MERCADOS
El ahora máximo organismo regulador del sistema financiero chileno pasa por serios aprietos. Su reciente fusión con la Sbif gatilló un inédito paro en la institución, dejando a la banca sin supervisión por cinco días y generando, además, una revuelta paralela en la propia CMF. Todo por asuntos presupuestarios, un flanco crónico para la entidad. Los problemas no cesan: esta semana se declaró desierta una licitación por $120 millones que buscaba la asesoría para una fusión ordenada, pues los oferentes no cumplieron requisitos mínimos, pero en la industria advirtieron que el problema era el monto. En un año de grandes desafíos, su presupuesto aumentó apenas un 2% y, pese a que la Sbif recibe aporte de sus fiscalizados, más del 70% de esa contribución va a otros fines.
La celebración estaba lista, pero la champaña no se destapó. El sábado 1 de junio la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tenía todo preparado para dar el vamos a la absorción de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), uno de los hitos más esperados y emblemáticos dentro del proceso de transformación de la institucionalidad del regulador del sistema financiero en Chile.
Como un león con más dientes se describió a la ex-Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la entidad encargada de fiscalizar el mercado bursátil y a las aseguradoras, que ahora sumaría los bancos para sotemerlos a supervisión. Una señal potente para robustecer a una entidad cada vez con más trajín, a la luz de los distintos y mediáticos casos financieros que le ha tocado sancionar en los últimos años.
De esta forma también se iniciaba la supervisión de conglomerados financieros, que no solo manejan sociedades anónimas que reportan a la CMF, sino que son dueños de poderosas instituciones financieras, como por ejemplo la familia Luksic, controladora del Banco de Chile y una serie de empresas nacionales, como CCU.
Se trata de una nueva óptica de regulación que tiene como objetivo fiscalizar a grupos económicos que tienen empresas en industrias distintas y que, en casos de crisis, pueden desencadenar efectos sistémicos en el mercado.
Todo sonaba bien, pero se aguó la fiesta.
Los primeros síntomas estuvieron a la vista la semana pasada cuando, por primera vez en sus 29 años de historia y con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la Sbif paralizó funciones luego que sus trabajadores se movilizaran al advertir que su fusión con la CMF les causaría perjuicios económicos. A partir del año 2020 su modelo de remuneraciones y bonificaciones sería distinto, similar al que opera actualmente en la CMF, pudiendo causarles un menor salario, del orden del 10%.
[cita tipo=»destaque»]Por cinco días el sistema bancario se quedó sin supervisión, alertando incluso al Banco Central a tomar medidas: «Si esta (movilización) se alarga o no se toman las medidas para mitigar sus efectos, se podrían producir eventuales atrasos de procesos de supervisión/fiscalización», comunicó el ente emisor. La movilización de la Sbif gatilló otro conflicto, luego que ahora los propios trabajadores de la CMF exigieran un trato idéntico a su par bancario en materia de salarios, aduciendo que su perímetro fiscalizador es mayor y sus sueldos, en promedio, son menores entre un 10% y 20%.[/cita]
Las demandas laborales, sin embargo, son solo la punta del iceberg de un problema mayor: el escaso presupuesto de la renovada CMF.
En abril de este año, el organismo había lanzado un concurso público para que una empresa consultora asesorara el complejo proceso de fusión con la Sbif, mismo que terminó desierto. El concurso llamó inmediatamente la atención de la industria, pero en relación con su bajo monto: $120 millones para la difícil tarea de fusionar dos entes públicos enormes y con culturas distintas.
«La CMF llama a presentar ofertas en licitación pública para contratar consultoría para el diseño e implementación de la fase II: proceso de integración administrativa, en el marco de la incorporación de la SBIF a la CMF, de acuerdo a las características que se han definido en las presentes bases administrativas, bases técnicas y sus anexos», reza la convocatoria en Mercado Público.
