Opinión
El círculo vicioso de fondo se resuelve recuperando la capacidad de crecimiento de la economía. Para esto, en aquello que compete a los propios parlamentarios, es urgente que la política retome la disciplina que requiere un sistema presidencial: la iniciativa en temas de seguridad social corresponde al Presidente y este, además, tiene en su programa una significativa reforma de pensiones.
Un shock inflacionario es una prueba crítica para cualquier Gobierno y la coalición que lo sustenta. Resolverlo bien es difícil.
En lo fundamental, el problema inflacionario que vivimos es producto de un shock de oferta: primero la pandemia y su efecto en las cadenas de distribución y, ahora, la guerra y sus consecuencias en los precios de alimentos y energía. También hay elementos de demanda por los estímulos fiscales y monetarios utilizados para salir de la recesión global, pero están siendo retirados. Sumando, en principio estos shocks y sus efectos inflacionarios pueden durar un tiempo, pero son transitorios.
Es crucial no caer en la ilusión de medidas efectistas de corto plazo.
En la prensa y en los pasillos del Congreso se plantean diversas ideas para combatir la inflación que se pueden agrupar en dos familias. Una, consiste en controlar precios: se ha dicho que es necesario fijar algunos o reducir el IVA a productos esenciales de consumo humano. La otra, busca generar ingresos familiares para compensar la inflación: elevar el salario mínimo, alargar el IFE y autorizar un quinto retiro de fondos de pensiones. Este tipo de soluciones producirán más inflación y no menos.
Los casos paradigmáticos de la primera familia son Argentina en 1985 y Brasil en 1986. Los llamados Plan Austral y Plan Cruzado, respectivamente, fijaban precios y suspendían la indexación. Ambos produjeron más inflación, crisis económica y desempleo. A tal punto llegó la crisis en Argentina, que cuatro años después que fijó los precios, el presidente Alfonsín tuvo que renunciar.
¿Qué falló? Que los precios son un síntoma. Fijarlos sin atender las causas de su incremento no soluciona nada. De hecho, lo agravan, porque liberar precios que estaban fijados es muy complejo políticamente. Cualquier Gobierno hará lo imposible por evitar subir administrativamente precios de alto impacto ciudadano. Un botón de muestra: ¿vieron la reacción cuando el panel de expertos recién sugirió, nuevamente, subir el pasaje de la locomoción colectiva en $30? El Gobierno desechó esa opción inmediatamente.
Claro, mientras haya precios fijados, la inflación medida será baja quizá, pero los salarios no se fijarán y los costos de las empresas subirán. Sin poder subir precios, el desequilibrio entre oferta y demanda se agravará más y la presión inflacionaria también. La fijación de precios es un círculo vicioso y una trampa de la que no se puede salir fácilmente.
En cuanto a las soluciones que compensen el alza inflacionaria, obviamente agravan los excesos de demanda.
El salario mínimo se caracteriza por el hecho de que parte del costo de las transferencias las financia el sector privado. Probablemente esto se haga en parte porque responde a una promesa de Gobierno que ya estaba internalizada por todos. La propuesta de subirlo un 14% a $400.000, implica una transferencia entre privados en torno a un 0,2% del PIB. Es poco macroeconómicamente hablando, pero naturalmente focalizado en un segmento que lo necesita. Sobre el IFE no conocemos todavía demasiados detalles. Posiblemente, sea de mayor tamaño, pero es de costo fiscal justo cuando el país está en necesidad de atender urgentes gastos públicos. Es posible, entonces, que parte del costo del IFE sea compensado con menores gastos en otras áreas. Quedan los retiros. Esta alternativa para algunos puede ser la solución: es muy masiva, llega a segmentos medios que están muy inquietos con lo que está pasando, y no tiene costo fiscal directo.
De estas medidas de estímulo a la demanda, el retiro de fondos de pensiones es la que más agrava las fuentes de inflación. Si se repite el monto del tercer retiro (USD 14.700 millones), el estímulo a la demanda será 21,8 veces superior al efecto del salario mínimo. La velocidad de gasto de esos fondos está fuera del control de las autoridades. Lo único que pueden hacer para morigerar el efecto inflacionario es premiar más aún el que esos fondos no se gasten. La forma de hacerlo es a través de tasas de interés más altas, con su efecto recesivo.
Así, cualquier fijación de precios genera más problemas que los que resuelve. Y si nos quejamos de la inflación hoy, con el retiro de fondos será peor mañana. Dado que a este Gobierno le quedan 3 años y 11 meses de gestión, lo más probable es que todos estos efectos negativos aparezcan dentro de dicho horizonte y le reboten en la cara al Presidente Boric, su administración y su coalición.
La propuesta del ministro Marcel es sensata: incremento de salario mínimo, obras públicas e IFE. Esto, sin embargo, no genera crecimiento económico.
El círculo vicioso de fondo se resuelve recuperando la capacidad de crecimiento de la economía. Para esto, en aquello que compete a los propios parlamentarios, es urgente que la política retome la disciplina que requiere un sistema presidencial: la iniciativa en temas de seguridad social corresponde al Presidente y este, además, tiene en su programa una significativa reforma de pensiones.
El “parlamentarismo de facto” que vivimos, pero sin las buenas reglas de un sistema parlamentario, no presagia nada bueno ni hoy ni mañana.
