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Una Constitución basada en grafitis Opinión

Una Constitución basada en grafitis

Mario Waissbluth
Por : Mario Waissbluth Ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctorado en ingeniería de la Universidad de Wisconsin, fundador y miembro del Consejo Consultivo del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile y profesor del mismo Departamento.
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80% votamos por el Apruebo, y de ese 80% es probable que más del 90% tenga escaso interés de estudiar y analizar las barbaridades sometidas a votación, por lo que votará más bien guiado por las “emociones constitucionales” que por su contenido sustantivo. En este posible escenario de aprobación final, es probable que los cuatro años del Gobierno de Boric queden entrampados en la discusión legislativa para implementar las ya aprobadas barbaridades constitucionales, y con escasa posibilidad de discutir sus propuestas programáticas para el período. Flaco favor para Boric, a quien considero mi Presidente. Sobra decir que esta inestabilidad normativa significará, además, que la mayoría de los empresarios detendrán por largo tiempo sus inversiones (con toda razón), con el consecuente impacto en el empleo y el crecimiento.


Una excelente columna de Eduardo Engel en El Mercurio, 13 de marzo, se titula “¿Extender el plazo de la Convención Constitucional?”. Copiaré tres de sus párrafos centrales: “Las noticias sobre normas de la Convención Constitucional que generan preocupación se suceden día a día, sin distinguir debidamente entre normas que tienen una chance real de terminar en el texto final y las que no tienen ninguna posibilidad.

«Una norma nace de un grupo de convencionales (o una iniciativa popular) y es analizada en una de nueve comisiones, que la puede aprobar o rechazar. Si la aprueba, pasa al pleno para su votación en general. Aquí votan los 154 convencionales y se necesitan dos tercios para su aprobación. Si se rechaza vuelve a la comisión que puede hacerse cargo de las objeciones del pleno e intentarlo nuevamente. Si se aprueba se dice que se aprobó en general y vuelve al pleno para su discusión en particular, donde se puede introducir modificaciones mayores. Luego de esta discusión se vuelve a votar en el pleno, donde nuevamente se requiere dos tercios de los votos para pasar a la etapa siguiente. Si pasa se dice que fue aprobada en particular. Si obtiene menos de la mitad de los votos la norma muere allí. Si obtiene entre la mitad y dos tercios, la comisión tiene una última oportunidad para modificarla y presentarla de nuevo al pleno. Finalmente, las normas que son aprobadas en particular serán analizadas por la Comisión de Armonización que, haciendo honor a su nombre, buscará armonizar el conjunto de normas en el texto final que será sometido al plebiscito de salida. Sin embargo, su reglamento limita el rol que pueda tener esta comisión…

«… Convencionales diversos han comenzado a plantear la posibilidad de pedir al Congreso una extensión del plazo que vence el 4 de julio. Una prórroga sin cambiar el método de trabajo no contribuirá a un mejor texto. Una prórroga solo tiene sentido si viene acompañada de nuevas instancias que evalúen el texto completo, que faciliten un diálogo político mirando el conjunto, y que permita introducir cambios sustantivos. Un camino alternativo, el único si el Congreso no aprueba una extensión, sería dotar a la Comisión de Armonización de mayores atribuciones…”.

La ineptitud referida en el título de esta columna consiste no solo en el robusto caudal de propuestas absurdas que emergen a diario de las comisiones, sino en el hecho de que la primera presidencia de la CC se tomó nada menos que seis meses –en una lógica parecida a la de una estridente asamblea de 2º Medio– para culminar con un proceso de trabajo prácticamente “diseñado por el enemigo”. Si se releen con detenimiento los pasos descritos por mi amigo Eduardo, son entre siete y nueve, dependiendo del destino (o más bien vapuleo) que reciben las propuestas en las votaciones plenarias, hasta que puedan llegar a conformar el texto final que se plebiscitará. Hubiera bastado elaborar hace algunos meses un simple cronograma o carta Gantt para concluir la virtual imposibilidad de finalizar con un texto coherente y armonizado antes del 4 de julio. A esto lo llamaré “ineptitud organizacional”.

