domingo, 22 de mayo de 2022 Actualizado a las 18:49

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Las leyes de amarre del piñerismo

Las leyes de amarre del piñerismo

Crédito: ATON

El Gobierno de Piñera no solo llegó tardíamente con las ayudas a las familias, lo que obligó a los trabajadores a seguir exponiéndose a riesgos sanitarios y a sacrificar sus ahorros previsionales, sino que además, cuando decidió actuar, diseñó una política fiscal irresponsable, con enorme impacto en las arcas públicas. Además, una propuesta sentida por la ciudadanía, como es la PGU, se presenta sin un plan coherente para obtener nuevos ingresos permanentes. Intentar obtener un rédito político de corto plazo y dejar el problema del financiamiento al Gobierno siguiente, es la definición básica de irresponsabilidad fiscal.
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En un intento análogo al llevado a cabo décadas atrás por la dictadura cívico-militar, el Gobierno de Piñera se ha esmerado en apurar más allá de lo necesario y prudente una serie de iniciativas legales y de políticas públicas para “amarrar” la estructura jurídico-económica y la orientación del desarrollo productivo para el país. Esto es un contrasentido respecto a la voluntad ciudadana que ha decidido reflexionar sobre el actual marco institucional, expresando ese deseo en forma democrática, aprobando por una amplia mayoría la redacción de una nueva Constitución Política.

Ejemplos de este comportamiento imprudente son los intentos por predefinir la forma en que se materialicen políticas públicas en áreas fundamentales como: las oportunidades estratégicas de desarrollo relacionadas con nuestros minerales y en particular con el litio; la necesidad de mejorar la actual institucionalidad fiscal; y la forma en que se estructuran las políticas públicas de seguridad social en materia de protección de empleo.

Respecto al primer caso, Chile posee gran parte de las reservas mundiales de este metal, clave para la electromovilidad y el tránsito hacia una economía verde. Nuestro país puede liderar esa transición o seguir en la senda de la explotación rentista. Mientras la primera opción implica fijar criterios de sostenibilidad ecológica, esfuerzos para mejorar la I + D, incentivar la colaboración público-privada, inversiones en capital humano y mayores niveles de empleo, la segunda opción no conlleva nada de aquello y refleja el espíritu de la licitación en curso.

Un asunto tan relevante para la capacidad de desarrollo futuro de Chile no puede pasar por un procedimiento administrativo de último minuto del Presidente de turno.

Respecto a la institucionalidad fiscal, el Gobierno saliente –que ha dejado como legado un mediocre manejo macroeconómico fiscal– pretende legislar sobre la regla fiscal a última hora, incorporando indicaciones al proyecto de Ley sobre Responsabilidad Fiscal, que atan de manos a la autoridad electa que asumirá el 11 de marzo próximo.

El Gobierno de Piñera no solo llegó tardíamente con las ayudas a las familias, lo que obligó a los(as) trabajadores(as) a seguir exponiéndose a riesgos sanitarios y a sacrificar sus ahorros previsionales, sino que además, cuando decidió actuar, diseñó una política fiscal irresponsable, con enorme impacto en las arcas públicas.

Además, una propuesta sentida por la ciudadanía, como es la PGU, se presenta sin un plan coherente para obtener nuevos ingresos permanentes. Intentar obtener un rédito político de corto plazo y dejar el problema del financiamiento al Gobierno siguiente, es la definición básica de irresponsabilidad fiscal.

Chile necesita una nueva institucionalidad fiscal, que contemple un diseño responsable de balance estructural, objetivos de deuda pública y que esclarezca el destino de las regalías que corresponden a la explotación de nuestros recursos naturales. Pero esto debe ser parte de una discusión ciudadana amplia sin apresuramientos.

No bastando con lo anterior, el Gobierno ha ingresado un proyecto de ley para modificar los estatutos de las empresas públicas más relevantes, como Enap, Enami y BancoEstado, además del de la Corfo. Su pretensión es asegurar puestos de influencia a través de instalar una lógica binominal en sus órganos directivos y disminuir en ellos la participación de sus trabajadores.



El último de estos ejemplos se refiere a la licitación anticipada de la administración del Fondo de Cesantía. Con un único oferente, la misma entidad de propiedad de las principales AFP que hoy administra el Fondo, es obvio que el objetivo fue asegurar el negocio a la actual administradora. Sus excesivas rentabilidades muestran que la administración privada de una política de seguridad social ha resultado excesivamente onerosa para el país. Esto señala un fracaso del diseño de las bases de licitación y contradice la idea original de licitar la administración de este servicio.

El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hace presente su preocupación por estos innecesarios amarres ad portas de un nuevo Gobierno democráticamente elegido y en un momento en que la sociedad chilena se ha convocado para dar a luz a una nueva Constitución, que debiese posibilitar una estrategia de desarrollo productiva basada en la sustentabilidad ecológica y un piso mínimo de equidad basado en la provisión de derechos sociales.

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