La estrategia del imputado Mañalich

El exministro de salud, Jaime Mañalich, comenzó y diseñó sus declaraciones frente a la Fiscalía de modo parecido a su defensa en la acusación constitucional hace unas semanas. Durante su interrogatorio, nos trató de convencer acerca de sus capacidades como experto y su experiencia en crisis sanitarias en el primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Parecía una entrevista de trabajo, donde intenta instalar su legitimidad como profesional. Terminada esa introducción, que incluye la infaltable mención a los 33 en el 2010, el imputado da una lección sobre pandemias, es el profesor Mañalich. Su impecable vestimenta y su calmada presentación, parecían hacer olvidar a todos que el exministro no es un testigo en una investigación de la Fiscalía, sino el acusado principal junto al Presidente, la subsecretaria de Salud aún en ejercicio y el recientemente resignado subsecretario de Redes Asistenciales.

Su declaración estos días era una síntesis de lo declarado en el Congreso, en la descripción de contextos y la erudita explicación de las complejidades e incertidumbres del COVID-SARS. Cada vez que el fiscal apuntaba a temas que el exministro no ha mencionado en su defensa, sus abogados interrumpieron para acusar al persecutor de hacer preguntas engañosas, repetidas o fuera del marco de la investigación antes del juicio oral. Es una estrategia diseñada para estimular la empatía. El imputado intentó darles credibilidad a sus decisiones y acciones en un tono paternalista, donde él asume que los otros no saben mucho. Es una clase magistral, con un podio digital acerca de las epidemias.

En esa estrategia educativa intenta demostrar que él sí sabe. Es una técnica cuidadosamente estudiada y orquestada que, además, se facilita en una videoconferencia, porque las notas y escritos están a la mano, pero sin ser observados por la audiencia, donde además es posible monitorear la expresión facial. Discursivamente interesante, porque sabe que se dirige a una audiencia más allá de un juez y un fiscal. Intenta hacernos olvidar que está siendo acusado, actuando como un experto mientras los que ven en él a un héroe lo vitorean: es la performance de un “seco” digno de admiración. Continúa siendo el personaje que conocemos, aunque esté en una situación incómoda que, además, necesita de la defensa de un equipo de abogados listo para protegerlo de situaciones engorrosas o que deriven en una aseveración impulsiva.

[cita tipo=»destaque»]De modo predecible, nos vuelve a confundir con el tema de la letalidad. Pareciera no entender de qué se trata (la proporción de fallecidos en relación con el número de contagiados), pero es una palabra clave que atrae cierto apoyo. Esto a pesar de haber sido contrastado muchas veces e, incluso, parte de un lenguaje que el mismo ministro actual parece haber descartado. Recordemos que el exministro nos habló a mediados de marzo de no sobrerreaccionar, nos retó en cada oportunidad que se le hacía una pregunta crítica a su gestión, criticaba a los alcaldes, incluso al de Rapa Nui, el único territorio donde efectivamente se controló la pandemia. Recordemos, además, que las aduanas sanitarias en los aeropuertos siempre eran un caos permanente.[/cita]

La clase sobre la epidemia es predecible y refleja la firme creencia en el virus como un enemigo biológico que nos tiene a su merced y para lo cual solo nos queda intentar sobrevivir. Nos deja claro que son las características del virus, y no de la sociedad que lo acoge, el real problema. Distorsiona la evidencia mundial respecto a la importancia de tomar medidas draconianas de modo preventivo y con apoyo social, como el confinamiento para disminuir la movilidad de las personas y así aplastar el contagio. Prefiere no mencionar los países exitosos y sí descalificar a aquellos que no tienen cifras confiables. Se compara con países que tienen sistemas de salud mucho más frágiles que el nuestro y que no pertenecen la OCDE.

En ese contexto, aprovecha para descalificar a sus críticos. Cualquier científico o experto que nos es de su círculo de confianza, es un obstáculo en la apreciación del exministro. Sin embargo, si es un ingeniero comercial o un abogado, pero parte de ese círculo, a ellos –como el mismo lo reconoce hoy– sí que se les incorpora en el comité de brote o crisis desde un principio. Nos recuerda, además, que él se apoyó en el reglamento sanitario.

Su objetivo central es convencernos de que es una autoridad en la materia enfrentado a condiciones muy especiales, con una estructura gubernamental no diseñada para hacerle frente a la crisis. Reconoce en su intervención que su primera prioridad es clínica y no epidemiológica o de salud pública per se. Para él, sanar pacientes es lo esencial. Por ello, frente a la pregunta de qué entendía por principio precautorio, insiste en la importancia de preparar el sistema hospitalario para atender a las necesidades de enfermos. En esta discusión, no reconoce haber dicho en una entrevista, en abril, que todos nos contagiaríamos hasta que no se descubra una vacuna. De hecho, en una entrecortada respuesta dice que la entrevista fue editada. No dice una palabra acerca de la implícita aceptación de la inmunidad de rebaño, incluyendo la corta vida de la iniciativa del fracasado carné COVID-19.

