Opinión
Crédito: ATON (Contexto)
Este proceso constituyente es una oportunidad histórica de transformación institucional que avanza sobre aspiraciones y demandas muy sentidas e históricas de la población. Es por lo mismo un debate fundamentalmente público, donde estamos convocados no solo a diagnosticar y evaluar las barreras materiales de ingreso a la institucionalidad política, sino también a responder con alternativas transformadoras y mayoritarias, que sean eficaces en la representación de la voluntad popular y en la superación de la crisis de legitimidad de nuestras instituciones.
La Convención Constitucional está llamada a proponer una Constitución que refleje un nuevo acuerdo social que gracias a la potencia de amplias movilizaciones sociales hoy nos permiten imaginar y redefinir las bases sobre las que se construye la democracia y la convivencia de esta comunidad política.
El primer proceso constituyente democráticamente construido de nuestra historia, lleva 7 meses desarrollándose y ha sido organizado en 7 comisiones temáticas. La Comisión de Sistema Político, aprobó el 27 de enero, en general, la iniciativa construida por Movimientos Sociales Constituyentes, Frente Amplio, Chile Digno y Pueblo Constituyente y apoyada por la Coordinadora Plurinacional y Popular y el Colectivo de Pueblos Originarios que crea el Congreso Plurinacional, paritario y unicameral.
Con el propósito de enriquecer el debate público que se ha generado, compartimos los argumentos que nos llevan a pensar por qué este es el mejor modelo para Chile.
Los sectores conservadores, históricamente sobrerrepresentados en el debate político y mediático, han puesto el grito en el cielo argumentando que el unicameralismo supone un retroceso para el proceso de descentralización que Chile requiere. El rol del Senado no ha sido de representación territorial efectiva, sino de revisor de las decisiones políticas, ejerciendo un rol paternalista sobre el proceso político; la representación territorial puede generarse prescindiendo de ese rol histórico, heredero del origen aristocrático de la segunda cámara. El diseño institucional que hemos trabajado supone, también, una transformación profunda al funcionamiento e integración de la Cámara baja que garantiza la representación territorial, sin asimetrías de poder, en un plano de igualdad con la representación plurinacional y proporcional, asegurando que cuente con las facultades necesarias para incidir en las distintas etapas del proceso de formación de la ley y no quede limitada a una cámara de segundo orden.
La propuesta unicameral que la Comisión aprobó, no determina proporciones ni número de escaños, sólo señala criterios de representación en virtud de los cuales será integrada la Cámara, (1) representación proporcional de la población, (2) representación territorial a partir de circunscripciones regionales y de territorios indígenas, y (3) representación de pueblos originarios y tribales. Así, la idea de tres dimensiones de representación se propone con la finalidad de que el peso poblacional no sea el único criterio para la distribución de escaños, sino que se equilibre con la representación directa de las regiones, generando condiciones para un diálogo efectivo entre formas de representación que integran procesos políticos complementarios.
Es importante considerar que la Comisión de Forma de Estado ha avanzado en la desconcentración del poder en clave territorial y en la descentralización política efectiva. En efecto, han construido una propuesta que contempla Asambleas Legislativas Regionales y un Consejo de Asambleas Regionales. El órgano legislativo plurinacional que proponemos, incorporará dentro de su orgánica y funcionamiento permanente a las y los representantes territoriales como la consideración de los procesos de producción política y normativa que se desarrollen en los órganos legislativos regionales. Sostener que existe representación política y representación territorial, una entregada a la Cámara de Diputadas y Diputados y la otra al Senado, supone aceptar una distinción arbitraria dentro de los procesos políticos, que limita la potencia de los territorios. Nos negamos a reproducir esa distinción, y proponemos avanzar a una comprensión de la deliberación política compleja e integral, donde todas estas dimensiones dialoguen y converjan en un mismo órgano.
