MERCADOS
Si bien es sabido que hay un fuerte control desde la Secom a lo que pueden hacer los ministros, especialmente sectoriales, ha sido el segundo piso de La Moneda –cuyo jefe de asesores es Cristián Larroulet– el que ha tomado el control total de la agenda del Ministerio de Energía, particularmente lo relacionado con los medidores inteligentes, porque se consideró que se le arrancó de las manos. Quienes conocieron la trastienda de esos días, afirmaron que la ministra, sin mucho margen propio, se remitió a seguir las instrucciones que recibió desde Palacio, que tuvo casi nula intervención en la decisión adoptada y que solo conoció del contenido del anuncio unas pocas horas antes de aparecer frente a las cámaras de televisión.
El 16 de abril, el Instagram de la ministra de Energía Susana Jiménez mostraba una imagen que preocupó a sus cercanos. Tirada en el suelo, con una evidente herida en su rostro, sangrando y con rasmilladuras en las piernas. Había sufrido un accidente en bicicleta.
«A veces el deporte nos hace una mala pasada. El domingo me di un buen porrazo! Pero ya estamos en proceso de recuperación para volver con toda la energía. Gracias por todo el cariño recibido». El mensaje iba acompañado de una foto de Jiménez internada en la clínica.
A pesar de los evidentes moretones y heridas, 48 horas después la ministra se paró ante las cámaras de televisión e hizo un anuncio para intentar apagar, al menos en lo urgente, el incendio político que fue para La Moneda el tema de los medidores de luz. «Hemos escuchado a la ciudadanía y muy especialmente a los parlamentarios de Chile Vamos, y como Gobierno hemos propuesto que el recambio de medidores será voluntario para las personas y esto se hará a través de un cambio a la norma técnica de calidad de servicio», señaló Jiménez, quien interrumpió ese día su licencia médica para encabezar dicho punto de prensa en el Congreso.
Durante la conferencia, la secretaria de Estado explicó los detalles de la «ley corta» que ejecutará el Gobierno, anuncio que tomó totalmente por sorpresa a las empresas del sector y que dejó en evidencia el férreo control de la agenda que está haciendo La Moneda en el Ministerio de Energía, a raíz de la polémica que desató la instalación de los medidores inteligentes.
Uno de los sorprendidos, el senador Alejandro Guillier, señaló que agradecía a Jiménez haber asistido pese a no estar en condiciones de salud para hacerlo. «El subsecretario podría contestar las preguntas y me gustaría que la ministra se pudiera retirar porque evidentemente que esperamos su pronta mejoría y agradecemos que esté presente, pero hagamos un acuerdo de que se pueda retirar y recuperarse», dijo uno de los presentes. La titular de Energía agradeció el gesto y contestó la última pregunta.
Al día siguiente, el Presidente Sebastián Piñera encabezó un extenso consejo de gabinete, al cual Jiménez llegó pese a estar con licencia. Fuera de toda norma laboral y moreteada, fue alabada por sus pares. «El compromiso de la ministra Susana Jiménez que, luego de un accidente grave, por su compromiso con el Gobierno, por su compromiso con el Presidente, pero sobre todo por su compromiso con los chilenos, por su vocación de servicio público, suspendió su licencia médica”, dijo ese día la vocera Cecilia Pérez.
[cita tipo=»destaque»]La personalidad de la ministra Jiménez no ha ayudado mucho. La describen como una persona muy inteligente en cifras, pero altamente desconfiada. Dicen que a la ex subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo no le gusta compartir demasiada información con su equipo, el que se ha visto sorprendido por algunas de las definiciones de las últimas semanas. Prefiere entregar instrucciones por escrito o verbales, no usar mensajería para evitar cualquier riesgo de filtraciones.[/cita]
Pero en la realidad las cosas no fueron tan simples para la titular de Energía. Fuentes de Palacio aseguraron que Jiménez no tuvo opción, que hubo un mandato expreso –y sin margen a rechazarlo– de que con o sin licencia médica debía ser ella la que liderara el punto de prensa con el anuncio y asistiera, al día siguiente, al consejo de gabinete.
La razón fue la molestia que había en La Moneda por el errático manejo en el caso de los medidores inteligentes, que golpeó fuerte el rendimiento de la administración piñerista en las encuestas durante las últimas semanas. «La obligaron, la hicieron ir a poner la cara, pagar todos los costos», recalcó una fuente gubernamental.
Si bien es sabido que hay un fuerte control desde la Secom a lo que pueden hacer los ministros, especialmente sectoriales, ha sido el segundo piso de La Moneda –cuyo jefe de asesores es Cristián Larroulet– el que ha tomado el control total de la agenda del Ministerio de Energía, particularmente lo relacionado con los medidores inteligentes, porque se consideró que se le arrancó de las manos a Jiménez. Quienes conocieron la trastienda de esos días, afirmaron que la ministra, sin mucho margen propio, se remitió a seguir las instrucciones que recibió desde Palacio, que tuvo casi nula intervención en la decisión adoptada y que solo conoció del contenido del anuncio unas pocas horas antes de aparecer frente a las cámaras de televisión.
