COVID-19 y médicos que amenazan la salud pública

Hace unos días, quinientas velas prendidas en la Casa Blanca, quinientas campanadas en la Catedral Nacional en Washington D. C. y las sombrías palabras del presidente Biden, respecto de la pérdida catastrófica de más de 500 mil vidas, fueron algunas de las manifestaciones que marcaban el duelo nacional en Estados Unidos, provocado por la epidemia de COVID-19. Las palabras del mandatario, además, revelaron incertidumbre frente a la evolución de la epidemia en el país, a pesar de importantes aumentos en la vacunación y de los planes económicos de emergencia, para combatir la debacle de millones de familias afectadas negativamente por las secuelas económicas de esta.

Estas manifestaciones de sentido duelo nacional ante tamaña pérdida, contrastan –en mi opinión– con la situación en Chile, donde las más de 27 mil 300 muertes provocadas por el virus hasta hoy, parecieran tener la misma relevancia en la prensa que un partido de la U. de Chile con Colo Colo. Además, donde en las esferas políticas pareciera existir una total carencia de empatía, de imaginación y de voluntad para solucionar la tremenda crisis económica de las familias chilenas, resultado de la mayormente, hasta ahora, incontrolada epidemia. Para la mirada superficial, los 500 mil fallecidos estadounidenses parecieran trágicamente opacar a los más de 27 mil muertos chilenos, sin embargo, las cifras son bastante similares, si son estandarizadas para la cantidad de población en ambos países.  

En Chile, con aproximadamente 100 muertos diarios, la tasa de mortalidad de COVID-19 por 100 mil habitantes, que es de 143,5, es muy cercana a la de EE.UU., que es de 151,5; en Chile ha muerto por el virus una persona de cada 696 habitantes, mientras que en los Estados Unidos una de cada 650. Como la mortalidad en Chile continúa ascendiendo –febrero es al parecer uno de los meses epidémicos con un mayor número de muertos– y en EE.UU. esta ha comenzado a disminuir, es posible postular que en las próximas semanas estas cifras tenderán desgraciadamente a igualarse.

La mortalidad, tanto en Chile como en Estados Unidos se subestima, de tal modo que las cifras de fallecidos reales por el virus son probablemente un 25 a 30 por ciento más altas que las oficiales. A diferencia de Chile, en EE.UU. esta parcialmente evitable calamidad social y sanitaria ha despertado intensos y rigurosos debates en los medios establecidos y en las redes sociales, en las instituciones políticas como los partidos, agrupaciones de ciudadanos y el Congreso, las sociedades científicas y médicas y las universidades e institutos científicos, convirtiéndose en un tema primordial y diario de viva discusión pública. En este contexto, la profesión médica y las actividades de algunos de sus miembros se ha visto sacudida por cuestionamientos severos respecto de su total sujeción al poder político, sujeción que ha degradado las fidelidades científicas y éticas fundamentales de la profesión, necesarias para confrontar la epidemia y proteger la salud de la población. 

La muy prestigiosa revista de la agrupación gremial más grande de médicos de Estados Unidos, el Journal of the American Medical Association (JAMA), ha publicado hace unas semanas un artículo cuestionando la ética del silencio de la profesión médica frente a las actividades de médicos que, por su sometimiento al poder político, han sido parcialmente responsables del curso nefasto de la epidemia en dicho país («Médicos que amenazan la salud de la nación», JAMA, 4 de febrero, 2021). Médicos asesores del gobierno de Trump, que, negando la evidencia científica, por ejemplo, han descalificado la efectividad de las medidas no farmacológicas para combatir la epidemia, como el uso de mascarillas y las cuarentenas estrictas. Además, ellos también han propiciado la infección de la mayoría de la población, a costa de cientos de miles de muertos, para lograr la ilusoria inmunidad de grupo (rebaño).

El artículo indica que este abandono de la ciencia y de la ética médica, para satisfacer los miopes designios economicistas del poder político, deben ser combatidos publica y enérgicamente por la profesión médica y también debieran ser sancionados por sus agrupaciones profesionales, científicas y de certificación y, cuando corresponda, por las universidades e institutos de los cuales estos transgresores de principios fundamentales de la medicina puedan ser miembros.

