Opinión
El manejo de la pandemia ha demostrado que la democracia y las instituciones políticas están en riesgo. Los errores cometidos por este Gobierno en materia sanitaria y económica han dejado en la total desprotección a la ciudadanía, en particular a los más pobres, debido a las malas decisiones tomadas al inicio de la crisis sanitaria. Este hecho traerá costos para el itinerario constitucional que se avecina, ya que la crisis económica y sanitaria impactará directamente en la participación electoral, cuyos niveles de participación ya son muy bajos en el marco del voto voluntario, pues los sectores más pobres y precarizados son los que menos participan.
El COVID-19 está tomando alcances inusitados, no solo a través de los lamentables decesos de familiares, amigos, conocidos e incluso personal de la salud, sino también en la reacción de las instituciones, los gobiernos y cómo la democracia puede verse en peligro ante una crisis sanitaria de esta envergadura.
Resulta importante destacar cómo a través de las medidas de confinamiento extremas en las distintas partes del mundo, así como también el control de la información, se va entregando más poder a los estados en desmedro de la ciudadanía. Ejemplo de ello son los países asiáticos, que han tomado el control de la pandemia y trazos de infectados a través del uso de datos móviles. Sobre esto, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han lo ha advertido, así como también el filosofo italiano Giorgio Agamben, en que la “excepcionalidad del Estado” se volverá costumbre.
Por otro lado, la crisis sanitaria ha acarreado profundos cuestionamientos al concepto de Estado. Aquellas teorías liberales que afirmaron su creación para proteger la vida y la propiedad de las personas y que dieron paso a la construcción del Estado moderno, no ha sido capaz de proteger la vida de las personas, ya que la mayoría de los sistemas sanitarios en el mundo colapsaron, por cierto el chileno no es la excepción, pero además ha traído como consecuencia una crisis económica, que ha afectado en mayor medida a la población precarizada, por lo tanto, este proyecto de Estado no ha protegido ni la vida ni la propiedad de las personas.
[cita tipo=»destaque»]Es más, permite poner en duda la capacidad de los tomadores de decisiones actuales para conocer la precariedad en la que vive la población chilena, y es contradictorio que se requiera alcanzar un gran acuerdo nacional para que se suban los montos de las transferencias a las familias de $65 mil a $100 mil por tres meses, otorgar exenciones tributarias a las pymes, las que han sido afectadas por la crisis económica. A pesar de ello, el acuerdo contiene algunos temas a los que habrá que poner atención en la discusión legislativa: 1) la flexibilización de las normas ambientales para “reactivar la economía”; 2) no contempla perspectiva de género, de hecho, no se incluyó el postnatal de emergencia; y 3) se habla de acelerar procesos de concesiones, puntos en los que hay que poner mucha atención.[/cita]
La crisis ha develado la instalación de otras formas de gestión territorial basadas en negocios oscuros que han ocupado territorios como el narcotráfico, cuya relevancia se ha dejado notar en frágiles sistemas políticos como en Italia y Brasil, la entrada de las mafias tanto a colaborar económicamente con la población como el caso italiano y a actuar con medidas sanitarias más restrictivas de cuarentena en las favelas de Río de Janeiro, poniendo en el centro el asunto de la capacidad estatal y la crisis del bienestar, en sociedades tan frágiles como las latinoamericanas. Es más, grandes potencias, como Estados Unidos, demostraron un muy pobre manejo de la crisis.
Ahora bien, el caso de Chile resulta paradójico. En un principio sus autoridades exhibían números positivos y planes para afrontar la crisis sanitaria, porque se habrían “adelantado” para ello. Durante los meses de marzo y abril se instala la incertidumbre de la pandemia. Los municipios actuaron activamente, suspendiendo clases y la propia población optó por confinamientos voluntarios, adelantándose a la autoridad política. De inmediato comenzó a deteriorarse la actividad económica. Como respuesta, el Gobierno ideó planes como la “Ley de Protección del Empleo” que acabó por aliviar al empresariado, pero que trajo altos costos para la población, ya que el Gobierno optó por medidas neoliberales focalizadas, por lo tanto, los trabajadores han estado pagando los costos de la crisis, pues han debido usar su seguro de cesantía para cubrir su falta de salario.
De manera inmediata, un importante número de trabajadores observó su situación económica desmejorada y la clase media cayó a la pobreza, sin previo aviso. Esa misma que tanto enorgullecía a los tomadores de decisiones gubernamentales, tanto de la ex Concertación como de la propia coalición gobernante, está constatando los efectos de la fragilidad de las políticas sociales y de la vulneración a su dignidad laboral, con respaldo del sistema de partidos en su conjunto. De hecho, quedó en evidencia la fragilidad de la llamada “red de protección social”, que al parecer era más mito que realidad.
En esta misma línea, alcaldes como Sadi Melo propusieron el Ingreso de Emergencia, pues se avizoraba que la crisis sanitaria, cuando se trasladara a los sectores más vulnerables del país, iba a requerir medidas estrictas de cuarentenas y la gente pobre, que vive al día, la única forma de poder mantenerla en su casa sería con un ingreso que asegurara niveles mínimos de bienestar, como alimentos.
