COP25: ahora o nunca

Ya es tendencia del actual Gobierno el transformar los hechos de la política en eventos –principalmente– comunicacionales. Ahora que debe organizar para fin de este año la COP25 sobre cambio climático, es de esperar que haga un esfuerzo para, también o conjuntamente, enfocar y trabajar en una agenda nacional coherente en materia ambiental. De lo contrario, podría resultar en un fiasco para el país.

La ausencia de una agenda ambiental consistente, particularmente sobre el cambio climático, no es algo que pueda imputarse solo al actual Gobierno. El modelo predominante de crecimiento económico del país –productivista y de explotación de recursos naturales– ha inducido a la falta de prevención, control y mitigaciones adecuadas desde hace más de tres décadas en materia medioambiental. Muchos proyectos de inversión, con notorios pasivos ambientales, han quedado sin mitigar, afectando a la población y las arcas fiscales.

Como se sabe, el tema del cambio climático no es nuevo. La primera conferencia mundial sobre el clima se organizó en 1979 en Ginebra, oportunidad en que se lanzó oficialmente el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas, este último ante la certeza de enfrentar un calentamiento global. De estos organismos nació, en 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), desde donde toma origen e impulso la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establecida en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. A su vez, de esta Convención, nace la Conferencia de las Partes (COP), que se realiza anualmente y que este año se efectuará, en su versión 25, en Santiago de Chile, luego que Brasil declinara hacerla.

Como nudo ambiental, el cambio climático es hoy un límite dramático de tiempo para la humanidad. El panel internacional de expertos ha puesto un horizonte de apenas 12 años para poder revertir la tendencia. Agotado este, entraremos en un túnel de cambios imprevistos a nivel global, con consecuencias catastróficas para la humanidad.

Entre las metas propuestas está reducir las emisiones de carbono y metano para evitar el recalentamiento. Mientras el vapor de agua permanece 14 días en la atmósfera, el metano lo hace por 7 años, y el carbono, 30, de donde se provoca la acumulación de gases con efecto invernadero. El carbono se produce básicamente en los centros urbanos e industriales y el metano en la ganadería.

La prioridad política del tema tiene también décadas. La Oficina de Evaluación de la Red del Pentágono de EE.UU. (Office of Net Assessment – ONA) identificó el cambio climático como una amenaza que eclipsa con mucho a la del terrorismo, dos años después del atentado a las Torres Gemelas. Un informe de la ONA de 2003, concluía que un cambio climático abrupto debería “elevarse de la categoría de debate científico a la de preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos”. El modelo de riesgo puede extraerse del desastre del huracán Katrina en Nueva Orleans, con sus pérdidas de vidas humanas, el desmembramiento de esa ciudad y otras de la Costa del Golfo de México, y su impacto sobre los precios del crudo en todo el mundo.

Chile es un país ampliamente afectado por el cambio climático. Problemas de contaminación del mar y de acuíferos, carbonización de su matriz energética, pérdida de glaciares, variaciones climáticas pronunciadas en las zonas extremas, tormentas de fuego en otras, están cambiando la geografía nacional de las emergencias y los desastres naturales.

La matriz energética chilena tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles, y el uso del carbón es el principal causante de las emisiones contaminantes del parque eléctrico. Pese a ello, hace dos años el país declinó ser parte del Powering Past Coal Alliance, un acuerdo liderado por Canadá y Gran Bretaña, nacido en la COP23, cuyo objetivo es sacar el carbón de las matrices energéticas de los países de la OCDE.

Chile, dicen los expertos, carece de una verdadera mesa de descarbonización, y las autoridades se someten demasiadas veces a la voluntad de las empresas incumbentes. Las agendas carecen de ambición y de urgencia y no existe un programa claro al respecto.

Los problemas son idénticos en cada sector productivo o área estratégica de la nación, empezando por el agua y terminando por la minería.

Estamos en la era de los eventos meteorológicos extremos, en uno y otro lado del planeta. Mientras regiones enteras se congelan, los incendios forestales desatan olas de calor sin precedentes en Australia, Chile o Alaska. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos cuatro años han sido los más calurosos de los que se tenga registro y 20 de los últimos 22 años califican en la misma categoría.

Los efectos del cambio climático también repercuten fuertemente en las ciudades. En estas, donde vive más de la mitad de la población del mundo, la adaptación a los cambios en los patrones climáticos es clave. Hasta ahora la infraestructura de las urbes está diseñada para condiciones climáticas históricas que hoy son diferentes a las del pasado. Y, según informes académicos, solo en Europa existe el riesgo de olas de calor, sequías e inundaciones en más de 570 ciudades.

En Chile, un país esencialmente urbano costero, la alteración de los ciclos hídricos y el aumento de la temperatura del aire constituyen los mayores impactos del cambio climático en sus ciudades. De acuerdo a los expertos, Santiago tendrá que prepararse para un clima más árido y más caluroso, con precipitaciones más concentradas en los meses de invierno y con altas temperaturas durante el verano.

En el mundo, muchas ciudades, entre ellas las de Holanda –país considerado un ejemplo a seguir en materia de prevención de desastres naturales–, están realizando grandes esfuerzos. Nueva York dedica unos 2 mil millones de dólares anuales a la adaptación climática; Londres cuenta con un ambicioso plan de cero emisiones de carbono en el 2050, y Miami puso en marcha una iniciativa –»Miami forever»– para financiar unos 160 mil millones de dólares de elevación de carreteras, nuevos diques y sistemas de bombeo de agua. A esto se agregan planes de eficiencia energética en ciudades como Sídney y Melbourne, gestión de lluvias torrenciales en Copenhague y la estrategia de adaptación de París para responder a las olas de calor.

Además de no participar en la alianza sobre el carbón, Chile no ratificó el acuerdo internacional de Escazú, con sus tres pilares fundamentales: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en América Latina y el Caribe, porque el Gobierno teme a la posibilidad de que el acuerdo lleve a judicializar internacionalmente los temas ambientales del país. Tampoco muestra iniciativas notorias en materia urbana.

Hoy en día, que los problemas ambientales son parte de las relaciones internacionales y la mayoría de los países ha creado institucionalidades que cuidan una convivencia más respetuosa entre la sociedad y la naturaleza, Chile se mueve en la ambigüedad, pese a que su geografía y la dinámica de sus ciclos climáticos han empezado a cambiar de manera dramática su hábitat.

Por lo tanto, la COP25 de fin de este año no solo tiene problemas de infraestructura para cobijar a 25 mil visitantes, entre jefes de Estado, autoridades, expertos y medios de comunicación. Tampoco puede mostrar un rostro político cierto, que transforme ese momento en una energía social positiva para emprender una ambiciosa agenda ambiental realmente de futuro, más allá del simple cálculo económico o comunicacional.