A esto se suma la ineptitud comunicacional de la Convención, que hace muy difícil que los ciudadanos de a pie tengamos información fidedigna acerca de cuáles normas están ya aprobadas y en cuál etapa. Para remate, en materia de la ineptitud sustantiva, es evidente que un grupo ultra se “apropió” de la Convención, sin ninguna consideración por el hecho de que la mayoría del país no comparte sus posiciones (basta ver el resultado de la elección parlamentaria), y sin ninguna disposición a negociar con la derecha, que hoy tiene prácticamente la mitad de los escaños del Congreso, siendo esta entidad la que tendrá que legislar la implementación de la nueva Constitución si se aprueba en el plebiscito, cuestión que es bastante probable. Da la impresión que muchos de los asistentes a los desmanes de Plaza Italia/Dignidad se hubieran trasladado al recinto de la Convención con camas y petacas para continuar su fiesta, y ahora están dedicados a pegotear sus grafitis en el texto.

80% votamos por el Apruebo, y de ese 80% es probable que más del 90% tenga escaso interés de estudiar y analizar las barbaridades sometidas a votación, por lo que votará más bien guiado por las “emociones constitucionales” que por su contenido sustantivo. En este posible escenario de aprobación final, es probable que los cuatro años del Gobierno de Boric queden entrampados en la discusión legislativa para implementar las ya aprobadas barbaridades constitucionales, y con escasa posibilidad de discutir sus propuestas programáticas para el período. Flaco favor para Boric, a quien considero mi Presidente. Sobra decir que esta inestabilidad normativa significará, además, que la mayoría de los empresarios detendrán por largo tiempo sus inversiones (con toda razón), con el consecuente impacto en el empleo y el crecimiento.

Uso el término “barbaridades” con certeza y convicción. No soy “rechacista” ni derechista, voté por el Apruebo y por Boric, y estoy convencido de que el país necesita una nueva Constitución. Pero no una con descentralización e indigenismo extremos, que terminarán fracturando al país en centenares de autonomías políticas, económicas y judiciales, en una plurinacionalidad que no resiste análisis. También considero barbaridades: a) la eliminación del principio democrático de “un ciudadano, un voto”; b) las posturas en general en contra de la propiedad y la empresa privada, y además con los intentos de nacionalización sin pago a valor real (algunos dicen que sin pago y punto) de empresas mineras, forestales o de agua potable; y c) tal vez lo más grave, la virtual demolición de la institucionalidad parlamentaria y judicial, con un Senado de pacotilla y un Poder Judicial cuyos jueces quedan a merced de las pulsiones políticas del momento. A partir de ese momento, el Estado de Chile que conocemos deja de tener sustentabilidad.

Aunque se hayan aprobado pocas de estas barbaridades en su versión definitiva, subyace en casi todo lo que emerge de comisiones, en cualquiera de sus etapas, una ideología completamente ajena a una socialdemocracia moderna. Es una suerte de izquierdismo sesentero con una mala copia del Estado boliviano, que tiene nada menos que 41% de población indígena, vs. un 5% en el Chile rural, aquellos que son indígenas 100%. ¿Plurinacionalidad para esto?

Entonces, procede la discusión de la eventual prórroga de plazo que ya comienzan a solicitar algunos convencionales. ¿Prórroga para más de lo mismo? Ni con flecos. Es hora de que el nuevo Congreso que se instaló esta misma semana “se ponga los pantalones constitucionales”, golpee la mesa y exija condiciones, no solo respecto al proceso de trabajo sino también para la creación de alguna instancia intermedia, del propio Congreso, que retroalimente a la Convención, capítulo por capítulo, para explayarse sobre las consecuencias de los mismos y sus eventuales dificultades legislativas.

Otra alternativa, complementaria a la primera, sería la realización de un plebiscito previo al del final del proceso constituyente, en que se expongan con claridad los diversos capítulos constitucionales a la ciudadanía, para que esta decida sobre el Apruebo o Rechazo por separado en cada uno de ellos, con conocimiento de causa. Esa sería de veras la Constitución más democrática que podamos imaginar. Preferible que nos demoremos un año adicional, a sacar una Constitución al vapor, que marcará los destinos de nuestra patria por décadas.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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