Opinión
En el marco de un neoliberalismo corregido (Garretón, 2012) característico de Chile en el Siglo XXI, se ha generado el solapamiento de la política migratoria con la penal, conduciendo a una incipiente vinculación entre migración y delincuencia, produciéndose relatos de “crimigración” (Stump, 2006), lo que se potenció a partir de 2017 por medio de un discurso político-mediático que derivó en el cambio de las políticas administrativas de extranjería y migración (DEM, desde 2021 el Servicio Nacional de Migraciones) hacia un modelo securitista, denominado como “seguro, ordenado y regular”, que más bien —como vemos con los hechos— ha sido desordenado e irregular, y por tanto inseguro tanto para migrantes como para nacionales, acompañado de un espectáculo televisivo que contribuyó a construir a los migrantes, especialmente en condición irregular, como una categoría populista de alteridad penal (Ayala, 2021)
Los conflictos entre migrantes y chilenos han sido continuos durante este verano en las ciudades de Iquique y Arica, continuando las ocurridas en septiembre de 2021: transgresiones, delitos, marchas, paros, vulneración de derechos y violencia interpersonal. Los acontecimientos de la zona norte (históricamente pluriétnica) llaman a debatir sobre la seguridad humana en el país. La seguridad humana atañe a la protección de las personas y de las comunidades más que a la seguridad de los Estados, comprendiendo tanto los derechos humanos como el desarrollo humano. El desarrollo humano (Sen, 2000), esto es, la mejora de los niveles de vida y de las capacidades personales, tiene como principio básico la ausencia de violencia física y la supervivencia. Ambos conceptos están interrelacionados: el “estar libre de necesidades” o de necesidades insatisfechas requiere el “estar libre de temores”, como bien destacara el Informe sobre Desarrollo Humano 1994, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). La seguridad humana alude a la posibilidad de ejercer las oportunidades en forma segura y libre, tanto en el presente como en el futuro. Se trata de la responsabilidad de proteger y de enfrentar la vulnerabilidad, como sostiene el Informe sobre Seguridad Humana (2005).
Una vida digna involucra sentirse seguro tanto en los hogares como en las calles. Esto implica que los conflictos sociales sean controlados por la autoridad, para lo que se requiere la gestión de la crisis (Kaldor, 2010). Al respecto, resulta evidente que el actual gobierno de Sebastián Piñera no ha solucionado el problema, como han manifestado autoridades locales, regionales y organizaciones sociales. “El gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra”, criticó Mauricio Soria, el alcalde de Iquique, el 31 de enero. Se aplicó, respecto al ingreso por pasos no habilitados, lo que podemos denominar hoy como un securitismo fallido. La percepción de la frontera nacional debilitada, con una entrada descontrolada de migrantes venezolanos ocupando espacios públicos, ha generado un estado de alarma en la ciudadanía, polarizando las reacciones, gatillando la xenofobia y aporofobia (Cortina, 2017). Es de recordar que la diáspora (sur-norte y sur-sur) desde Venezuela ha producido una emergencia humanitaria que hace parte de la segunda mayor cifra de refugiados del planeta (5.7 millones), después de Siria, dados los problemas político-económicos existentes en este país, fundamentalmente desde 2014. De este modo, el gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric, iniciará desde marzo de 2022, con condiciones sociales marcadas por la producción del miedo al otro, emoción que moviliza —en el contexto de la triple crisis política-sanitaria-económica de 2020-2021, que se sumó a la histórica desigualdad— asociarse masivamente con el fin de lograr protección frente al clima de inseguridad. Esta sensación de amenaza tiende a generar consenso y aumento de la cohesión social interna, de fuerzas centrípetas, excluyentes, demandando mayor control y punitivismo hacia los infractores (as), así como instituciones defensivas, protectoras del orden y la paz social.
Algunas cifras a tener presentes: según la PDI, en un año se triplicó el número de personas que están en el país en situación irregular, pasando de 40 mil en 2021 a 56.586 en 2022. La mayoría de las denuncias (29.778) fueron realizadas en el norte, principalmente en Tarapacá (13.078), seguida por la Región Metropolitana (12.610), Antofagasta (8.345) y Arica y Parinacota (5.572). Dos son las principales razones de esta infracción: la exigencia de visa consular para entrar a Chile que existe para los ciudadanos de Haití, Cuba, República Dominicana y Venezuela, y el vencimiento de los permisos ya estando en Chile (6-2-22). Al respecto, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, expresó el 1 de febrero: “Los vecinos están cansados y por eso que se están manifestando, por eso es que existe esta movilización permanente…y por esta suerte de abandono que sentimos acá en Arica, de estas fronteras que son muy vulnerables” (1-2-22). Ante la visita el 1 de febrero a Iquique del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, manifestó: “Viaja el ministro (Delgado) a la región y no entrega ningún anuncio en materia migratoria. La atención en los últimos dos años ha estado puesta en la migración, y el ministro viene a la zona sin ninguna respuesta en materia migratoria” (2-2-22). El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, por su parte, sostuvo: “Ha habido un desgobierno” (4-2-22).
