Cuando los Estados cuentan con sistemas de protección social de derecho, de carácter universal y normalizado, la respuesta ante casos de vulneración de derechos es rápida –cuando no inmediata–, lo que impide que se cronifiquen situaciones de precariedad como las que existían en los campamentos de Iquique, lo que hubiera facilitado, también, afrontar el problema de la entrada masiva de inmigrantes con más sosiego. Por otra parte, en las bases del sistema público de servicios sociales se encuentra la idea de aportar medios y acciones para atender las necesidades de la sociedad ante contingencias futuras, fundamentalmente las relacionadas con la salud o el bienestar de las personas: es lo que llamamos prevención social y que también es parte fundamental del sistema de servicios sociales. Es decir, la carencia de una estructura normativa y de recursos que garantice la atención adecuada de las necesidades sociales de las personas, facilita y hasta promueve el maltrato y abuso hacia los más débiles.
Hacer fogatas con las pertenencias de inmigrantes, atentar contra su seguridad y atacarlos violentamente, como ocurrió en Iquique hace unos días, son hechos terribles y deleznables. Y pensar que tales hechos son producto de una sola causa es tan absurdo como creer que el problema se arregla aplicando una única medida. El fenómeno de los movimientos migratorios es un problema global, no es exclusivo de Chile, ni mucho menos solo de Iquique. Todas las personas del mundo, también cualquiera de nosotros, si nos encontráramos sin posibilidad de sobrevivir o de garantizar la seguridad de nuestras familias, nos marcharíamos en busca de una vida mejor; de la misma manera que para todas las personas, también para cualquiera de nosotros, tener que abandonar nuestra tierra y nuestros amigos siempre sería una tragedia.
Si todos entendemos que la emigración –económica y/o política– responde a una necesidad urgente de sobrevivencia ante la cual todos reaccionaríamos de forma parecida, ¿por qué se producen hechos violentos, de abuso y maltrato como los ocurridos en Iquique?, ¿por qué los autores de agresiones tan viles, como es quemar juguetes de niños y las pocas pertenencias de gente pobre, no fueron capaces de medir las dramáticas consecuencias de su conducta? La respuesta a estas preguntas, como en todos los fenómenos sociales, está relacionada con multitud de factores, pero hay tres cuya presencia es determinante para explicar lo ocurrido.
1) La aporofobia (rechazo a los pobres). Parece claro que la manifestación que culminó con los hechos violentos contra el campamento de inmigrantes venezolanos no se convocó para demostrar rechazo a personas de Venezuela, sino porque, al no tener donde vivir, esos venezolanos se instalaron en un espacio público, concretamente en la plaza Brasil de Iquique. El problema no era su nacionalidad, sino su situación de indigencia, por lo tanto, la reacción fue contra personas excluidas, contra pobres que, como también es sabido, son asimilados a vagos y delincuentes. Este fenómeno –denominado aporofobia– sirve también para entender lo que no ocurrió aquel día: la causa no era xenofobia hacia los venezolanos, ni siquiera ante los venezolanos ilegales –como aparecía en algunas pancartas–, sino contra personas pobres que habían ocupado la plaza, instalando carpas como viviendas provisionales. Es decir, si se hubieran instalado en la plaza Brasil de Iquique chilenos pobres, con carpas y colchones en el suelo, sin servicios sanitarios y permanecieran en esas precarias condiciones durante meses, probablemente también habrían sido rechazados con violencia, aunque no cabe duda que, al tratarse de extranjeros, el objeto de odio resultaba más identificable.
2) El amparo ideológico del populismo. Por otra parte, este tipo de episodios, por repudiables que nos resulten, responden también a motivaciones primarias que todos albergamos (miedo al diferente, sentimiento de amenaza sobre el espacio de referencia…) y, por tanto, fáciles de estimular con una suerte de solidaridad con quienes los sufren. Es así como se declara solidaridad con el cansancio de la ciudadanía y entender que, ante la pasividad de las autoridades locales, algunas personas decidan hacer justicia a su manera. Políticamente se trata de respuestas netamente populistas y, por tanto, que no persiguen explicar el fondo del problema, ni mucho menos proponer soluciones viables, sino ofrecer un discurso fácil y rentable en términos de apoyo popular inmediato. Esta suerte de amparo ideológico populista emerge rápidamente y suele asociarse inmediatamente a sentimientos aún más primarios, como es el nacionalismo excluyente. Basta ver las declaraciones de algunos participantes en la manifestación de Iquique: “¡No necesitamos extranjeros que nos den órdenes!… ¡Fuera organismos internacionales como el Instituto de Derechos Humanos… Chile uno, grande y libre!”, lo que recuerda un eslogan que usaba Franco durante la dictadura: “España una, grande y libre”.
3) La inexistencia de un sistema público de servicios sociales. Finalmente, cuando los Estados cuentan con sistemas de protección social de derecho, de carácter universal y normalizado, la respuesta ante casos de vulneración de derechos es rápida –cuando no inmediata–, lo que impide que se cronifiquen situaciones de precariedad como las que existían en los campamentos de Iquique, lo que hubiera facilitado, también, afrontar el problema de la entrada masiva de inmigrantes con más sosiego. Por otra parte, en las bases del sistema público de servicios sociales se encuentra la idea de aportar medios y acciones para atender las necesidades de la sociedad ante contingencias futuras, fundamentalmente las relacionadas con la salud o el bienestar de las personas: es lo que llamamos prevención social y que también es parte fundamental del sistema de servicios sociales. Es decir, la carencia de una estructura normativa y de recursos que garantice la atención adecuada de las necesidades sociales de las personas, facilita y hasta promueve el maltrato y abuso hacia los más débiles.
Entonces, para afrontar con expectativas de éxito lo ocurrido en Iquique hace unos días, deberemos entender que no se trata de un problema de xenofobia, sino una respuesta visceral de rechazo a personas socialmente excluidas, con el aliento populista de sectores conservadores y, todo ello, en un país que carece de un sistema público de protección social de derecho, que prevenga y contenga situaciones de desventaja social grave. Mientras no se logre corregir esta última cuestión, el problema de la inmigración en Iquique tendrá mal arreglo