Como respuesta, el Gobierno ingresó el proyecto, que en un principio consistía en un bono de 50 mil pesos por persona para un núcleo familiar de 4 integrantes de una duración de 3 meses, en que el primer mes las familias recibirían el 100%, el segundo mes el 85% y el tercer mes el 70% de los montos. Gracias a la acción de la oposición, el monto logró subirse un poco, alcanzando los $65 mil, no obstante ante el rechazo y la necesidad de incrementar la transferencia, el Gobierno decidió imponer su criterio y –reforzado por la labor de los “halcones” Sebastián Sishel y Felipe Ward y la acción del veto presidencial– mantuvieron el monto reajustado sin posibilidad de que la oposición pudiera negociar un poco más su incremento.
Como resultado, el Ingreso de Emergencia se hizo insuficiente y el Gobierno creó un programa extra, ya que la gente comenzó a protestar, pues el hambre llegó a las comunas más pobres del país. Fue así como fue creado el programa Alimentos para Chile y comenzaron a repartir cajas con alimentos. Política pública que ha resultado poco eficiente, tanto por el contenido de la caja, ya que los alimentos son insuficientes en niveles nutricionales en cantidad, como por la falta de perspectiva de género (no incluyeron toallas higiénicas, productos de aseo, ni preservativos). Es más, la logística ha resultado muy lenta y aún no se concluye por distribuir 2.5 millones de estas. Asimismo, se adquirieron las cajas a precios muy por sobre el valor de mercado y la política pública terminó por beneficiar a las grandes cadenas de supermercados, perjudicando a los comercios locales, quitó autonomía a las familias para decidir sobre su consumo, y no permitió dinamizar el comercio barrial y territorial.
A esto sumamos el nombramiento de Macarena Santelices, quien no tenía conocimientos técnicos sobre la temática de la equidad de género ni menos compromiso político con el tema, fue incapaz de incorporar perspectiva de género tanto a la discusión del Ingreso de Emergencia –cuyas beneficiarias son mayoritariamente mujeres– ni tampoco fue capaz de instalar perspectiva de género en las cajas de alimentos. Solo se dedico a generar conflictos innecesarios al Gobierno, concluyendo luego de 34 días su paso por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
A todo lo anterior, es necesario agregar el mal manejo de la crisis sanitaria. Alejandra Matus, a fines del mes de abril, a través de su cuenta de Twitter, informó acerca de la falta de prolijidad en el conteo de los decesos, debido a que cuestionó la metodología con la que se estaba informando el número de fallecidos por COVID-19. Esto quedó demostrado el sábado 13 de junio, cuando Ciper Chile reveló la falta de transparencia de los datos, pues la información real de las cifras las estaba llevando el Departamento de Estadísticas del Minsal, que ya contabilizaba alrededor de 5.200 muertes y no las 2.870 informadas por la autoridad sanitaria. Esto hecho, le costó la salida a Jaime Mañalich, quien fue reemplazado por el Enrique Paris.
El Gobierno ante todos estos cuestionamientos invitó a la oposición a sentarse a la mesa. Cabe decir que no todos concurrieron al llamado, porque no todos los partidos fueron invitados (el PC, Convergencia Social, Comunes, estuvieron ausentes y RD decidió bajarse a última hora). La propuesta consistía en conversar sobre la posibilidad de hacer un gran acuerdo nacional para salir de la crisis. Este hecho se concretó la madrugada del domingo 14 de junio. Sin embargo, resulta equivocado revestir de épica la acción de negociar, cuando se le pide a la política precisamente como mínimo ponerse de acuerdo.
Es más, permite poner en duda la capacidad de los tomadores de decisiones actuales para conocer la precariedad en la que vive la población chilena, y es contradictorio que se requiera alcanzar un gran acuerdo nacional para que se suban los montos de las transferencias a las familias de $65 mil a $100 mil por tres meses, otorgar exenciones tributarias a las pymes, las que han sido afectadas por la crisis económica. A pesar de ello, el acuerdo contiene algunos temas a los que habrá que poner atención en la discusión legislativa: 1) la flexibilización de las normas ambientales para “reactivar la economía”; 2) no contempla perspectiva de género, de hecho, no se incluyó el postnatal de emergencia; y 3) se habla de acelerar procesos de concesiones, puntos en los que hay que poner mucha atención.
El manejo de la pandemia ha demostrado que la democracia y las instituciones políticas están en riesgo. Los errores cometidos por este Gobierno en materia sanitaria y económica han dejado en la total desprotección a la ciudadanía, en particular a los más pobres, debido a las malas decisiones tomadas al inicio de la crisis sanitaria. Este hecho traerá costos para el itinerario constitucional que se avecina, ya que la crisis económica y sanitaria impactará directamente en la participación electoral, cuyos niveles de participación ya son muy bajos en el marco del voto voluntario, pues los sectores más pobres y precarizados son los que menos participan.
La confianza en las instituciones quedará por el suelo luego del ocultamiento de información, y la pérdida completa del bienestar social de la población chilena. Es altamente probable que el daño a la democracia y a las instituciones políticas que le ha causado este gobierno resulte dramáticamente irreparable.
