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Otro caso de delito sexual que incluye a “poderosos” queda impune en la Fiscalía de Las Condes y la víctima es dejada en la indefensión

por 12 abril, 2021

Otro caso de delito sexual que incluye a “poderosos” queda impune en la Fiscalía de Las Condes y la víctima es dejada en la indefensión

En la imagen, el fiscal Manuel Guerra y el abogado Hugo Rivera

El persecutor de esta causa criminal por abuso sexual reiterado fue el fiscal de Delitos Sexuales Felipe Cembrano, el mismo que llevó a cabo la investigación por violación seguida contra Juan Cristóbal Said Amunátegui, primo hermano del joven querellado y ambos exalumnos del Colegio San Benito de la comuna de Vitacura. Ninguna de las dos causas –que se tramitaron en paralelo– llegaron a puerto, y los abogados defensores fueron los mismos: Hugo Rivera y Sergio Bunger. La causa por abuso sexual reiterado es especialmente escabrosa, porque el querellado –de 16 años al momento de los hechos ilícitos– y su pequeña víctima –de 6 años– son medio hermanos por línea paterna. El padre de ambos es un conocido abogado de la capital, socio del también conocido estudio jurídico “Guerrero Olivos”. En la Fiscalía de Las Condes es sabido que el fiscal Cembrano trabaja sus casos “delicados” –con intervinientes “poderosos”– estrechamente con su jefe directo, el Fiscal Regional Manuel Guerra. Al final, la víctima quedó sin protección alguna y al querellado ni siquiera se le envió a tratamiento para ayudarlo a controlar sus impulsos. [ACTUALIZADA: Ver N de la R al final de la nota]
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Al igual a como pasó en la causa RUC 1801017989-7, seguida por el delito de violación contra el estudiante universitario Juan Cristóbal Said Amunátegui –uno de los herederos del poderoso Grupo Said–, en otro proceso criminal paralelo, seguido por delito de abuso sexual reiterado, RUC 1801232673-0, tramitado también ante la Fiscalía de Las Condes, ocurrieron –lo mismo que en el otro caso– hechos inexplicables e incomprensibles, que constituyeron un verdadero “freno de mano” paralizante de la investigación. Los querellados en ambas causas criminales son primos hermanos, por parte de sus madres, y ambos son exalumnos del exclusivo y clerical colegio San Benito, en la comuna de Vitacura.

Al final, en esta causa por abuso sexual reiterado “todo quedó en nada” y el joven imputado resultó libre de polvo y paja. Y, lo más grave, que la pequeña niña víctima del delito quedó sin protección alguna de parte del sistema judicial chileno. 

La investigación criminal estuvo dirigida esta vez contra el joven estudiante de iniciales L.A.P., que hoy tiene 19 años, por abuso sexual reiterado, cometido hace tres años contra su pequeña media hermana, de iniciales F.O.P, de 6 años al momento de los hechos. Querellado y víctima tienen mamás diferentes pero un mismo papá, un conocido abogado de la capital, socio del también conocido estudio jurídico “Guerrero Olivos”. 

Al momento de los hechos denunciados, querellado y víctima vivían con sus respectivas madres, quienes estaban separadas del papá común, lo que sigue siendo así. Los graves hechos imputados ocurrieron durante el régimen de visitas en la casa paterna, fines de semana por medio, cuando ambos hermanos coincidían en el lugar y pernoctaban bajo el mismo techo. También durante períodos de vacaciones, en la casa de veraneo.  

La querella criminal presentada por la mamá de la niña víctima, contiene frases desgarradoras, como por ejemplo: “… Nos señalaron (en el colegio de la niña víctima, The Grange School) que durante la mañana del 19 de octubre (de 2018) ella se había puesto a llorar intensamente, por lo que una de sus profesoras le había preguntado si había algo que les quisiera contar y mi hija les dijo que su hermano grande la tocaba sus partes privadas. La profesora le preguntó cuáles eran las partes privadas que él le tocaba, y la niña le dijo: el potito. Las pechugas, las mini pechugas y la vagina. Ese mismo día (…) me informaron también que el colegio haría la denuncia correspondiente a tribunales”.

El fiscal encargado de la causa penal fue, al igual que en la investigación paralela por violación dirigida contra el primo hermano del querellado (Juan Cristóbal Said), el fiscal de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Cembrano. Y los abogados defensores del imputado fueron también los mismos abogados que defendieron a Said Amunátegui: Hugo Rivera y Sergio Bunger. 

Es sabido, por los abogados que tramitan ante la Fiscalía de Las Condes, que el fiscal Cembrano trabaja sus casos “delicados” estrechamente con su jefe máximo, el Fiscal Regional Manuel Guerra, entendiéndose por casos “delicados” aquellos donde la víctima o victimario, o sus padres o hijos, o sus abogados, son personas conocidas o “poderosas". Y esto no es raro en la zona jurisdiccional de la comuna de Las Condes.