Decir que la ministra de Energía ha hecho cortocircuito no es una frase al pasar, sino que refleja el complejo momento que atraviesa Jiménez por una seguidilla de equivocaciones que la han llevado a tener complejas relaciones con las empresas de su sector y, en paralelo, perder su línea de crédito ante su propio Gobierno.
En las empresas del rubro no olvidan que fueron sorprendidos por el anuncio de la secretaria de Estado sobre la voluntariedad de la instalación de medidores inteligentes, sobre todo porque el camino adoptado por el Ejecutivo los pone en un escenario complejo.
Entre las empresas del rubro energético consideran que Jiménez sabe mucho, que es una economista de trayectoria reconocida y que está «sobrecalificada» para el cargo. Pero son sus habilidades políticas –o la falta de ellas en la práctica– las que le han jugado una mala pasada durante su gestión en la cartera que encabeza, especialmente en estos días.
Antes de irse el lunes 22 a la gira por China y Corea del Sur, el Presidente Piñera se reunió con la ministra Jiménez. Después de eso, y durante la semana, esta citó dos veces a las compañías distribuidoras a reuniones.
El lunes deslizó algo que les cayó como un balde de agua fría, independientemente de que entre las mismas empresas hay posturas divergentes: el Gobierno quiere que las compañías devuelvan el dinero a quienes sí se les instaló medidor inteligente. Una especie de compensación. Este jueves 25 volvió a citarlas al ministerio.
«Es insólito pedir de buena voluntad. Las empresas modelamos todos nuestros costos en base a una ley que hizo el Parlamento, que establecía, además, mediante instrucciones, un cambio obligatorio en siete años. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos ponemos a sacar cálculos de que entonces la ley no va o que no se aplica? Es una locura, cómo se les explica eso a los accionistas. No tiene sentido», comentó una fuente del sector empresarial.
A las firmas les preocupa la falta de seriedad con que el Gobierno ha tratado el tema de los medidores y también comparten el diagnóstico de que el manejo de la situación ha sido errático. Sin embargo, reconocen que les ha jugado en contra que todas tienen posturas diferentes, lo que les ha impedido tener un único discurso ante la autoridad. Enel, por ejemplo, estuvo por apoyar al Gobierno participando en la mesa técnica, pese a que la relación con la empresa de capitales italianos se tensó cuando la ministra Jiménez corrió con colores propios: les puso precio a los medidores y, luego, anunció que la ley quedaba en prácticamente nada.
Chilquinta, en tanto, está en venta y la poca claridad con lo que suceda con la normativa incomoda a la firma, pues afecta los márgenes de utilidad. Por otro lado, CGE tiene poca caja y ha sido más prudente al hablar de cualquier tipo de compensación.
La personalidad de la ministra Jiménez no ha ayudado mucho. La describen como una persona muy inteligente en cifras, pero altamente desconfiada. Dicen que a la ex subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo no le gusta compartir demasiada información con su equipo, el que se ha visto sorprendido por algunas de las definiciones de las últimas semanas. Prefiere entregar instrucciones por escrito o verbales, no usar mensajería para evitar cualquier riesgo de filtraciones.
Los rumores de un cambio de gabinete se disiparon un poco tras el último Consejo de Gabinete, aunque la vocera advirtió que el Presidente Piñera estaba evaluando uno a uno a los ministros, que todos estaban en análisis. Es que la polémica de los medidores no logra apagarse, luego que la instrucción del Gobierno fue que la ministra negocie la compensación a los clientes, algo que –repiten en el sector– les parece descabellado.
Dada su débil situación política, un golpe en la línea de flotación de la titular de Energía podría ser –si no la blindan adecuadamente– el nuevo decreto tarifario, que ya se ha asegurado implicaría un aumento en las cuentas de la luz de hasta un 25%. Dicho decreto regulará los precios en materia de la generación de energía (parte clave de los costos de la luz).
«Una minuta elaborada por expertos que circuló en el Congreso señala que el incremento sería mayor y que, por ejemplo, en Santiago –el mayor polo de consumo del país– alcanzará 20,8%, mientras que en Concepción será de 18%», señaló una nota de El Mercurio en relación con el tema.
Piñera reconoció el alza, aunque en menor proporción y mandó a Jiménez a negociar con las empresas generadoras que el aumento se haga en dos tandas. Esto, mientras el decreto se ha demorado extraordinariamente en ser conocido, según los actores de la industria. «Cuando se dé el alza vamos a explicar claro y fuerte que es el Gobierno el que fija las tarifas, que las empresas marginan cero por este concepto y que no ponen el precio», recalcó una fuente del mercado.
El alza se explica por el efecto de la cotización del dólar, pero también por la entrada en vigencia de contratos «caros» que estaban a la cola. Entre ellos, de la central Campesino, un acuerdo que se licitó en 2014 a un precio promedio de sobre US$ 110 MWh.
La ministra Jiménez señaló que el Gobierno tiene particular preocupación por este último contrato y que, incluso, podría invalidarlo.
Esta alternativa parece muy remota, considerando que es un contrato entre privados y, por otro lado, se ha estimado que la incidencia de Campesino en las tarifas representa solo un 4% del alza total de las mismas, dejando todavía un margen importante de alza que, con todo, rebotará finalmente en la imagen de la titular del Ministerio de Energía.
