Constitución socialista: distribuir el poder y democratizar la economía

La constitución socialista se diferencia de la liberal. En contraste con esta última, la constitución socialista no solo busca la distribución formal del poder político mediante organización orgánica y garantía de derechos individuales. La constitución socialista aspira, además, a la distribución del poder económico como un espacio vital de realización humana que requiere ser democratizado. No deviene en mera moralización inocua sino en el desplazamiento efectivo de los mecanismos expresos e implícitos de dominación y normalización mediante la construcción de una economía política genuinamente democrática. La constitución socialista como unidad que aúna las distintas luchas y diferencias suple las deficiencias e insuficiencias del modelo liberal fundado en la soberanía del individuo aislado. En ese sentido, la constitución socialista es la decisión colectiva sobre la construcción popular de una democracia radical. Su horizonte de realización es la profundización y extensión de los procesos de democratización, tanto de los aspectos institucionales, como de los sociales, hacia la esfera productiva o económica. En este orden de ideas, el constitucionalismo socialista no se contenta con ser la base de la gestión y desarrollo legal del modelo liberal capitalista que ha sido característico del proyecto socialdemócrata. Siendo así, la constitución del socialismo democrático no es equivalente a la constitución de la social democracia. Por el contrario, va más allá en sus pretensiones, porque aspira a superar a esta última. La esfera productiva o económica está constituida por las relaciones asimétricas y contrapuestas entre los trabajadores y el capital. En un modelo capitalista, en dicha interacción no hay reciprocidad genuina entre ambos, ni autonomía real de la parte subalterna. La democratización de la esfera económica conlleva dos niveles de desarrollo. Por una parte, configurar principios constitucionales de actuación que hagan posibles jurídicamente relaciones e interacciones igualitarias para la realización de la agencia libre de las personas. Por otra, implica ordenaciones efectivas, con fundamento constitucional, sobre la coordinación de actuaciones activas tales como: participación, control, redistribución, fomento productivo, rendición de cuentas, co-determinación, además de responsabilidad social y pública en las actividades productivas. Para la consecución de estos propósitos, es fundamental consolidar la forma del estado social y democrático. La democratización de la economía propiciada por la constitución socialista no es un retroceso sino un avance. En un contexto de capitalismo global, esta forma de democratización no admite reduccionismos mediante maniobras retóricas de mala fe. No implica estatización, ni planificación central; tampoco una economía dirigida. No se trata de una mera inversión de los protagonistas de los monopolios; menos aún conlleva transitar hacia algún modelo encubierto de capitalismo de estado. Igualmente, esta democratización no supone autoritarismos expropiatorios ni posibles compensaciones injustas. La democratización de la economía significa un compromiso deliberado para una mejor y más armónica producción. La constitución socialista opera como la mediación de la tensión entre la lógica capitalista y la lógica democrática. ¿Por qué una constitución socialista? La constitución socialista, a diferencia de la liberal, busca sentar las bases para una libertad verdadera y no puramente formal. Esto es un asunto ya no de mera extensión de la libertad individual sino de establecer condiciones de posibilidad de la agencia autónoma real en un contexto de igualdad y libertad social. En tanto que las vidas de las personas dependen de sus condiciones productivas, se requiere una constitución que provea garantías de control de las fuentes de sustento de dichas vidas. En una formación social capitalista, con la excepción de los funcionarios públicos y aquellos que desempeñas labores o negocios independientes, la completa configuración de la vida de las personas y sus familias depende en gran medida de sociedades anónimas o empresas de mediano tamaño (varias de las cuales ya dejaron de ser solo nacionales). El capital determina las condiciones y posibilidades de vida, así como de las relaciones sociales y su reproducción. En el plano empírico, hemos sido testigos de la forma como dicho poder económico ha ido configurando la vida de las personas, tanto en su subjetividad, como en ámbitos sociales y políticos. Sociedades comerciales de toda índole deciden libremente sobre inversiones, contrataciones, asignaciones de recursos y políticas comerciales con implicaciones públicas y sociales significativas. Sin embargo, el direccionamiento de dicho accionar es completamente privado, opaco y, en varias