Salvo Deloitte, ninguna de las llamada «big four» –las cuatro operadoras más grandes de la industria de la consultoría y auditoría, que suman a PwC, E&Y y KPMG– participó del proceso. Las tres ofertas que llegaron a instancias finales, por parte de las empresas CDO Consulting Group, Management Solutions y Gestacción, no se materializaron.
Consultada al respeto, la CMF explicó que «las ofertas recibidas no cumplían los requisitos mínimos y esenciales establecidos en las bases técnicas de la licitación. Por ello, la comisión resolvió declarar inadmisibles las ofertas recibidas en dicha licitación y se encuentra evaluando pasos a seguir para la contratación de este servicio».
Desde la industria, sin embargo, apuntaron como responsable al monto. Es difícil calcular cuánto costaría una consultoría como ésta, pero explicaron que preliminarmente un trabajo así no podría salir en menos de medio millón de dólares (unos $350 millones).
«Los temas de cambio cultural no son fáciles de hacer. Se trabaja fundamentalmente con personas, con culturas distintas y estructuras de remuneración distintos, objetivos y planes estratégicos distintos. Esta incorporación de la Sbif a la CMF es evidentemente compleja», puntualizó un ejecutivo de una conocida auditora.
Los montos para estos procesos varían, agregó el ejecutivo, pues «puede involucrar tecnología o no. En general no son cortos, se extienden en el tiempo y pueden durar de 4 a 6 meses. Por lo tanto, el precio depende de eso. Por otro lado, hay procesos para calcular sinergias de fusiones también. Sin duda uno debiera pensar que habría sinergia económica y de ‘negocio’, porque (respecto a) la fiscalización a los conglomerados financieros, al hacerla en conjunto, habría sinergia en la propia gestión operativa de los entes reguladores».
«Cuando juntas dos instituciones, el éxito sería recoger lo mejor de cada una», precisó.
Algunas de las preguntas por parte de oferentes interesados apuntaban al monto en cuestión, como también a la posibilidad de modificar los hitos de pagos, porque el primero ocurriría aproximadamente después de 2 meses de iniciado el trabajo, luego a los 4 y 8 meses. La respuesta fue rotunda: «No es posible».
Otra fue esta: si en caso que el oferente sea IVA exento, ¿el monto máximo de la oferta económica sigue siendo 120 millones o es menor?, a lo que la CMF respondió que «el tope es de hasta 120 M$ impuestos incluidos» (sic).
«Nosotros somos de un mundo totalmente diferente a ellos. Ellos se basan más en la supervisión de la conducta del mercado y pueden generarse problemas si no se logra resolver esta integración. Esta idea podría quedar en el camino como Inglaterra o en Colombia», advirtió el jefe del gremio que agrupa a los funcionarios de la Sbif, Pablo González.
En efecto, en Inglaterra se fusionaron los reguladores del mercado financiero con el bancario, creando la Financial Services Authority, pero con el paso del tiempo se privilegió el objetivo de supervisar la conducta del mercado, mientras que la solvencia de la banca se descuidó. Tras la crisis de 2008, Inglaterra se vio obligada a nacionalizar una serie de bancos, producto de su estado de insolvencia.
El organismo terminó dividido en la Financial Policy Committee, que supervisa el sistema financiero en su conjunto; la Prudential Regulation Authority, a cargo de la solvencia de bancos y aseguradoras; y la Financial Conduct Authority, a cargo de la regulación de las empresas de servicios financieros.
La torpedeada puesta en marcha de la CMF fusionada con la Sbif, gatilló además otras interrogantes en materia presupuestaria.
Históricamente la Sbif ha sido beneficiada por el aporte que realizan sus propios supervisados, es decir, la banca. La idea de esta política se recoge de principios internacionales desde hace años, pues se espera que un supervisor bancario esté a la «altura» de sus supervisados, por ejemplo para retener talento, entre otras razones. Sin embargo, la mayor parte de esta contribución va al fisco y se destina a otros fines.
