Opinión
El pasado 28 de mayo se publicó la Política de Defensa Nacional de Chile 2020. Esta sobrevalora la identificación del Estado con las FF.AA., afirmando que la presencia sobre el territorio nacional de medios, infraestructura y capacidades permitiría generar “una vinculación e identificación de los habitantes con el Estado de Chile, y con las fuerzas que contribuyen a la defensa del país». Si bien la proyección de fuerza soberana del Estado en todo el territorio nacional es condición de su soberanía, la vinculación e identificación de los habitantes con el Estado tiene más bien su principal apoyo en las instituciones estatales civiles. La implementación de políticas públicas no discriminatorias a través de estas instituciones son los mecanismos más idóneos para una fluida relación sociedad-Estado.
La Política de Defensa Nacional de Chile 2020, que debería haber precedido al reemplazo de la Ley del Cobre en 2019, fue recién publicada el pasado 28 de mayo. Un primer análisis muestra un conjunto de temas que ameritan atención.
En pleno proceso constituyente y fundamentada en la Constitución de 1980, esta Política de Defensa es concebida como una suprapolítica que vincula Defensa, orden interno y se extiende potencialmente a una diversidad de asuntos públicos. Además, aspira a expresar un inexistente consenso transversal, lo que la convierte en un capcioso medio de influencia hacia las y los constituyentes.
No tiene claro el lugar de las FF.AA. en la función de Defensa. Afirma que estas constituyen su eje fundamental. Sin embargo, en el Libro de la Defensa 2010, del que se manifiesta tributaria, indica que no se puede disuadir sin la existencia de la fuerza militar y que última en instancia se disuade en virtud de la estatura político-estratégica que el país haya alcanzado.
A partir de una indefinida noción de Seguridad Nacional, extiende los roles castrenses, particularmente al orden interno. Consecuentemente, la Política de Defensa Nacional y las FF.AA. deberían ocuparse del crimen organizado trasnacional; las ciberamenazas; el terrorismo; el narcotráfico; la pesca ilegal no regulada; la protección del medio ambiente marino y de sus recursos en la Antártica; el apoyo social, conectividad e integración de las comunidades en zonas aisladas continentales e insulares; la contribución a la preservación de una identidad común; el desarrollo científico tecnológico; el contrabando con ingreso de personas, armas o bienes, la inmigración ilegal y los flujos migratorios no regulados; los posibles sabotajes o actos terroristas a instalaciones costeras; el cibercrimen; la explotación ilegal de los recursos mineros; y la desinformación.
Para desempeñar estos roles no profesionales, la política de defensa establece una equivocada polivalencia del armamento y personal. Amortizando los costos del material de guerra en los temas internos, considera como polivalente el uso del armamento de guerra en áreas civiles, lo que implica entrenar militares en estos temas y adiestrar militarmente a civiles para que puedan operar conjuntamente.
Así se podrían enfrentar las “amenazas híbridas”, las que terminan siendo cualquier combinación de factores definida como amenaza –sin especificar quién legítimamente la define–, ampliando los roles castrenses extraprofesionales con armas de combate y cooptando militarmente tareas civiles.
Afirma que una de las funciones de las FF.AA. es la contribución a la preservación de “nuestra identidad común”, un tema central del proceso constituyente. Los representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, ¿estarán de acuerdo con una noción unívoca de identidad nacional?
Agrega que Chile debe fomentar una integración efectiva a través de acciones colectivas, entre ellas, de confianza mutua, pero no menciona la comparación de presupuestos militares iniciada en Cepal entre Chile y Perú, como tampoco hace referencia a iniciativas de control y limitación de armamentos y desarme para lograr estos objetivos integracionistas. Presenta como conflictiva la relación con Argentina a partir de la política transandina de proyección de su plataforma continental, el “Punto F”, y se refiere a la región Indo-Pacífico, nomenclatura de países que rivalizan con China. Esta visión política del mundo contradice el carácter consensual y transversal de la Política de Defensa y carece de fundamentos y medios consistentes para superar el dilema de seguridad.
Destaca la importancia de lo conjunto, pero termina dejándolo como función asesora, no como mando y conducción del más alto nivel en tiempos de paz.
La Política de Defensa se propone mantener una superioridad operacional para posibilitar la disuasión ante potenciales amenazas. Sin embargo, sin una política de regulación de compras y gasto militar al interior de una iniciativa regional de Zona de Paz que supere el dilema de la seguridad, la demanda por recursos públicos será exponencial, dados los crecientes costos de la tecnología militar para mantener tal superioridad operacional.
Sobrevalora la identificación del Estado con las FF.AA., afirmando que la presencia sobre el territorio nacional de medios, infraestructura y capacidades permitiría generar “una vinculación e identificación de los habitantes con el Estado de Chile, y con las fuerzas que contribuyen a la defensa del país”. Si bien la proyección de fuerza soberana del Estado en todo el territorio nacional es condición de su soberanía, la vinculación e identificación de los habitantes con el Estado tiene más bien su principal apoyo en las instituciones estatales civiles. La implementación de políticas públicas no discriminatorias a través de estas instituciones son los mecanismos más idóneos para una fluida relación sociedad-Estado.
En suma, las FF.AA., como órganos de administración del Estado, no encontrarán en esta PdD fundamentos consensuados ni una gran estrategia que validen sus roles y funciones profesionales en un nuevo marco institucional, efectivamente democrático.