El texto señala además que el silencio de la mayoría de la profesión, ante estas serias violaciones que dañan la salud pública, la hace cómplice de ellas, como sucedió en el pasado con las políticas eugénicas de eliminación de grupos erróneamente tildados de indeseables –retrasados mentales, LGBT y aun algunos por ser pobres– y con la infame experimentación llevada a cabo en humanos sifilíticos en Tuskegee y en Guatemala.

En nuestro país, mecanismos para neutralizar las actividades nocivas para la salud de este tipo de profesionales parecieran ser inexistentes, a juzgar por algunos hechos recientes. Por ejemplo, de acuerdo al medio El Desconcierto (14/02/2021), el exministro de Salud Jaime Mañalich se ha permitido decir, livianamente y sin fundamento, “yo creo que el virus está buena persona” y que “las cuarentenas absolutas ya no sirven”. Estos desgraciados e ignorantes pronunciamientos son emitidos en los mismos días en que la literatura científica y la prensa internacional informan, parafraseando el grosero argot del exministro, que el virus se ha convertido en mala persona. Esto, debido a la aparición de variantes (mutantes) virales de aumentada infecciosidad y patogenicidad y capaces tal vez de escapar de la inmunidad conferida por algunas vacunas y, a lo mejor, la misma infección, lo que puede abrir las puertas a una nueva e incierta etapa en la evolución de la pandemia. 

El incompetente pronunciamiento del exministro respecto de la inutilidad de las cuarentenas totales para controlar al virus, también se estrella contra el éxito reconocido que ellas han tenido en los últimos tres meses para controlar al virus en Irlanda, Inglaterra, Dinamarca y Australia y con su propuesto uso en Alemania, para llegar a una situación de cero casos de COVID-19 en la comunidad, como en China y en Nueva Zelandia. La propuesta de cero casos de COVID-19 es vista por algunos epidemiólogos como el único plan capaz de controlar la epidemia, cara a cara a los problemas que presenta la aparición de las variantes virales y la ineficacia de las incompletas y prolongadas cuarentenas a la chilena.

Estas improductivas opiniones recientes y las decenas de miles de fallecidos durante el invierno recién pasado, retratan la letal impericia teórica que fundamenta la irresponsable práctica sanitaria del Sr. exministro y que dejaran y siguen dejando una huella desgarradora e imperecedera en el seno de decenas de miles de familias chilenas. Como es imposible imaginar que un médico aparentemente bien adiestrado como el exministro, y sus asesores, desconozcan los elementos fundamentales de la práctica epidemiológica de las infecciones, se tendría que llegar a la triste conclusión que estos principios técnicos y humanistas han sido distorsionados por su sometimiento a los vastos objetivos del poder político, sacrificándose absurdamente en el proceso el bienestar y la vida de decenas de miles de chilenos vulnerables. 

Sin lugar a dudas, la fatal e inexplicable sumisión de la medicina a amenazadores objetivos políticos continúa ininterrumpida con las actividades de la actual autoridad sanitaria, que a menudo agravan más que atenúan la diseminación viral. Esto se evidencia en el efecto negativo que han tenido los permisos de verano, que han aumentado las infecciones y las muertes en las regiones de Coquimbo y Valparaíso y otras, y en los aumentos de la mortalidad en las ciudades de la Provincia de Chiloé, debido a la suspensión del cordón sanitario en el Canal de Chacao, a fines del pasado diciembre de 2020.

Evidentemente, los ejecutores médicos de estas funestas decisiones iatrogénicas –daño no deseado ni buscado en la salud– que causan al parecer tanta enfermedad y muerte como el virus mismo, han quebrantado el principio primordial del Juramento Hipocrático de “no hacer daño”, como dice el artículo citado, y también el de actuar basados “en el conocimiento científico y la experiencia médica”. Ante ello, el grueso de la profesión médica y sus organizaciones debieran manifestar de manera enérgica y públicamente su desacuerdo. Esta disyuntiva ética fue muy bien resumida por el Premio Nobel de Literatura (1929) Thomas Mann, quien dijera: “Cualquier tolerancia de iniquidades es criminal”.