MERCADOS|OPINIÓN
Considerando las barreras comerciales como aranceles, cuotas, precios de referencia, licencia de importación, permisos, certificados sanitarios y otros obstáculos al comercio existentes en la región, sumado esto a la propia emergencia sanitaria que restringe los intercambios y favorece el consumo de productos locales, debemos prepararnos desde ya para el periodo de pospandemia, a través del urgente diseño de una estrategia que apunte a promover y revertir la caída que ha tenido nuestro comercio regional. Nuestra Cancillería debe jugar un rol protagónico en las iniciativas que apuntan a una integración regional en los tiempos que seguirán a la pandemia. Por ello, es fundamental ponernos a trabajar entre todos de una manera cooperativa y dinámica.
Diversos estudios que han analizado los procesos de integración latinoamericana sostienen que entre las causas que explican el por qué los Estados de la región han fallado en encontrar un modelo que haga realidad esta aspiración, que data desde la década de los sesenta y que estuvo inspirada en la Comunidad Económica Europea y que ya tiene alrededor de 15 intentos sin éxito, figuran la incapacidad de armonizar políticas económicas y comerciales y el temor a ceder soberanía en tales campos. Falta de pragmatismo y excesiva ideologización; escasez de infraestructura crítica, lo que se traduce en una débil conectividad, gran extensión geográfica, inestabilidad política, crisis económicas; pobreza estructural y discriminación étnica, interferencias foráneas, entre las más relevantes.
La actual pandemia sanitaria que enfrenta el planeta y que ha golpeado fuertemente en los países de la región y, por ende, a sus políticas públicas, ha profundizado la debilidad que presenta el actual sistema de integración al restringirse el libre tránsito, el intercambio comercial y el mercado del trabajo fundamentalmente. De acuerdo con proyecciones de Cepal, la pandemia incidirá en la pérdida de muchos millones de empleos en Latinoamérica y el valor de las exportaciones regionales disminuirá en un 23% durante este año, provocando el peor desempeño en ochenta años. Por su parte, las importaciones caerán un 25%, la peor cifra en cuarenta años y superior a la registrada durante la crisis financiera de los años 2008 y 2009.
Ante este preocupante panorama, este organismo internacional ha señalado que es fundamental profundizar la integración regional y subregional y que, para ello, es necesario “impulsar cadenas de valor en sectores estratégicos aprovechando la escala que ofrece un mercado de 650 millones de habitantes, promover la agenda de comercio sin papeles y un mercado común digital, reducir la vulnerabilidad de la región ante shocks externos y generar una interlocución más simétrica con Estados Unidos, China y Europa”.
[cita tipo=»destaque»]La industria del turismo ha sido una de las más afectadas mundialmente con el COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, se estima que las llegadas de turistas internacionales a nivel global podrían disminuir entre un 58% y un 78% en 2020 y la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé una perdida del 1,5% al 2,8% del PIB mundial y en América Latina podría aún ser mayor dicha caída. El turismo es la tercera exportación más importante en el planeta y en 2019 representó el 7% del comercio mundial. Todos sabemos del fuerte impacto que ha tenido en el transporte aéreo y terrestre, en la hotelería, la gastronomía y el comercio relacionado, y muchos de los trabajadores de este sector se encuentran en la economía informal o en las pequeñas y medianas empresas que emplean a una alta proporción de mujeres y jóvenes, como lo sostiene un reciente informe dado a conocer por el secretario general de la ONU, António Guterres.[/cita]
Frente a dicha realidad, el organismo económico de Naciones Unidas plantea un derrotero nada fácil de lograr y de una gran complejidad para los países de la región, sumergidos en fuertes endeudamientos fiscales y en altas tasas de desempleo, lo que exige priorizar las cuentas nacionales para afrontar este periodo de pandemia antes que invertir en mejorar sus infraestructuras, disminuir los controles migratorios y aduaneros y, en definitiva, promover mayores espacios de cooperación regional.
No obstante, para quienes seguimos creyendo en la imperiosa necesidad de integrarnos como una forma cooperativa de mejorar nuestra calidad de vida, pensamos que países como el nuestro tienen la responsabilidad y el desafío de hacer frente a esta crisis sanitaria, a través de la implementación de imaginativas políticas públicas a la salida de la pandemia, período que todos esperamos llegue pronto y que apunten a la recuperación de nuestras economías y otras que idealmente propendan a mejorar nuestra integración regional. Entre estas, se visualizan algunas que pudiesen ser aggiornadas o reformuladas, como: el comercio intrarregional, la transformación digital y el turismo integrado y seguro, entre otros.