No podemos desconocer que el Senado, históricamente, ha sido configurado desde la desconfianza hacia la democracia. Sus requisitos de integración y su práctica política demuestran que se trata de una institución llamada a “controlar” a las mayorías democráticamente electas en la cámara baja, asumiendo un rol de tutelaje elitista y conservador que avala y permite una importante concentración del poder. No es casualidad que el Senado haya obstaculizado el avance de proyectos de ley impulsados por diversos sectores de la ciudadanía (tales como la semana laboral de 40 horas, el royalty a la minería privada, la ley de fármacos o la derogación del Código de Aguas), que buscan redistribuir el poder político y económico.
El Congreso Nacional es la segunda institución con menos aprobación a nivel nacional, alcanzando solo un 8% (Encuesta CEP, agosto 2021), entre otras razones, por la distancia entre la voluntad soberana que está llamada a representar y su práctica política efectiva. Para su plena legitimación no bastan reformas cosméticas. Hoy tenemos la posibilidad histórica de avanzar en cambios profundos que habiliten una democracia horizontal, no tutelada y sin revisión elitaria.
Otra de las argucias que se ha presentado en el debate público, para defender el bicameralismo, ha sido que la existencia de una cámara revisora es supuesta garantía de una mejor “calidad” legislativa. No podemos dejar de advertir que este parámetro de “calidad” neutraliza las discusiones políticas y evidencia la hegemonía neoliberal en la preponderancia de criterios de mercado sobre distinciones propias de un debate político.
Un órgano donde se encuentren presentes las diferentes formas de pertenencia política es garantía de una mejor legislación. Así, la construcción de un órgano con representación programática, territorial, paritaria y plurinacional, junto al apoyo de una unidad técnica especializada, garantiza leyes óptimas en cuanto a su legitimidad, representatividad y técnica legislativa. Una cámara revisora solo obstruye la debida representación en el proceso de formación de la ley.
La propuesta que defendemos forma parte de un engranaje institucional que se propone generar condiciones para que la creación normativa y la actividad legislativa puedan estar íntimamente conectadas con los procesos políticos, sociales y culturales emergentes, con sus urgencias y necesidades, donde los procesos políticos -colectivos, programáticos y territorializados- se puedan canalizar en las instituciones del Estado.
Contrario a lo que se ha intentado instalar en medios por quienes defienden el bicameralismo, la única región que tiene una mayoría bicameral es América, con un 62% de democracias con Congresos bicamerales. En todos los otros continentes son predominantes los Congresos unicamerales: Europa (63,4%), Oceanía (80%), Eurasia (60,9%), África (60,7%) (Plataforma Contexto, Unicameralismo vs. Bicameralismo, 2022).
La narrativa que intenta desacreditar el sistema que aprobó en general la Comisión de Sistema Político, a través de caricaturas falaces, no se condice con la realidad: la mayoría de los países con sistemas democráticos presidenciales tienen un congreso unicameral (58,5%), incluso en una mayor tasa que en los sistemas parlamentarios (57,1%). Así, no es posible afirmar que la aprobación en general de un parlamento unicameral y de un sistema presidencial atenuado constituya una rareza y deba constituirse como motivo de alarma.
El carácter extremadamente enrevesado e inaccesible de los actuales procesos de tramitación de la ley es una de las múltiples razones que explican la desafección social frente al Congreso. La necesidad de disminuir las brechas entre la población y quienes tienen la tarea de legislar también pasa por un diseño de deliberación que sea lo más transparente y claro posible para la población. Un parlamento unicameral genera condiciones más propicias para la implementación de un proceso de esas características, accesible e inteligible para los más amplios sectores de la población, que permita el seguimiento y acompañamiento permanente y que propenda a una participación popular activa en el proceso democrático de la formación de la ley.
Este proceso constituyente es una oportunidad histórica de transformación institucional que avanza sobre aspiraciones y demandas muy sentidas e históricas de la población. Es por lo mismo un debate fundamentalmente público, donde estamos convocados no solo a diagnosticar y evaluar las barreras materiales de ingreso a la institucionalidad política, sino también a responder con alternativas transformadoras y mayoritarias, que sean eficaces en la representación de la voluntad popular y en la superación de la crisis de legitimidad de nuestras instituciones.