Mañalich desconfiaba del aparato estatal y de sus profesionales. Diseña, por ello, conteos paralelos y sistemas que se adaptan a su estilo, descontando la posibilidad de asignar recursos a equipos existentes. Incluso, culpa a una universidad por no haber cumplido con el desarrollo de una plataforma tecnológica, pero a su vez no reconoce la necesidad de solicitar la colaboración de otros centros o universidades capaces de realizar esa tarea. En paralelo, demuestra su desprecio a los que intentan cuestionar su perspectiva, no solo a expertos fuera de la esfera de Gobierno, sino también aquellos dentro de él. A regañadientes acepta la existencia de comités de asesores. De hecho, no tiene clara la cronología de la creación de estos comités. Aunque siempre se los menciona para defender la estrategia de Gobierno.

Las declaraciones del imputado es esperable que alimenten los artículos y columnas que salgan a defender la acción del ministro. En ese contexto discursivo no cabe discutir los indicadores de mortalidad, uno de los más altos del mundo, o la incapacidad de controlar la primera ola de la pandemia ocho meses después. Sin embargo, es en el juego de la larga declaración y el interrumpido interrogatorio donde el exministro es tratado como si aún fuera una autoridad y no un imputado, donde se observan las claves del estilo de liderazgo y gestión del mismo.

Al igual que en otras ocasiones, el exministro culpabiliza a la ciudadanía y su falta de confianza en las autoridades. Sugiere que las autoridades tienen poca capacidad de implementar estrategias, si las personas no se cuidan. No reconoce cuán importante es la creación de condiciones habilitantes para que ello ocurra. El responsable de la estrategia de Gobierno intenta convencer a la justicia de cómo se enfrentó a expertos y una ciudadanía que no confiaban en él. Nos culpa, pero no reconoce haber incluido ese diagnóstico y la desigualdad social como centrales en el desarrollo de la pandemia, y el impacto social y económico de la estrategia sanitaria.

Intenta, por ejemplo, distorsionar la discusión sobre las mascarillas sin contextualizar la reticencia inicial a su uso, incluso por las autoridades que no las usaban. Tampoco reconoce que las críticas iniciales se basaban en la escasez de mascarillas para el personal de salud. Temprano en marzo, algunos abogábamos por preservar las escasas mascarillas quirúrgicas para el personal de salud y no confundir a la población con medidas que requerían más educación acerca de cómo usarlas. Tampoco el ministro reconoció la necesidad de cuarentenas preventivas iniciales, que pudieron haber controlado la transmisión comunitaria, o realiza la autocrítica del fracaso de las cuarentenas dinámicas que, además, requerían una trazabilidad que él mismo reconoce no comenzó a implementarse sino hasta julio.

De modo predecible, nos vuelve a confundir con el tema de la letalidad. Pareciera no entender de qué se trata (la proporción de fallecidos en relación con el número de contagiados), pero es una palabra clave que atrae cierto apoyo. Esto a pesar de haber sido contrastado muchas veces e, incluso, parte de un lenguaje que el mismo ministro actual parece haber descartado. Recordemos que el exministro nos habló a mediados de marzo de no sobrerreaccionar, nos retó en cada oportunidad que se le hacía una pregunta crítica a su gestión, criticaba a los alcaldes, incluso al de Rapa Nui, el único territorio donde efectivamente se controló la pandemia. Recordemos, además, que las aduanas sanitarias en los aeropuertos siempre eran un caos permanente.

Estos son muchos de los ejemplos de una estrategia que finalmente lo llevo a dimitir de su cargo. Hay aspectos de aquellas expresiones que se repiten hasta hoy, como nos lo recordó el Presidente en un discurso donde nos dijo que estábamos mejor preparados que los países europeos.

Nada de esto se discutió en el interrogatorio ante la Fiscalía. Eso en parte, porque cuando el fiscal se acercaba en su interrogatorio a la verdad y las contradicciones del propio ministro, el equipo de abogado defensores interrumpía y, junto al juez, se daba una larga letanía de definiciones legales sobre por qué el imputado no tenía que responder. Un equipo de abogados brillantes, listos para proteger al exministro de decir algo que lo pusiera en una situación difícil.

Observaremos qué información emerge en la siguiente parte de la investigación, que incluye el contenido de los correos que el presente ministro de Salud debiera entregar después de más de dos meses de dilaciones. Una querella legal no es la mejor manera de entender el fracaso de una estrategia sanitaria que ha matado 1 de cada 1.000 chilenos, pero sí da algunas luces acerca de la gravedad de la gestión de la pandemia. Nos lleva a pensar no solo en ciertos errores, sino también en los contenidos de la acusación: la negativa o retardo de protección o servicio, denegación de servicio, homicidio omisivo y falsificación de instrumento público y homicidio imprudente.

Las familias de los fallecidos que se querellaron en contra de las autoridades tienen derecho a la verdad; la Justicia puede que no condene a los responsables. Sin embargo, es esencial documentar con precisión la gestión del Gobierno no solo por una cuestión de justicia, sino también como una oportunidad de evaluar de modo transparente la estrategia sanitaria que coloca a nuestro país en un desastre no solo sanitario, sino también social y económico.