jueves, 24 de septiembre de 2020 Actualizado a las 01:52

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Llamado para un marco presupuestario justo para la ciudadanía actual y futura

Llamado para un marco presupuestario justo para la ciudadanía actual y futura
Necesitamos aprovechar el momento histórico actual, no para reenganchar la economía y el Estado con fórmulas tradicionales, sino para modernizar nuestro país y nuestro sector público. Los acuerdos políticos para ello deberían lograrse ahora, justo cuando se compromete un nuevo endeudamiento del país. Entonces, junto con acordar cifras del gasto público a nivel macro –volando en lo alto–, la invitación es aterrizar reformas en lo micro también, para un mejor gasto y para una reactivación sostenible y transparente. Porque no es justo para la ciudadanía aumentar la deuda pública para financiar tanto ineficiencias existentes como futuras.
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Hace poco, el ministro de Hacienda convocó a un grupo transversal de economistas con el objetivo de generar un conjunto de recomendaciones y avanzar hacia un acuerdo nacional frente a la crisis económica, social y sanitaria. Esta semana, el grupo ya entregó una primera propuesta que puede considerarse una señal positiva. Las recomendaciones que se entregaron implicarían mantener el nivel del gasto público en vez de reducirlo. De implementarse, la deuda pública bruta aumentaría desde el 28% del PIB en 2019 a 43% en 2022.

Se entiende que el grupo de expertos ha centrado sus esfuerzos en lo que consideran urgente: el apoyo inmediato a familias y empresas, a través de un paquete fiscal de 12 mil millones de dólares para los próximos 24 meses. La propuesta se entiende también como un estímulo macroeconómico. Siendo esto aplaudido, desde un punto de vista financiero –no solo macroeconómico– consideramos que el acuerdo será integral cuando se base en la debida transparencia fiscal y, además, logre definir un compromiso explícito para mejorar el gasto público ya existente.

De hecho, justo cuando los estados gastan recursos de los contribuyentes en niveles históricos, es también el momentum para comprometer reformas estructurales frente a la ciudadanía, tal como diversos economistas en el plano internacional proponen, entre ellos, Mariana Mazzucato o Joseph Stiglitz. En Chile, los ejes de estas modernizaciones deberían acordarse ahora, como parte del acuerdo nacional, para ir implementándose a lo largo de los próximos años.

La propuesta es condicionar un mayor endeudamiento con fondos de todos los ciudadanos, contra mayor transparencia fiscal y reformas pendientes que benefician a los ciudadanos. Una pregunta relacionada es cómo invertir los nuevos fondos comprometidos para la reactivación. Desde la Comisión de Gasto Público no nos compete tomar una posición al respecto, pero sí nos compete hacer recomendaciones para que el gasto considere las necesidades ciudadanas y sea eficiente. En este mismo sentido, será un imperativo no solo gastar fondos públicos en una “reactivación”, sino también impulsar una “reactivación sostenible” de la economía. Como ejemplo, destaca la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien denominó al gran paquete de apoyo para la reactivación en la Unión Europea "Next Generation", reconociendo que no se pueden asumir deudas en nombre de las futuras generaciones, para financiar economías que no se harán cargo de los problemas medioambientales del futuro.

Nuestro país requiere de un conjunto de reformas a la gestión del sistema de salud pública, al empleo público y al sistema presupuestario público. Respecto de este último, la Ley de Presupuestos sigue arrastrando deficiencias históricas, como programas presupuestarios que carecen de objetivos, metas y medición de resultados.

En paralelo, existen programas gubernamentales que explican aproximadamente la mitad del gasto público del Gobierno Central. De cierta forma, cuentan con objetivos e indicadores, pero sin estar asociados a la Ley de Presupuestos o a la contabilidad pública. Como resultado, sigue siendo imposible evaluar de forma certera y sistémica su costo-efectividad. Por otro lado, el gasto de capital tampoco cuenta con una clara definición de sus objetivos, limitando posteriormente un seguimiento de su desempeño según el valor que agregan para la ciudadanía.

El Ejecutivo está consciente de estas fallas y se encuentra trabajando en propuestas de mejoras. Pero, en paralelo, vemos también cómo Chile sigue bajando en los rankings internacionales de transparencia presupuestaria y participación ciudadana, estando en ambos aspectos detrás de varios países de la región, por no tener acuerdos políticos a nivel estructural para abordar sus deficiencias. Eso es grave, en especial porque vivimos momentos donde los ciudadanos exigen estar mejor informados y más involucrados en las decisiones públicas, lo que debería incentivar una reforma al sistema presupuestario.

Justo por ello, asombra la propuesta de los economistas de crear un fondo extrapresupuestario para ejecutar los gastos de la emergencia. Como indica también el FMI, estos fondos contradicen los principios de buena gestión de Gobierno y de transparencia, generalmente aceptados.

En otras palabras, la propuesta es condicionar un mayor endeudamiento con fondos de todos los ciudadanos, contra mayor transparencia fiscal y reformas pendientes que benefician a los ciudadanos. Una pregunta relacionada es cómo invertir los nuevos fondos comprometidos para la reactivación. Desde la Comisión de Gasto Público no nos compete tomar una posición al respecto, pero sí nos compete hacer recomendaciones para que el gasto considere las necesidades ciudadanas y sea eficiente. En este mismo sentido, será un imperativo no solo gastar fondos públicos en una “reactivación”, sino también impulsar una “reactivación sostenible” de la economía. Como ejemplo, destaca la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien denominó al gran paquete de apoyo para la reactivación en la Unión Europea "Next Generation", reconociendo que no se pueden asumir deudas en nombre de las futuras generaciones, para financiar economías que no se harán cargo de los problemas medioambientales del futuro.

De esta manera, también para Chile, la sostenibilidad debe ser un imperativo ético a incluirse en el conjunto de medidas de reactivación. Adicionalmente, una reactivación sostenible abrirá la puerta hacia financiamientos a tazas más interesantes y generaría beneficios sociales incalculables. La descontaminación del aire, por ejemplo, implicaría considerablemente menos consultas médicas y, así, no solo menos gasto público en salud, sino ante todo mayor bienestar de los ciudadanos.

Necesitamos aprovechar el momento histórico actual, no para reenganchar la economía y el Estado con fórmulas tradicionales, sino para modernizar nuestro país y nuestro sector público. Los acuerdos políticos para ello deberían lograrse ahora, justo cuando se compromete un nuevo endeudamiento del país. Entonces, junto con acordar cifras del gasto público a nivel macro –volando en lo alto–, la invitación es aterrizar reformas en lo micro también, para un mejor gasto y para una reactivación sostenible y transparente. Porque no es justo para la ciudadanía aumentar la deuda pública para financiar tanto ineficiencias existentes como futuras.

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