En el presupuesto de este año, a la Sbif se le asignaron ingresos por $71.488,8 millones. Pero de ese total, $52.508 millones correspondieron a las contribuciones de los bancos que derivaron en las arcas de la Dipres. En la práctica, la Sbif se quedó para operar este año con $18.980 millones, un presupuesto similar al de la CMF.
Al respecto, Patricio Mac-Ginty, funcionario de la Sbif, explicó que «del aporte que hacen los bancos, un 30% va a los gastos del fiscalizador y el 70% queda para el fisco. Uno de los problemas que se produce con este asunto, es que los principios de fiscalización a nivel internacional señalan que tiene que haber independencia financiera del regulador, lo que en Chile no se cumple».
Los nuevos principios de fiscalización de Basilea III promueven esta vez la separación en el financiamiento del supervisor con los supervisados, sin embargo, este punto quedó fuera del proyecto de la CMF, pues «son varios millones de dólares que el fisco recauda», agregó Mac-Ginty.
Por cinco días el sistema bancario se quedó sin supervisión, alertando incluso al Banco Central a tomar medidas: «Si esta (movilización) se alarga o no se toman las medidas para mitigar sus efectos, se podrían producir eventuales atrasos de procesos de supervisión/fiscalización», comunicó el ente emisor. La movilización de la Sbif gatilló otro conflicto, luego que ahora los propios trabajadores de la CMF exigieran un trato idéntico a su par bancario en materia de salarios, aduciendo que su perímetro fiscalizador es mayor y sus sueldos, en promedio, son menores entre un 10% y 20%.
Y si bien el conflicto encontró este martes una tregua –una vez que el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno; el subdirector de racionalización de la Dipres, Matías Acevedo; el presidente de la CMF, Joaquín Cortez; y representantes de trabajadores del sector, sellaron un protocolo de acuerdo para poner fin al conflicto–, los problemas siguen latentes.
Ese mismo día los trabajadores de la CMF hicieron su propio paro de advertencia, asegurando que si este viernes 7 no obtienen respuestas por parte de la Dipres, también irán a paro. Ahora el mercado bursátil podría quedar, eventualmente, sin supervisión.
Previo a la constitución de la CMF ya había advertencias respecto a que este renovado organismo requeriría una mayor inyección de recursos, tanto para su proceso de transformación como su funcionamiento.
La CMF aumentó el número de autoridades y su planta, pero el fisco les asignó a esta y la Sbif un presupuesto sin grandes variaciones. Y es que este año –crucial para el proceso de transformación de la CMF– no contó con una inyección relevante de recursos: el organismo recibió un 2,2% más que en 2018. El fisco le asignó $18.459,6 millones, poco más de $400 millones que el año pasado.
En 2018, cuando empezó a operar la CMF, contó un 9% más que el presupuesto de la SVS, su antecesora. Fueron $1.487 millones que la Dipres le asignó, pero a una entidad que pasaba de tener una sola autoridad a cinco, creándose además la figura de un fiscal con una crecida área de investigación y fiscalización.
En rigor, la transformación de la SVS en CMF significó la suma de 19 personas más. La planta creció de 347 funcionarios a 366.
Para entonces ya había voces que alertaban que los recursos eran limitados, incluso para sus autoridades. “Para que tenga autonomía financiera y estén los mejores, debieran tener remuneraciones parecidas a las de los consejeros del Banco Central», dijo ya en 2016 Segismundo Schulin-Zeuthen, entonces presidente de la Abif, en un debate organizado por Icare.
Hace unos días, el extitular de la SVS, Fernando Coloma, apuntó a lo mismo: «Hay un tema pendiente a nivel de recursos humanos, la escala de remuneraciones es una bomba de tiempo si no se resuelve rápido», planteó en una entrevista a Diario Financiero.
Un jefe de servicio de la CMF recibe unos $9,5 millones por mes; mientras que un consejero del Banco Central entre 12 y 15 millones de pesos.
«Estamos en una nebulosa porque el gobierno siempre se ha negado a más recursos a estas instituciones», dijo el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Sbif.
