Opinión
Preocupa poderosamente el rumbo adoptado por el retirado general, quien habría roto los cánones de probidad que él mismo puso como argumentos éticos mientras era comandante en Jefe del Ejército. Con su defensa jurídica insiste en demoler instituciones y ponerse en el límite externo de la dignidad, el honor y el respeto a la autoridad y su institución. La investigación de la ministra Rutherford no versa solo sobre pasajes o viáticos mal habidos, sino también sobre fondos que están destinados a la Inteligencia Nacional, es decir, directamente vinculados a la Seguridad Nacional del país.
Controvertido e inédito en la historia judicial del país. El exjefe castrense Humberto Oviedo, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para detener la investigación que lleva a cabo la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por la presunta malversación de fondos reservados desde la Comandancia en Jefe del Ejército. El general (r) debe desvirtuar el uso indebido de unos $4.500 millones de gastos reservados a su cargo como jefe militar, parte sustantiva de los cuales estaban destinados al financiamiento de la Inteligencia Nacional.
Desde enero que la defensa del retirado general Oviedo actúa con el objetivo claro de enredar institucionalmente la investigación judicial y agotar los plazos de la ministra Rutherford hasta, literalmente, sacarla del caso. La apelación al TC –cuyo desempeño institucional se ha desbordado ya de manera inexplicable– ha exacerbado las divergencias jurídicas de este organismo con la Corte Suprema, al punto de existir consenso entre los especialistas que, de no reformarse su composición, competencias y funcionamiento –en especial en relación con el resto de los poderes y órganos superiores del Estado–, la democracia se ve amenazada en sus cimientos.
[cita tipo=»destaque»]Pero donde sus palabras contrastan más duramente con la realidad es cuando sostiene, en el texto, que “llevo una economía ordenada de acuerdo con mis ingresos y responsabilidades, siendo cauteloso y previsor con mis gastos. Rechazo el abuso de poder para la obtención de beneficios privados o personales. Administro con honestidad los bienes fiscales que tengo bajo mi cuidado, rechazando su uso para beneficio personal. Enseño la importancia de la probidad, para mantener la confianza hacia la Institución y sus integrantes. Controlo a mis subordinados, para que sean transparentes en la administración de los bienes materiales bajo su cargo» (p. 43).[/cita]
Pero, sin perjuicio de lo anterior, que por cierto es algo vital para la supervivencia sana de las instituciones democráticas, también preocupa poderosamente el rumbo adoptado por Oviedo, quien habría roto los cánones de probidad que él mismo puso como argumentos éticos mientras era comandante en Jefe del Ejército. Con su defensa jurídica insiste en demoler instituciones y ponerse en el límite externo de la dignidad, el honor y el respeto a la autoridad y su institución.
En efecto, en enero de 2018 y mediante Resolución Exenta N.° 6415/50/21/ DEL CJE, el entonces general publicó el Manual «Ethos del Ejército de Chile», documento oficial en el cual plantea una visión basada en “el imperativo constitucional que exige al Ejército de Chile (…) una visión, misión y valores claramente alineados con la defensa y la seguridad nacional (…)”, con una identidad basada “en el sentido ético y particular compromiso de servicio de la profesión militar” y “la necesidad de contar con un texto doctrinario que funcione como guía estable para la formación valórica y conductual de nuestro capital humano (…)».
Lo que la investigación de la ministra Rutherford deja en evidencia es que ese modelo que propone Oviedo no lo cumple ninguno de los militares investigados, ni él ni su antecesor en la comandancia en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. Esa investigación no versa solo sobre pasajes o viáticos mal habidos, sino también sobre fondos que están destinados a la Inteligencia Nacional, es decir, directamente vinculados a la Seguridad Nacional del país.
Es lo que ella ha estado haciendo, sin que los responsables civiles o el alto mando militar reaccionen con la seriedad que amerita una investigación de hechos –malversar o apropiarse de dineros de la inteligencia nacional– que, de acuerdo a la leyes militares, de ser efectivos, equivalen a alta traición.
No hay que explicarles a los generales lo que ello significa. Lo actuado por quienes se apropiaron de esos dineros pudieron haber dejado sin cobertura a agentes del Estado de Chile o los pusieron en peligro, no se sabe si sustrajeron recursos indispensables para una operación exterior importante, todas acciones de hombres de la inteligencia del Ejército o si, simplemente, lo sustrajeron para propósitos aviesos o criminales que afectan la seguridad del Estado, la de sus subalternos y el bolsillo de todos los chilenos.
Con su actitud, los retirados generales Oviedo y Fuente-Alba se colocan en el borde exterior de la responsabilidad del mando y del honor militar, dejando una estela de daño reputacional a su institución, impropio de quienes ostentaron la máxima jefatura en plena democracia.
En el documento «Ethos del Ejército de Chile», citado más arriba, el general (r) Oviedo insiste en la fortaleza moral y psicológica necesaria para los propósitos militares, destaca “la importancia formativa que tiene el régimen interno de las unidades desplegadas a lo largo del país, en asuntos como la disciplina, el orden, las formas militares, el ejemplo personal de los comandantes”. Se refiere a los “valores y virtudes del militar” como orientaciones prácticas para los comandantes, “quienes son los llamados a reforzarlas en sus pares y subordinados”. Las virtudes son el patriotismo, abnegación, honor, valor, disciplina, lealtad, espíritu de cuerpo, cumplimiento del deber y respeto”, esenciales en la formación del carácter (p. 17).
Pero donde sus palabras contrastan más duramente con la realidad es cuando sostiene, en el texto, que “llevo una economía ordenada de acuerdo con mis ingresos y responsabilidades, siendo cauteloso y previsor con mis gastos. Rechazo el abuso de poder para la obtención de beneficios privados o personales. Administro con honestidad los bienes fiscales que tengo bajo mi cuidado, rechazando su uso para beneficio personal. Enseño la importancia de la probidad, para mantener la confianza hacia la Institución y sus integrantes. Controlo a mis subordinados, para que sean transparentes en la administración de los bienes materiales bajo su cargo» (p. 43)”.
Podría decirse, por razones obvias, que los dineros faltantes se utilizaron efectivamente en inteligencia militar, pero entonces Oviedo no habría requerido ir al Tribunal Constitucional, pues sus cuentas solo tienen que cuadrar con las de la Dirección de Inteligencia y entregar los detalles indispensables a la ministra.
Pero no se trata de esto sino de algo de mucho más fondo. Tanto así, que el manual del general en retiro debiera ser revisado con cierta atención por el Ministerio de Defensa y las autoridades civiles. Obviamente fue redactado sin toma de razón por la Contraloría General (de acuerdo a la Resolución 1600- 2008 de esta) y sin revisión de las autoridades civiles sectoriales, pese a que, entre otras cosas, sostiene que el “Ejército conforma una organización con finalidad ética y sin fines de lucro” (p. 14).
Es decir, no es un servicio público y más bien parece un ente autónomo, tal vez sin reglas de probidad en materia de gasto público. Eso explicaría, en parte, el talante privado con que el general (r) se exhibe frente a la investigación de la justicia sobre su mando.
