NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Aton
Una vez confirmada la suspensión de la primera sesión de la Convención en el ex Congreso, por una serie de impedimentos técnicos y de aforo Covid, los convencionales del Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad emitieron declaraciones para exigir la renuncia del secretario de Estado, junto a la de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, encargado de tener habilitado el proceso. Los socialistas acusaron a Ossa de “notable abandono de deberes” e incluso señalaron que se trataría de un “boicot a la tabla”, considerando que en la agenda de esta primera sesión estaba previsto abordar el tema de los presos del estallido social. Ambos grupos también salieron en apoyo a la directiva de Elisa Loncon y Jaime Bassa, que fue responsabilizada por la derecha por el fracaso de la sesión.
El traspié de la primera sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso ha hecho derivar todas las miradas hacia la responsabilidad de La Moneda, en específico hacia el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, en su condición de superior jerárquico de Francisco Encina, el secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, encargado de tener habilitado el proceso.
Es así como una vez confirmada la suspensión de la sesión, los convencionales del Colectivo Socialista y luego Apruebo Dignidad emitieron declaraciones para exigir la renuncia del secretario de Estado, junto a la de Francisco Encina.
“La Convención debía sesionar en 4 salones distintos para cumplir con la norma aforo COVID, y al concurrir descubrimos con sorpresa e indignación que los 4 salones no estaban interconectados, no había audio ni micrófonos para comunicarnos ni pantallas habilitadas para vernos. La deliberación y funcionamiento era imposible y debimos cancelar la sesión”, dijo Pedro Muñoz, convencional PS por el distrito 24.
Por esto, el Colectivo Socialista acordó “solicitar la renuncia del ministro Juan José Ossa por notable abandono de deberes y repetidas faltas de disposición hacia la Convención Constitucional”.
“Responsabilizamos al Gobierno de Sebastián Piñera por el permanente desinterés hacia el funcionamiento de la Convención”, añadió la declaración del grupo que reúne a 15 convencionales.
Muñoz apuntó a Francisco Encina, el enlace de Gobierno con la Convención, “quien gana un sueldo de 7 millones y medio de pesos y no ha hecho su trabajo”. “Pero es un funcionario que está bajo la responsabilidad de un ministro” añadió.
En Apruebo Dignidad (el pacto que reúne al FA y el PC) se sumaron a la presión, señalando que “exigimos que se hagan valer las responsabilidades políticas sobre el ministro Ossa mediante su renuncia inmediata y las responsabilidades administrativas del subsecretario (Máximo) Pavez y del funcionario Encina” (REVISE LA DECARACIÓN DE APRUEBO DIGNIDAD ACÁ)
De acuerdo a la declaración leída por Bárbara Sepúlveda (PC) y Giovanna Roa (RD), lo de hoy “evidencia una negligencia grave en el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Secretaría Administrativa, dependiente de la Subsecretaria General de la Presidencia”, y eso explica la alusión a Pavez.
Desde el Colectivo Socialista también salieron en apoyo a la directiva, que fue responsabilizada por la derecha por el fracaso de la sesión.
“Expresamos nuestro apoyo a la mesa compuesta por la doctora Elisa Loncon y Jaime Bassa y exigimos al Gobierno la resolución inmediata de lo solicitado”, añadieron.
En tanto, desde Apruebo Dignidad también dieron un espaldarazo a la directiva, al plantear que “respaldamos la decisión de la Mesa de la Convención Constitucional, de no haber dado inicio a la sesión inaugural, en estas condiciones mínimas inexistentes, que debía asegurar el Gobierno”.
Según Muñoz, lo ocurrido hace pensar que se trata de un “boicot a la tabla”, porque “hoy día tenemos puntos fundamentales que abordar”, considerando que en la agenda de hoy de esta primera sesión estaba previsto abordar la declaración sobre los detenidos del estallido social, que ya ha causado fuertes roces al interior de la entidad y una dura declaración de Chile Vamos en contra.
En Apruebo Dignidad también aludieron a esta situación, al señalar que hubo una “falta de respeto para las tres organizaciones representantes de familiares de presos del estallido, quienes esperaban ingresar para presentarle a la Convención un informe sobre la situación de sus familiares, lo cual no se pudo realizar debido a esta situación”.
“Incluso llego a pensar que esto es un sabotaje”, dijo por su parte el diseñador Jorge Baradit, integrante del Colectivo Socialista.
“No hemos tenido comunicación alguna con el Gobierno, no hemos tenido respuesta alguna. “Llevamos más de dos horas (…) con 4 amigos podíamos conectar 4 salas el día de ayer y hace seis meses que esto estaba planificado” y debía estar listo, añadió Baradit.
De cara a la sesión obligada a ser reprogramada, en Apruebo Dignidad exigieron al Gobierno que “entregue las explicaciones del caso a la Convención Constitucional y a todo Chile respecto a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones de pesos destinados a la habilitación de los espacios de trabajo. Exigimos, además, se tomen todas las medidas extraordinarias necesarias para que los espacios estén habilitados en las condiciones antedichas a primera hora de mañana”.
