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A la espera de los fallos de la Corte Suprema sobre el proceso de evaluación ambiental en curso, y posteriormente una reunión del comité de ministros para terminar de revisar el proceso, el director nacional de Greenpeace Chile, Matías Asún, sostuvo que «este nuevo conflicto de interés que involucraría al Presidente agrega aún más dudas sobre la capacidad real que existe hoy para garantizar un respeto a la normativa vigente en dicha instancia». Las reacciones también llegaron desde el mundo político. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, apuntó a que el proyecto «destruiría un ecosistema único en el mundo», como es el del archipiélago de Humboldt en Punta de Choros. En tanto, la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, exigió explicaciones al Mandatario para saber «si usó o no su cargo para defender sus negocios personales con la Minera».
Pese a que desde La Moneda emitieron una declaración para indicar que el Mandatario «nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta», la noticia de que el Presidente Sebastián Piñera negoció en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas la compraventa del polémico megaproyecto minero Dominga, según reveló una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), hizo eco en el mundo político pero también en organizaciones medioambientales, que reiteraron su llamado a la invalidación del permiso ambiental que le fue concedido en agosto al cuestionado proyecto.
El director nacional de Greenpeace Chile, Matías Asún, señaló que la denuncia realizada por los medios LaBot y Ciper Chile, en colaboración con el ICIJ, relativas a la compraventa de las acciones de la familia Piñera en el proyecto minero Dominga –propiedad de Andes Iron– «son graves, ya que establecen en un documento contractual y de forma explícita, una condición del pago a cambio de la no declaración de zona protegida en la costa en la que se emplazaría el proyecto, en 2010».
El líder de la organización ambientalista sostuvo que los antecedentes presentados «permiten suponer un conflicto de interés evidente, entre el interés colectivo y público de proteger una zona invaluable y el interés económico y familiar de la Presidencia».
«Hay que recordar que la declaración de protección ambiental es una decisión que requiere un rol preponderante de la Presidencia, y por lo mismo debe ser investigada en profundidad», apuntó Matías Asún, para quien este nuevo antecedente «viene a confirmar el múltiple y contundente historial de corrupción que ha rodeado el avance del proyecto minero Dominga, y agrega nuevos antecedentes para impedir que siga avanzando».
Asún aseguró que, a la espera de los fallos de la Corte Suprema sobre el proceso de evaluación ambiental en curso, y posteriormente una reunión del comité de ministros para terminar de revisar el proceso, «este nuevo conflicto de interés que involucraría al Presidente agrega aún más dudas sobre la capacidad real que existe hoy para garantizar un respeto a la normativa vigente en dicha instancia».
«Desde Greenpeace reforzamos nuestro llamado a solicitar formalmente la invalidación del permiso ambiental ilegal e irregular que le fue concedido en agosto a Minera Dominga, al que ya se han sumado a través de la página web noadominga.cl más de 15.000 ciudadanos».
Las reacciones también llegaron desde el mundo político. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tuiteó que «Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información y como siempre pone su interés personal por sobre el bien común. Cualquier parecido con sus candidatos no es casualidad. Los cambios que proponemos son justos y necesarios».
«Además todo esto con un proyecto como minera Dominga que destruiría un ecosistema único en el mundo como es el del archipiélago de Humboldt en Punta de Choros. La voracidad y la ambición contra la sustentabilidad en nuestro planeta. Avanzaremos hacia un nuevo modelo de desarrollo», agregó el candidato del Frente Amplio y Chile Digno.
En tanto la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, sentenció en la misma red social que «la gravedad de lo publicado obliga al Presidente a explicar al país y de manera integral si usó o no su cargo para defender sus negocios personales con la Minera».
La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, indicó a su vez que «las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Sebastián Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos son graves y exigen una investigación urgente».
El aspirante a La Moneda pide que se hagan las indagatorias correspondientes «para poder determinar responsabilidades» y «transparentar absolutamente todo, caiga quien caiga».
«Piñera se enriquece a costa de nuestro medio ambiente. Vendió su participación en Minera Dominga con el compromiso que el Estado no declararía reserva natural la zona del proyecto. Firme y claro: #NoADominga ¿Qué dicen Sichel y J.A. Kast del Presidente que eligieron?», agregó el abanderado del Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami.
«Siempre lo supimos, y hoy se confirma: Piñera no protegió el archipiélago de Humboldt al negociar el retiro de barrancones, solo pavimentó el camino a su proyecto Dominga, al nivel de hacerse cargo de impedir que fuera reserva natural como condición para el pago», añadió por su parte la convencional por el Distrito 5, Jennifer Mella.
El constituyente Jorge Baradit también reaccionó a la publicación. «Chile demanda completa transparencia y protección total a la zona. Piñera con las manos hasta el fondo en minera Dominga. Aprobada por su propio gobierno!!! ¿Qué tiene que pasar en este país para destituir a una autoridad?», comentó.
Cabe mencionar que este domingo se lleva a cabo el Festival «No a Dominga», en el que líderes de opinión y cantantes de la escena musical nacional se congregan «para promover una conciencia ciudadana que comprenda las implicancias ambientales de la aprobación del proyecto minera Dominga que pretende instalarse en las cercanías del archipiélago de Humboldt».
El evento, realizado por Greenpeace y producido por La Matria, se emitirá a través de un canal de Twitch y busca dar a conocer la importancia de proteger una zona del país que es el hábitat de especies únicas en nuestra fauna, como son los pingüinos, delfines, ballenas y chungungos.
La oceanógrafa e investigadora pionera del canto de las ballenas azules en Chile, Susannah Buchan, es una de las expertas que estará presente explicando las características de los cetáceos que existen en las aguas del archipiélago de Humboldt. En la música, Anita Tijoux, Camila Moreno, Pascuala Ilabaca, Flor de Rap y Mariel Mariel son algunas de las cantantes que estarán presentes.
Desde la organización ambientalista Greenpeace señalaron: «La idea es que este Festival se proyecte como un gesto ciudadano para detener la ampliación de más zonas de sacrificio en Chile. La verdad es que no podemos estar todos los años parando algún proyecto que implique arrasar con los territorios más prístinos de nuestro país. En medio de esta gigantesca crisis climática y ecológica que estamos viviendo, el primer paso es detener proyectos como Dominga».
El reporte, bautizado oficialmente como «Pandora Papers», pone el foco en las finanzas secretas de más de 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo. Destacan tres jefes de Estado de Latinoamérica actualmente en el poder: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader.
La información, entregada por The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, asegura que Lasso usó una entidad en Dakota del Sur, que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal, para realizar pagos mensuales a sus familiares. Mientras tanto, Piñera tuvo negocios secretos en las Islas Vírgenes Británicas (como la venta de la Minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano) y Abinader posee junto a otros familiares una entidad «offshore» en Panamá.