Este apunta a estimular las transacciones que se lleven a cabo entre productores y consumidores finales de una misma región, disminuyendo los efectos negativos del marco económico global en que dicho intercambio se produce. Según algunos especialistas, este tipo de comercio fortalece a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que promueve el desarrollo de las regiones y la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Si tomamos el ejemplo de la Unión Europea –500 millones de personas que generan el 25% del PIB mundial– podemos observar que más del 60% del intercambio comercial se realiza entre países miembros de dicho bloque, a diferencia del caso de América Latina, que no sobrepasa el 20%.
Considerando las barreras comerciales como aranceles, cuotas, precios de referencia, licencia de importación, permisos, certificados sanitarios y otros obstáculos al comercio existentes en la región, sumado esto a la propia emergencia sanitaria que restringe los intercambios y favorece el consumo de productos locales, debemos prepararnos desde ya para el periodo de pospandemia, a través del urgente diseño de una estrategia que apunte a promover y revertir la caída que ha tenido nuestro comercio regional.
Ante ello y reconociendo la importancia que para nuestro comercio exterior tienen los megamercados como China, EE.UU., la Unión Europea –que fueron estimulados en los últimos años por una serie de acuerdos de libre comercio de última generación (TLC) suscritos por nuestro país, incluidos los de la Alianza del Pacífico, y el TLC con Centroamérica–, en forma similar debiésemos iniciar con premura un proceso de negociación para actualizar los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) y los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) que Chile suscribió, en el marco de la ALADI, en la década de los noventa y primeros años de este siglo con los países de nuestra región: Mercosur, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba.
La mayoría de estos acuerdos carecen de dinamismo, no cubren el universo de nuestra oferta exportable y tienen un alcance más limitado que los TLC y, en general, apuntan a reducir los aranceles de una lista de productos negociados bilateralmente y, en otros casos, como los ACE, a otorgar concesiones y ventajas asimétricas a países de menor desarrollo relativo. Hoy se hace necesario actualizarlos.
Hasta junio del 2019, América Latina, con una población de 650 millones, contaba con 450 millones de usuarios de internet. Lo anterior nos indica que al inicio de la pandemia del COVID-19 (marzo 2020), aproximadamente doscientos millones de habitantes en la región no estaban integrados a la red digital y alrededor del 33% de los hogares de la región no contaba con servicio de internet.
Durante esta pandemia se ha podido constatar que la brecha digital en la población latinoamericana ha sido una de las principales causas de la pérdida de millones de empleos, al no poder integrar a esos trabajadores al mundo laboral del teletrabajo por carecer de un computador y de una red de internet. Otro gran porcentaje de los estudiantes en edad escolar y también universitarios pueden perder el año académico 2020 por el mismo motivo. El 46% de los niños de entre 5 y 12 años de la región vive en hogares que no están conectados a internet, lo que implica que en los países en que se cuenta con información hay 31 millones de niños y niñas excluidos del sistema educativo durante la pandemia.
Los primeros se enfrentan al drama de la subsistencia y se encuentran al arbitrio de las ayudas y de los subsidios estatales. Los segundos han perdido un año en la carrera del conocimiento y del progreso humano.
A este respecto, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ha señalado que “la diferencia entre los estratos económicos más altos y bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza las desigualdades socioeconómicas”.
Esta problemática digital ha develado al mismo tiempo que millones de latinoamericanos, incluidos los chilenos, no cuentan tampoco con acceso electrónico a la telemedicina, a los telemercados, a las redes de farmacias ni bancarias, ni a los sistemas previsionales y que cualquier gestión burocrática la deben obligatoriamente realizar en forma presencial, con el peligro que representa hoy desde el punto de vista sanitario.
A lo anterior, se une el impacto negativo que esta carencia digital tiene para nuestras economías en general y particularmente para las pequeñas y medianas empresas que, al mismo tiempo, son las principales generadoras de empleos.
Para abordar esta realidad, existe hoy una estrategia digital para América Latina y el Caribe contenida en la agenda eLAC2020, impulsada por Cepal y la Corporación Andina de Fomento (CAF) que debiésemos ejecutar a la brevedad y que abarca la infraestructura digital, la transformación digital y economía digital; mercado digital; gobierno digital; cultura, inclusión y habilidades digitales; tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible y gobernanza para la sociedad de la información.
Sin perjuicio de aplaudir esta agenda y de compartir la necesidad que tienen los países de la región de dotar a sus ciudadanos de un amplio acceso de conexión digital con el mundo desarrollado, se requiere adicionar a esta iniciativa de una institucionalidad robusta en materia de ciberseguridad y de protección de datos. Ello, con el propósito de disminuir los riesgos que para los internautas pudiese representar un accionar malicioso en el campo de la economía digital y de la utilización de datos personales.
Por otra parte, y como sería muy largo referirse al contenido de cada una de estas áreas de desarrollo digital, baste solo señalar que la pandemia reveló las graves falencias de los ciudadanos de nuestra región en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y que nuestros gobiernos tienen la responsabilidad de disminuir la brecha digital que existe entre los latinoamericanos y con relación a los países desarrollados.
