Opinión
Las(os) ciudadanas(os) de Chile esperamos más de la clase política. No tanto maniobras mediáticas que pretendan empatizar con la angustia de los apoderados ante la escasez de escuelas de calidad, sino más bien una propuesta de qué, cómo y cuándo se implementarán políticas públicas serias y de mediano plazo para que existan cada vez más escuelas deseables.
Ya van varios capítulos y vaivenes en la discusión del proyecto del Gobierno «Admisión Justa», ¿qué más podemos aportar a esta altura del debate?
El nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) se diseña durante el Gobierno anterior, con el objetivo de imposibilitar a los establecimientos que reciben recursos públicos la selección de sus estudiantes y priorizar, entonces, las preferencias de las(os) apoderados. ¿Qué pasa cuando en un establecimiento sus vacantes son desbordadas por las preferencias? El SAE ocupaba un criterio aleatorio (sorteo) para asignar esos cupos. Pero, ojo, los establecimientos que tienen más demanda que cupos son menos del 20%.
Recién asumido el Gobierno de Sebastián Piñera, se intenta intervenir el SAE. El principal argumento es que no es justo aplicar la aleatoriedad en caso de haber “más demanda que vacante” y, por tanto, se les debe incorporar herramientas a los establecimientos para filtrar las postulaciones sobre la base del «mérito”. De ahí viene, «Admisión Justa».
Mientras la academia, la investigación y la evidencia empírica les sugieren a las autoridades políticas la imposibilidad –o sesgo– de “medir el mérito” en edad escolar y, además, los beneficios potenciales globales que tiene la mejor distribución de estudiantes vulnerables, en reemplazo de consolidar su rezago mediante la segregación como hasta ahora, la ministra, Marcela Cubillos, optó por refugiarse en las experiencias de incertidumbre o ansiedad de algunas familias que se sintieron afectadas por la implementación del SAE.
[cita tipo=»destaque»]Detrás de las modificaciones al SAE hay una fuerte carga ideológica. «El Estado no tiene el derecho a pretender hegemonizar las tareas educativas, ni a desplazar a las familias y a la sociedad civil de la noble misión de dar educación libre y de calidad a todos nuestros niños y jóvenes», dijo Piñera en El Mercurio el 19 de enero. Es decir, el Presidente aseguró que no es posible que las escuelas y estudiantes puedan mejorar sin incentivos de mercado y que el motor del “mejoramiento” sería la competencia.[/cita]
“Confío más en los padres que en un algoritmo”, dijo el Presidente Piñera, tratando de reformar el SAE sobre la base de sus propuestas. Si esto ocurriera en otra área del conocimiento, se vería probablemente más grotesco. ¿Se imagina al ministro de Salud defendiendo una ley “antivacunas” –a contrapelo de la comunidad científica internacional– para empatizar con agrupaciones que promueven la inoculación voluntaria, o al Mandatario diciendo “confío más en los padres que en el timerosal”?
Detrás de las modificaciones al SAE hay una fuerte carga ideológica. «El Estado no tiene el derecho a pretender hegemonizar las tareas educativas, ni a desplazar a las familias y a la sociedad civil de la noble misión de dar educación libre y de calidad a todos nuestros niños y jóvenes», dijo Piñera en El Mercurio el 19 de enero. Es decir, el Presidente aseguró que no es posible que las escuelas y estudiantes puedan mejorar sin incentivos de mercado y que el motor del “mejoramiento” sería la competencia.
No es coincidencia, para nada, que la llegada del siglo XXI en Chile tuviera varios “temblores” y que los epicentros hayan sido el sistema educativo, la “Revolución Pingüina” el año 2006 y el movimiento estudiantil del 2011. Las protestas sociales no solo fueron masivas y articuladas, sino que consignaron casi el consenso social total de que la escuela y la universidad estaban reproduciendo privilegios y exclusiones y que, por tanto, la competencia, el “cuasimercado educativo”, no estaban dando el ancho para las necesidades de un país moderno e integrado.
Las(os) ciudadanas(os) de Chile esperamos más de la clase política. No tanto maniobras mediáticas que pretendan empatizar con la angustia de los apoderados ante la escasez de escuelas de calidad, sino más bien una propuesta de qué, cómo y cuándo se implementarán políticas públicas serias y de mediano plazo para que existan cada vez más escuelas deseables.
Ante eso, lamentablemente, el Gobierno propone una salida conservadora, una férrea defensa de sus principios ideológicos, se pone del lado de “la industria de la educación”, de la competencia y la mercantilización de un derecho.
