Opinión
El mundo conservador, con el señor Kast incluido, sigue mirando a los pueblos indígenas como rémoras del pasado y cuyo único principal destino es sumarse al modelo de desarrollo e integrarse como uno más, sin esas consideraciones relativas a la diversidad y su trayectoria étnica ancestral. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, los programas presidenciales de Yasna Provoste y Gabriel Boric, en relación con los pueblos indígenas, se han unido en una sola propuesta de gobierno que contempla importantes iniciativas y falta aún conocer –un poco más exactamente– cómo se abordará el conflicto de fondo entre el Estado y los pueblos indígenas. La pregunta que ronda entre las dirigencias indígenas de todos los pueblos es si tendremos oportunidad de confirmar las propuestas programáticas en un compromiso político histórico, que cierre el ciclo del Pacto de Nueva Imperial y abra el camino hacia un nuevo Pacto político y social de los pueblos indígenas con el Estado.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial, los pueblos indígenas y tribales en Chile se encuentran a la expectativa. No da lo mismo cualquier elección de Presidente de la República. Históricamente, en Chile y en América Latina su suerte y destino están marcados por una sucesiva cadena de injusticias bajo gobiernos conservadores, populistas o de extrema derecha. En parte, porque los pueblos indígenas y sus culturas no son considerados como sujetos de derechos específicos, tal como lo señalan hoy el Convenio 169 de la OIT (1969) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
En Chile solo hemos conocido dos leyes fundamentales que han marcado un hito potente en cuanto al interés, en todo caso relativo, del Estado por mejorar su relación con los pueblos indígenas: la Ley 17.729 (1972) del Presidente Allende y la Ley 19.253 del Presidente Aylwin (1993). Con la Ley Indígena de Allende, en particular, el Pueblo Mapuche recuperó algo de sus derechos territoriales usurpados: 100 mil hectáreas en el marco de una profunda reforma agraria. No obstante, fue una ley de muy corta duración, pues con el advenimiento de la dictadura militar fue congelada y reemplazada por un perverso Decreto Ley 2.568, que apuntó al corazón de la propiedad comunitaria, dividiéndola y traspasando las tierras al mercado, oportunidad bien aprovechada por las nacientes corporaciones forestales del sur durante la dictadura. De paso, 177 dirigentes mapuche que lideraron la reforma agraria en el sur fueron detenidos y desparecidos en venganza por su activismo en favor de dicha reforma.
La Ley 19.253 actualmente vigente fue aprobada en octubre de 1993 al inicio de la transición. Es la única ley que en materia indígena cuenta con 28 años de existencia y, a través de su Fondo de Tierras, se ha logrado recuperar un poco más de 230 mil hectáreas de tierras. Esta ley fue fruto de un compromiso político: el Pacto de Nueva Imperial, cuyo ciclo podemos decir que ha concluido, en parte porque los primeros acuerdos contraídos entre pueblos indígenas y la transición democrática se cumplieron en parte.
En el actual período histórico, los pueblos indígenas miran con especial expectativa a la Convención Constitucional. Ahí participan activamente 20 convencionales electos que representan a todos los pueblos originarios de Chile. Y es absolutamente claro y determinante que será gracias a su talento y compromiso que, por primera vez en nuestra historia, una Nueva Constitución incorporará a los indígenas como sujetos plenos de derechos en el marco de un amplio reconocimiento constitucional, negado históricamente por el mundo conservador y por algunas tendencias del llamado “mundo progresista”.
El tema inmediato, en la campaña presidencial actual, es que sabemos –sea por omisión o por historia– que la candidatura de la derecha (Kast) no ofrece garantías para los pueblos indígenas de Chile. De ningún tipo. Es cuestión de remitirnos a tantas de sus declaraciones para comprender que no existe en ese mundo conservador una adecuada comprensión de lo que implican, al menos, los efectos de tratados internacionales de vital relevancia como el Convenio 169 y la señalada Declaración de las Naciones Unidas. Y el Convenio es Ley de la República. El mundo conservador, con el señor Kast incluido, sigue mirando a los pueblos indígenas como rémoras del pasado y cuyo único principal destino es sumarse al modelo de desarrollo e integrarse como uno más, sin esas consideraciones relativas a la diversidad y su trayectoria étnica ancestral. Los conservadores no comprenden que estos pueblos tienen raíces milenarias en el continente y en Chile y que, a pesar de las muchísimas maniobras de los Estados para reducirlos casi a la nada, siguen sobreviviendo. ¿Por qué? Porque son pueblos anteriores a tales Estados. Chile tiene tan solo una historia de 211 años. El antropólogo Tom Dille, luego de diversos hallazgos espectaculares en Monte Verde, ha señalado que el Pueblo Mapuche cuenta con una data muy superior a 1.200 años de historia.
El pasado nos enseña que tales pueblos-naciones son poseedores de una rica y variada cultura que el Estado de Chile, el mundo conservador y la sociedad chilena en general han tardado muchísimo en reconocer y valorar.
En el momento actual, en plena campaña presidencial, la opción política en la que mejor se puede confiar es la candidatura de Gabriel Boric. No por un tema de simpatías ideológicas, sino porque la apuesta por gobiernos con un carácter más progresista permite alcanzar ciertos logros, no totales ni suficientes, pero con mejores posibilidades.
Con el candidato presidencial Patricio Aylwin se derogó el fatal Decreto Ley 2.568 de la dictadura y se creó la Ley Indígena 19.253. Con el Presidente Ricardo Lagos se creó la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato que reveló en profundidad las gravísimas injusticias cometidas por el Estado nacional en contra de los pueblos indígenas de Chile. Con la Presidenta Bachelet, en su primer Gobierno, en el 2007 se firmó la declaración de la ONU en favor de los pueblos indígenas y, en el 2008, se ratificó el Convenio 169 de la OIT. Y en su segundo Gobierno, la Mandataria convocó a los pueblos indígenas a un debate nacional en favor de una nueva Constitución, abriéndose de este modo el camino hacia la idea de un cambio en las condiciones jurídicas y políticas. En cada campaña presidencial estos hechos históricos han sido precedidos por compromisos políticos sustantivos. Con tensiones y conflictos.
El entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, a tres días antes de la elección presidencial en 1989, firmó con dirigentes indígenas el Pacto de Nueva Imperial. Con Lagos en campaña de cierre en Temuco y ante centenares de dirigentes indígenas, se firmó un compromiso de gobierno. La candidata presidencial Michelle Bachelet realizó en Nueva Imperial un gran encuentro con casi 8 mil mapuches y suscribió un segundo compromiso que ampliaba el Pacto de Nueva Imperial. En lo principal: esto significa que los candidatos presidenciales del mundo progresista firmaron antes de la elección presidencial un compromiso político con representantes de todos los pueblos indígenas de Chile.
Hoy, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, los programas presidenciales de Yasna Provoste y Gabriel Boric, en relación con los Pueblos Indígenas, se han unido en una sola propuesta de gobierno que contempla importantes iniciativas y falta aún conocer –un poco más exactamente– cómo se abordará el conflicto de fondo entre el Estado y los pueblos indígenas. La pregunta que ronda entre las dirigencias indígenas de todos los pueblos es si tendremos oportunidad de confirmar las propuestas programáticas en un compromiso político histórico, que cierre el ciclo del Pacto de Nueva Imperial y abra el camino hacia un nuevo Pacto político y social de los Pueblos Indígenas con el Estado. Tenemos, aún, algunos días para este logro.