Sabemos que se trata de un proceso largo y ambicioso, que requiere de un afinada coordinación y cooperación regional y que está condicionado por la situación económica por la que atraviesa la región, pero debemos actuar con la mayor celeridad posible. Países como Chile, junto con Panamá, Uruguay, México y Costa Rica, que encabezan el ranking de mayor cobertura digital de banda ancha en nuestra región, tienen la capacidad de liderar esta cruzada.
La industria del turismo ha sido una de las más afectadas mundialmente con el COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, se estima que las llegadas de turistas internacionales a nivel global podrían disminuir entre un 58% y un 78% en 2020 y la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé una perdida del 1,5% al 2,8% del PIB mundial y en América Latina podría aún ser mayor dicha caída. El turismo es la tercera exportación más importante en el planeta y en 2019 representó el 7% del comercio mundial. Todos sabemos del fuerte impacto que ha tenido en el transporte aéreo y terrestre, en la hotelería, la gastronomía y el comercio relacionado, y muchos de los trabajadores de este sector se encuentran en la economía informal o en las pequeñas y medianas empresas que emplean a una alta proporción de mujeres y jóvenes, como lo sostiene un reciente informe dado a conocer por el secretario general de la ONU, António Guterres.
Por su alcance global e interconexión cultural y económica, dicha problemática merece un tratamiento urgente de parte de nuestros gobiernos que enfrentarán el desafío de recomponer esta importante actividad en un contexto de recesión económica. Por ello, el sector público y también el privado tendrán que repensar la forma que tendrá este turismo en la pospandemia, considerando que este deberá ser menos masivo, más seguro en lo sanitario y más responsable por el medio ambiente, incluso si se dispusiera de vacunas efectivas en 2021.
Este turismo, deberá contar con una mayor y mejor información, idealmente online, sobre las ofertas hoteleras, gastronómicas, culturales y patrimoniales disponibles. No solo en las grandes ciudades sino que especialmente en aquellos corredores turísticos terrestres que es probable tengan un mayor número de visitantes, considerando las limitaciones económicas en la pospandemia, que harán que los viajes sean más breves y más cercanos a los lugares de origen de los turistas, quienes, además, por razones presupuestarias podrían privilegiar el transporte terrestre –autobuses y vehículos particulares– por sobre el transporte aéreo, pese a las grandes distancias de recorrido que impone nuestra geografía. Al mismo tiempo, los turistas podrían contar con información sobre las distintas medidas de bioseguridad que han adoptado los restaurantes, hoteles, paradores, campings, etc., en el trayecto a recorrer, así como con cartillas informativas respecto de la localización de las unidades de apoyo sanitarias.
A nivel gubernamental, la promoción turística podría aprovechar las sinergias que ofrecen los corredores turísticos existentes en nuestra región, lo que permitiría ofrecer estos servicios a nivel global de manera conjunta en ferias internacionales como Madrid, Frankfurt y otras, con una folletería única y medios audiovisuales complementarios con el consiguiente ahorro de recursos.
Aprovechando la riqueza escénica cultural y patrimonial, así como la fauna y la flora de nuestro continente, no solo los gobiernos centrales sino, más importante, los gobiernos regionales y operadores turísticos privados, están dispuestos a unirse para promover y desarrollar de manera integrada diversos corredores turísticos existentes, como por ejemplo La Ruta del Inca entre Ecuador, Perú, Bolivia, noreste de Argentina y norte de Chile; las iglesias coloniales altiplánicas; Arica-Lago Chungará-La Paz en el Norte Grande; el Observatorio Alma, San Pedro de Atacama con el Salar de Uyuni en Bolivia y el Cusco en Perú; el Parque Provincial de Ischigualasto en San Juan-Argentina, importante reserva paleontológica, con el Valle de La Luna y La Serena-Coquimbo en la IV Región; las rutas del vino de la zona central de Chile con las provincias de San Juan, Mendoza y Neuquén en Argentina; los corredores lacustres de Bariloche a Puerto Varas y Chiloé; el glaciar Perito Moreno y nuestras Torres del Paine y las Estancias de Tierra del Fuego y la Antártica en conexión con Ushuaia y Punta Arenas, etc.
En dicha propuesta juegan un papel fundamental no solo las regiones en nuestro país y la sociedad civil, sino que también y especialmente nuestras representaciones diplomáticas y consulares desplegadas en la región.
Nuestra Cancillería debe jugar un rol protagónico en estas iniciativas que apuntan a una integración regional en los tiempos que seguirán a la pandemia. Por ello, es fundamental ponernos a trabajar entre todos de una manera cooperativa y dinámica.