ocasiones, arbitrario. Del mismo modo, dicha capacidad de decisión ha logrado condicionar, presionar e incluso extorsionar el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas representativas. El fundamento de democratizar la economía reside precisamente ahí donde se hace necesario hacer transparente, controlar y armonizar la tensión antes expuesta: la realización de la inventiva privada y la satisfacción de la necesidad pública y social mediante la garantía de una igualdad y libertad real de los distintos agentes. En otras palabras: la tensión entre la política del capital y la política democrática. En ese sentido, la constitución socialista mediante la democratización radical permite poner en pie de igualdad y libertad genuinas las capacidades de las personas y grupos subalternos para que también sean protagonistas de la gestión de la producción. En particular, respecto de ámbitos como el direccionamiento de toda clase de empresas, bajo distintas modalidades de organización y, en general, del gobierno democrático de la economía política del país. ¿Cómo se materializa la constitución socialista? El estado social es la forma elemental que hace operativo gubernamental e institucionalmente la constitución socialista en una sociedad moderna. Se entiende por estado social una forma de organización institucional administrativa y de distribución de las relaciones de propiedad (o poder económico) que hacen posible dicha estatalidad. El estado social no se circunscribe únicamente a la pretensión de realizar la performatividad subjetiva mediante ejercicio de derechos sociales exigibles mediante gobierno judicial; más bien hace posible lo anterior mediante la ordenación institucional de la economía del país a través del establecimiento de principios de actuación. Es un compromiso democrático sobre el modo de producción privada que se orienta no solo hacia la realización individual sino también hacia la satisfacción del interés público y el bienestar social. Contextualizado al ámbito local, la forma-estado podría constituirse como un agente que participa, fomenta, sirve y contribuye a dicha producción. En este orden de ideas, el estado a través del derecho no solo puede disponer de reglas jurídicas formales sobre propiedad, contratos, responsabilidad, jurisdicciones y reglamentaciones especiales, entre otros. El estado social democrático también, sobre una base constitucional, está autorizado a ordenar las relaciones de poder dadas por los derechos de propiedad, mediante actuaciones positivas con fundamento jurídico. Esto conlleva, a título ejemplar, no exhaustivo, evitar prácticas monopólicas, fomentar competencia efectiva entre agentes económicos, distribución de riqueza mediante reglas impositivas, establecimiento de instituciones de co-determinación económica u otorgamiento de derechos de participación en los negocios, reglas de ordenación para mejorar de las relaciones y condiciones laborales, además de garantías de derechos subjetivos de índole social. Contra toda mitología, el estado social y democrático es indispensable para la producción y crecimiento económico sostenible, justo y competitivo. Es lo que permite un adecuado equilibrio social que permita el despliegue no solo de las más diversas capacidades e innovaciones individuales, sino que además hace posible la realización de las pretensiones populares respecto al disfrute de estándares dignos de calidad de vida. Ello se lleva a cabo bajo la construcción de un esquema de libertades e igualdades distribuidas constitucional y jurídicamente. La armonía entre propiedad y bienestar, entre lo público y lo privado, entre capital y trabajo, resultan fundamentales para el desarrollo económico y productivo del país. El estado social y democrático hace posible estos equilibrios necesarios. Problemas. Preguntas. Proyecciones Lo antes expuesto refiere principalmente a las bases conceptuales y programáticas. Es lo que cualquiera podría saber más menos en términos relativos y generales. La pregunta importante que surge concierne los aspectos procedimentales y operativos sobre cómo abordar y transformar políticamente los materiales formales que se establecerán en la nueva constitución, a saber: ¿cómo se logra políticamente el estado social del socialismo democrático? No sin resolver en paralelo ¿cómo se operativiza legal y judicialmente mediante prácticas discursivas, interpretativas y luchas políticas? Solo la acción política popular podrá hacer posible el estado social de la constitución socialista. Desde luego, el destino del socialismo y de la constitución socialista no dependerá del derecho y su lexicografía, ni de exegesis de enunciados normativos, tampoco de las buenas intenciones del espíritu de los constituyentes. Dependerá, más bien, de la manera en que se articulen las prácticas y acciones políticas transformadoras que la lucha política misma determine.