Opinión
La tramitación con discusión inmediata en el Senado del proyecto de ley de Migración y Extranjería, de seguir curso en las condiciones en que se encuentra el texto actualmente, vendría a reemplazar una norma dictada en un escenario de excepcionalidad dictatorial –el Decreto Ley 1.094 de 1975– por otra aprobada en un escenario de excepcionalidad pandémica, con una ciudadanía cuarentenada, sin escuchar las demandas de los principales implicados por aquello que la norma regularía: los propios migrantes.
Hay una cita que sintetiza con claridad contundente el punto al que me quiero referir: «Que el documento de nacionalidad que uno porte determine las expectativas vitales resulta tan injusto como que lo haga la extracción social, la filiación religiosa o el color de la piel, criterios todos ellos que han quedado desacreditados” (Velasco, 2016). El argumento es, desde mi punto de vista y el de muchos que nos hemos movilizado ante esta coyuntura, inobjetable.
La coyuntura a la que me refiero es la tramitación con discusión inmediata en el Senado del proyecto de ley de Migración y Extranjería, que, de seguir curso en las condiciones en que se encuentra el texto actualmente, vendría a reemplazar una norma dictada en un escenario de excepcionalidad dictatorial –el Decreto Ley 1.094 de 1975– por otra aprobada en un escenario de excepcionalidad pandémica, con una ciudadanía cuarentenada, sin escuchar las demandas de los principales implicados por aquello que la norma regularía: los propios migrantes.
[cita tipo=»destaque»]Este Gobierno llegó anunciando que venía a “ordenar la casa” en materia migratoria, recurriendo a discursos facilistas y simplificadores, a la utilización antojadiza de datos para instalar temores y rechazo en la población nacional. Este proyecto de ley que el oficialismo busca aprobar muestra cuál es ese orden que se busca, el que esconde en el cuarto de los cachureos aquello que se usa solo cuando hace falta. Pero los migrantes no somos recursos humanos a los que recurrir cuando la economía lo demanda, somos personas con trayectos biográficos, con sueños y afectos, somos seres humanos con derechos y somos ciudadanos. El lugar donde nacimos o el documento de identidad que portamos, no cambian ninguna de esas condiciones.[/cita]
Además, sobre todo lo haría incumpliendo distintas obligaciones establecidas en tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y no respetando los derechos fundamentales que la Constitución garantiza a todas las personas, como han estado denunciando organizaciones de migrantes, académicos y expertos vinculados al tema. El listado de derechos vulnerados es extenso y va desde la igualdad de acceso a los derechos sociales hasta el desconocimiento del principio de no devolución de personas cuya vida corra algún riesgo.
Quiero detenerme en un punto que resulta aparentemente conflictivo frente a la sociedad receptora, porque se ha utilizado para animar actitudes antiinmigratorias en tiempos en que la búsqueda de chivos expiatorios para las problemáticas sociales que se han vuelto indisimulables, está a la orden del día. Me refiero al derecho de todo migrante de acceder a mecanismos apropiados de regularización sin ningún tipo de discriminación y la consecuente obligación del Estado de proveerlos. El desconocimiento de este derecho es justamente la forma en que se concreta la injusticia a la que aludí al principio.
El proyecto de ley que se está tramitando con suma urgencia en el Congreso toma exactamente el camino contrario a este principio, establecido en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado de Chile en 2005 (artículo 69.1). Es decir, el proyecto en cuestión crea una serie de obstáculos que empujan a la población migrante a la irregularidad: la visa consular, la imposibilidad de cambiar de categoría migratoria estando en el territorio nacional, además de abrir camino para establecer un sistema de visado con categorías selectivas y, por lo tanto, discriminatorias.
Diferentes voces oficiales han procurado llevar esta discusión por dos vías. Por un lado, asociando la irregularidad con ilegalidad, vinculando burdamente migraciones con la delincuencia organizada transnacional, dos fenómenos sociales totalmente distintos. Por el otro, azuzando el fantasma de la invasión: el país se llenará de migrantes, dicen estas voces, cuando la evidencia internacional ha demostrado que eso no ocurre.
La ley de migraciones de Argentina, por ejemplo, de carácter garantista –reconoce explícitamente el derecho a migrar, entre numerosos derechos– no implicó un aumento de los flujos migratorios al país, porque estos se generan por otras razones y tampoco los detienen los obstáculos regulatorios, que lo que logran más bien es aumentar las vías irregulares de migración, algo que también ha mostrado la evidencia empírica, incluso la de Chile. En definitiva, es el propio Estado, con leyes como la que se intenta aprobar en el Parlamento en estos días, el que produce la irregularidad.
Este Gobierno llegó anunciando que venía a “ordenar la casa” en materia migratoria, recurriendo a discursos facilistas y simplificadores, a la utilización antojadiza de datos para instalar temores y rechazo en la población nacional. Este proyecto de ley que el oficialismo busca aprobar muestra cuál es ese orden que se busca, el que esconde en el cuarto de los cachureos aquello que se usa solo cuando hace falta. Pero los migrantes no somos recursos humanos a los que recurrir cuando la economía lo demanda, somos personas con trayectos biográficos, con sueños y afectos, somos seres humanos con derechos y somos ciudadanos. El lugar donde nacimos o el documento de identidad que portamos, no cambian ninguna de esas condiciones.