En el marco de un neoliberalismo corregido (Garretón, 2012) característico de Chile en el Siglo XXI, se ha generado el solapamiento de la política migratoria con la penal, conduciendo a una incipiente vinculación entre migración y delincuencia, produciéndose relatos de “crimigración” (Stump, 2006), lo que se potenció a partir de 2017 por medio de un discurso político-mediático que derivó en el cambio de las políticas administrativas de extranjería y migración (DEM, desde 2021 el Servicio Nacional de Migraciones) hacia un modelo securitista, denominado como “seguro, ordenado y regular”, que más bien —como vemos con los hechos— ha sido desordenado e irregular, y por tanto inseguro tanto para migrantes como para nacionales, acompañado de un espectáculo televisivo que contribuyó a construir a los migrantes, especialmente en condición irregular, como una categoría populista de alteridad penal (Ayala, 2021). Un resultado de este modelo es que los miedos y amenazas que experimenta la población nacional conducen a que se tienda a aprobar la ejecución de medidas extraordinarias para que tal temor deje de existir, como lo demuestra la afirmación del 57% que está de acuerdo con que Chile debiera tomar medidas más drásticas “contra la migración ilegal” (CEP, 2017; Barrera, 2021).
Pensando en propuestas realistas y concretas para el diseño de un plan de acción desde marzo, a partir de una perspectiva de desarrollo humano y seguridad humana, que considere tanto las personas nacionales, como migrantes establecidos y recién llegados, relevamos los siguientes principios y medidas:
1. Autoridad e institucionalidad política legítima.
La seguridad humana depende de la existencia de instituciones legítimas que cuenten con la confianza de la población y tengan capacidad de hacer cumplir la ley. La migración, especialmente en contextos de crisis migratoria y humanitaria, requieren políticas de Estado. Estas políticas estatales necesitan de una adecuada articulación entre los gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales. Al respecto, el año pasado se inició en Chile el proceso constituyente y se promulgó la nueva Ley Migratoria, Ley 21.325 de Migración y Extranjería que crea el Servicio Nacional de Migraciones y el Consejo de Política Migratoria. Sigue pendiente el reglamento.
2. Multilateralismo.
La migración transfronteriza es un fenómeno global, por lo que requiere medidas pertinentes a esta escala, vía una acción multilateral, trabajando con organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aumentando su ayuda tanto estratégica como financiera. Es necesario adherir al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, que ha sido un lineamiento de la gobernanza internacional de las migraciones durante el siglo XXI. Ahora bien, el principio de la migración segura, ordenada y regular tiene dos dimensiones en la nueva Ley Migratoria (art. 7°). Primero, el Estado facilitará que los migrantes puedan tener acceso a permisos de residencia o permanencia, y segundo, se luchará contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en conformidad con la legislación y los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (Feddersen, 2021).
3. Respeto de los derechos humanos.
Desde una perspectiva de la seguridad humana, los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) son prioritarios. Esto requiere, por tanto, que el empleo de medios policiales y militares en la frontera, deben ser apropiados y dirigidos por una autoridad legal. Esto también implica que quienes cometen faltas o delitos deben tratarse individualmente y no como colectivos (no cayendo en discriminación etnofóbica o racista). Debiera minimizarse la inseguridad individual y familiar, tanto de nacionales como de migrantes, a través de evitar el desempleo, lo que puede generar el aumento de la economía ilegal. Es importante otorgar a los recién llegados orientación sobre el funcionamiento de las instituciones en Chile y brindar información sobre oportunidades laborales en las distintas regiones del país, considerando las necesidades del mercado laboral en cada territorio, así como las trayectorias y capacidades de cada migrante, haciendo contratos formales.
4. Enfoque regional/territorial (desde la frontera).
El aumento de la inseguridad se ha focalizado en la región de Tarapacá, extendiéndose hacia Arica y Parinacota, y en menor grado hacia Antofagasta. En la medida que el conflicto no se solucione en Iquique se puede expandir hacia otras localidades y regiones. En ese sentido, se debieran establecer albergues temporales en la frontera con Bolivia que permitan a las personas que hacen ingreso por paso no habilitado en Colchane, comprobar su identidad a través de un catastro, evaluando que se trata de un proyecto migratorio legítimo, luego de lo cual las personas pudieran desplazarse a distintos lugares del país, con visas humanitarias o laborales. Quienes requieran de asilo podrían comenzar su proceso de solicitud de refugio. Las personas que hayan cometido delitos podrían ser expulsadas del país, cumpliéndose con el debido proceso.
5. Aproximación de abajo-arriba.
Las nociones de participación y cooperación son claves para lograr estabilidad, certidumbres y paz social, teniendo en cuenta las necesidades sentidas por las personas, organizaciones locales y comunidades afectadas por la inseguridad. A través del diálogo entre los distintos actores, incluyendo a autoridades políticas, policía, militares, empresarios, ONGs y migrantes establecidos, se podrá comprender los sucesos, iniciar gestiones y lograr procedimientos efectivos. Al respecto, el llamado al orden que han hecho las autoridades municipales (tanto de la zona norte como de Santiago) revela la falta de coordinación vertical que ha habido entre el nivel central y los niveles sub-nacionales, como ha ocurrido también en el ámbito migratorio (Aninat y Sierra, 2019).
6. Mecanismos de regularización.
Incorporar mecanismos ordinarios de regularización para personas que se encuentran en situación irregular, ya sea por causa de ingresos por pasos no habilitados o por permanecer más allá de los plazos estipulados en sus visas, considerando la reunificación familiar, necesidades laborales del país de destino y el arraigo en Chile.
De este modo, a través de una estrategia migratoria integral se podrá avanzar en el cumplimiento de las expectativas de seguridad social (garantía de los derechos humanos) como ante los temores respecto a la seguridad pública (narcotráfico y crimen organizado), permitiendo una mejor convivencia en la pluralidad.