La mamá de la pequeña víctima presentó la querella hace tres años, después de haber obtenido abundante información y antecedentes acerca de la existencia del delito, pero la investigación penal estuvo paralizada, durmiendo el “sueño de los justos” en el limbo judicial, por más de dos largos años. 

Solo se activó por la presión aplicada por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a través de un oficio, de fecha 30 de junio de 2020, dirigido al Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, en el cual le “recomienda”: “... Requerir con la máxima urgencia, al fiscal Sr. Cembrano, todos los antecedentes sobre el estado, avance y diligencias realizadas en la investigación indicada, determinando con ello si se ha dado cumplimiento con la normativa legal, Instrucción General y normativa internacional citadas (sobre Protección de la Niñez), disponiendo lo que en derecho corresponda (…), disponiendo además la efectiva protección de la niña, a través del mecanismo que resulte adecuado para no profundizar el daño que la revictimización ha generado en ella (…), resguardando de manera efectiva su integridad física y psíquica”. La Defensora de la Niñez incluso deja entrever en su oficio que la inactividad de la Fiscalía podía significar una abierta transgresión al deber de protección de la víctima y una infracción a las normas internas sobre tramitación de delitos sexuales, y exhorta al fiscal, en su calidad de agente del Estado, a que cumpla con su obligación y responsabilidad de desarrollar la investigación penal dando cumplimiento al “estándar de la debida diligencia”. 

Ante este categórico oficio de la Defensora de la Niñez, la Fiscalía de Las Condes activa la causa y, con fecha 23 de octubre de 2020, formaliza al querellado, como autor del delito de abusos sexuales reiterados, en grado de consumado, cometidos contra la pequeña niña de iniciales F.O.P., y determina, con el apoyo del juez de Garantía, la esencial medida cautelar de protección  de la víctima, estableciendo una prohibición absoluta al querellado de acercarse a ella, “tanto en el domicilio de la niña, el colegio de la niña, el domicilio del padre y en cualquier evento familiar en que esta se encuentre, en que pudiere eventualmente participar el imputado. Es él el que tiene que no ir, no acercarse, en virtud de esta medida cautelar”, precisa la resolución judicial.

En la audiencia de formalización del querellado, de fecha 23 de octubre de 2020, el fiscal Cembrano deja claro que tenía antecedentes para justificar la existencia del delito de abuso sexual reiterado denunciado por la mamá de la víctima. Lo mismo se evidencia de los argumentos dados, en esa misma audiencia, por la jueza de Garantía, al momento de fundar su denegatoria a sobreseer la causa, lo que le había sido solicitado por los abogados del imputado. Al finalizar la audiencia, el Tribunal le otorgó a la Fiscalía un plazo de 60 días para investigar el delito.

Sin embargo, una vez vencido este plazo, por razones no esclarecidas y difíciles de entender, la causa dio un abrupto e inesperado giro, ya que ente persecutor comunicó formalmente su decisión de no perseverar en la causa, atendiendo a que–según expresó escuetamente en su escrito– “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación, (por lo que) esta Fiscalía (…) ha decidido no perseverar en este procedimiento”. 

A modo de explicación, la Fiscalía de Las Condes señala, en respuesta a las preguntas de El Mostrador, en lo medular lo siguiente: "Tras cumplirse el plazo de investigación se amplió el plazo por 45 días más, a la espera de un peritaje del Cavas”. “En el informe se indicó que no se puede descartar ni validar sus dichos”.

Y con fecha 22 de marzo de 2021, en audiencia judicial fijada al efecto, se concretó oficialmente esta decisión del Ministerio Público, alzándose las medidas cautelares que protegían a la víctima. Así, para adelante, esta pequeña niña ha quedado en la indefensión judicial, sin resguardos ni cuidados concretos y efectivos. 

Para colmo, durante la tramitación de esta malograda investigación, la Fiscalía ni siquiera tomó las medidas para asegurar que el joven querellado se sometiera a tratamientos psicológicos que lo ayudaran en el futuro a controlar sus impulsos –lo que sí ocurrió, al menos, en el caso de su primo hermano, Juan Cristóbal Said Amunátegui–.

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N de la R.: se deja constancia que, aunque este medio periodístico tiene toda la información relevante sobre los nombres completos de la niña víctima, del joven querellado y de los papás de ambos, no se incluyó esta información en el artículo con el objeto de proteger la identidad de la pequeña víctima y también del imputado, que al momento de los hechos ilícitos investigados era también menor de edad, 16 años. El foco de esta nota es el funcionamiento del sistema judicial penal chileno.

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