurídico, hecho a la medida para permitir más contaminación en todas sus formas, más degradación de ecosistemas y mayor destrucción de nuestra biodiversidad.

Es hora de que el Gobierno del Presidente Piñera ejerza un liderazgo positivo y muestre un avance en estas materias. Sería deseable que diera a conocer pronto, públicamente, el anteproyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático y lo someta a los comentarios y sugerencias de todas las partes que componen el sistema político, ciudadano y científico chileno. Lo mínimo que se puede pedir a un Gobierno es que cumpla con sus cronogramas o, al menos, que cumpla con su lema de campaña, ya que aún no ha dado un paso firme para conducir al país a vivir en “tiempos mejores”. No es mucho pedir, ¿no creen ustedes?