El fin de la Transición

Lo vivido en Santiago durante los últimos días se trata probablemente de un fenómeno mucho más complejo que delincuencia generalizada y violencia irracional. Por años se han sucedido una serie de hechos que sugieren que estamos transitando a una nueva forma en que los movimientos políticos entienden la forma de hacer política. Y lo ocurrido recientemente bien podría ser el fin de esta transición.

Tradicionalmente, el poder de influir o vetar en política estuvo concentrado en un grupo muy reducido y relativamente homogéneo. Esto, por lo demás, es una característica generalizada en América Latina, quizás con excepción de Argentina y Brasil. Bajo este esquema de representación política, cuando un grupo organizado quería influir en la marcha del país, normalmente lo hacía por intermedio o a través de los partidos políticos con los que tuviera una mayor afinidad ideológica. Por ejemplo, ante la eventualidad de una reforma tributaria, grupos empresariales buscarían el apoyo de partidos de centro derecha para velar por sus legítimos intereses.

El año 2011, sin embargo, este modelo de representación política comienza a mostrarse insuficiente. La irrupción del movimiento estudiantil ese año marca el primer hito en la necesidad de transitar a un nuevo modelo. Por primera vez un movimiento social decide prescindir de los partidos políticos tradicionales y, en forma exitosa, logra influir decisivamente en la discusión política y ejercer un poder de veto que hasta entonces era exclusivo de un reducido grupo.

Luego vendrían las protestas por el precio del gas en Magallanes, Patagonia sin represas, No + AFP, marchas reivindicatorias de minorías de género, el movimiento feminista, el paro docente, por nombrar solo algunos casos paradigmáticos. Nos encontramos ante el segundo hito de esta transición: una rápida multiplicación de demandas sustantivas promovidas por grupos desorganizados, que muchas veces carecen incluso de liderazgos visibles. Una tras otras, estas demandas tropiezan con un sistema político acostumbrado a únicamente canalizar las demandas de sectores organizados y con una clase política que no ha sabido darles representación.

Podría reprocharse que el movimiento estudiantil del 2011 se organizó posteriormente como una agrupación de partidos políticos, el Frente Amplio. Que esta nueva coalición tiene una vocación de canalizar estas nuevas demandas. Pero la institucionalización del movimiento estudiantil revela que este fue solo parte de este periodo de transición. Enfrentado al dilema de darle continuidad a la legitimidad adquirida ante la ciudadanía, el movimiento estudiantil decide recurrir a las formas tradicionales del modelo de representación política y competir bajo las lógicas de este.

Mientras todo esto ocurría, el desprestigio –y, por qué no decirlo, desprecio– por la clase política se ha vuelto generalizado. Aquí nos encontramos, hoy, en el tercer hito de la transición: pareciera ya no ser necesario para los movimientos sociales tener que institucionalizarse, como ocurrió con el Frente Amplio, ni depender de la clase política; basta protestar hasta alcanzar el propósito buscado. Más importante aún, para quienes protestan es indiferente quién tenga una mayoría parlamentaria o esté en La Moneda. Su relación con el poder es puramente instrumental.

Es importante entender que esta encrucijada institucional no se solucionará bajando el precio del transporte público o con el mea culpa de uno u otro ministro. Se trata de un problema mucho más profundo: el sistema de representación política está evidenciando cada vez con mayor frecuencia una incapacidad para encauzar las demandas sociales, por dramáticas que sean. Y en nada le favorece a la clase política que, cuando ocurren estos estallidos sociales, facciones de ella buscan irresponsablemente reivindicar o solidarizar con estos movimientos. Debieran entenderlo: para quienes protestan, ellos se han vuelto irrelevantes.