Opinión
A nivel general, todavía múltiples agencias del Estado conciben las fronteras como espacios vacíos o semivacíos, que pueden ser llenados por el crimen transnacional, analogándose con lo que acontece en otras fronteras complejas del continente. Si bien estas complejidades y amenazas están presentes, se deben ponderar con visiones centradas en las experiencias cotidianas de comunidades locales y su bienestar, a través de oportunidades para su desarrollo. La política exterior puede contribuir en esta dirección, a través de la concertación de iniciativas bilaterales y multilaterales, diplomáticas y paradiplomáticas, que incluyan la participación activa de gobiernos regionales, locales y de la sociedad civil.
El inicio del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el proceso constituyente en curso (que debería consolidar el Estado Regional con todas sus posibles implicancias legales e institucionales) y la discusión pendiente sobre la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales electos, abren una oportunidad para repensar ciertos alcances de la política exterior, más allá de las cuestiones tradicionales relativas a asuntos limítrofes y económicos. Dentro de sus aristas, una posible desconcentración y eventual transferencia de competencias internacionales hacia las regiones, parece una opción no tan lejana si consideramos la articulación de demandas locales dentro del esquivo ámbito de la política exterior
Actualmente, las regiones chilenas casi no tienen competencias para abordar los desafíos internacionales y fronterizos asociados a su ansiado desarrollo, pese a la abrumadora evidencia mundial que da cuenta del activismo internacional de regiones y ciudades conectadas más allá de sus respectivos Estados. Más aún, en el caso de las regiones extremas o mal llamadas “zonas rezagadas”, para salir de tal condición desmejorada, privilegian políticas públicas centradas en su integración al resto del país, desaprovechando las oportunidades que conllevan las conexiones transfronterizas históricas y contemporáneas.
Si bien tal condición ha sido una constante, esta brecha aumenta en la medida que, en su mayoría, el resto de los países del continente se han abierto con mayor claridad y complejidad a agendas locales fronterizas de cara a la globalización. En Chile, la dimensión internacional del desarrollo de las regiones –sobre todo las que por su posición geográfica y vocación internacional se deben a sus homólogas al otro lado de la frontera– ha estado ausente de un debate público decidido, expresándose en que las regiones chilenas cuentan con un marco institucional limitado, anacrónico y digitado desde la capital.
En este contexto, cabe considerar las actuales limitaciones para la proyección internacional de las regiones y su desarrollo, pero también enunciar algunos desafíos y objetivos concretos que se podrían asumir en el actual escenario político, más auspicioso y propicio para llevar adelante cambios en la institucionalidad y la política exterior:
En el ámbito de los Gobiernos Regionales (Gores), actualmente las Unidades Regionales de Asuntos Internacionales (URAI) no operan en todo el país ni en las mismas condiciones: en algunas se constituyen como departamentos dentro de los Gores, en otras se trata solo de un funcionario que desempeña múltiples tareas anexas, mientras en otras ni siquiera existen. Sostenemos que deberían homologarse sus competencias, atribuciones y perfil de cargo, de cara a iniciativas internacionales, postulación a proyectos de cooperación descentralizada, etc. Además, debiesen contar con equipos de trabajo y recursos, con objetivos claros y coordinados con el nivel central, de modo de aprovechar las oportunidades que brinda el medio internacional para el desarrollo regional.
En el nivel central, en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), la Dirección de Coordinación Regional (Dicore) no posee mayor relevancia. Es una instancia limitada en competencias y recursos, lo cual refleja la ausencia de una voluntad política para impulsar cambios mayores. Se debería reforzar su rol articulador de la mano de adecuadas competencias regionales.
También en el nivel central, la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), si bien contempla la integración y el desarrollo fronterizo dentro de sus tareas, su agenda se centra preferentemente en las cuestiones limítrofes. Operan los Comités de Integración y Fronteras, pero su funcionamiento ha sido irregular y ha dependido de los vaivenes propios de las relaciones vecinales, sobre todo en la frontera norte (por ejemplo, debido a los juicios de La Haya). Tampoco en su funcionamiento se ha privilegiado la presencia estable de actores regionales y locales. En consecuencia, se debería articular a través de mediaciones entre actores de distinta escala, con mayor rendición de cuentas y seguimiento sobre sus acuerdos. También se podría desconcentrar en regiones a través de la apertura de oficinas regionales o macrorregionales, que den cuenta de las demandas regionales y que contribuyan al mejoramiento de las relaciones vecinales, como se ha demostrado históricamente en este nivel. En este punto, cabe destacar el rol de la Agencia Chilena de Cooperación al Desarrollo (AGCID), a través del fomento de proyectos de cooperación descentralizada entre regiones y universidades fronterizas.
En el ámbito de los acuerdos internacionales, las garantías que consagra el Convenio 169 de la OIT a los pueblos originarios que habitan las fronteras no han sido considerados plenamente al momento de diseñar e implementar planes especiales hacia las fronteras o “zonas rezagadas”, como es el caso de los múltiples planes para comunas rurales andinas del extremo norte. La política exterior puede ser un instrumento que coadyuve y coordine la acción nacional para su correspondencia con los derechos de los pueblos originarios que consagran los instrumentos internacionales, sobre todo en el caso de las regiones fronterizas y las comunidades que ahí habitan.
A nivel general, todavía múltiples agencias del Estado conciben las fronteras como espacios vacíos o semivacíos, que pueden ser llenados por el crimen transnacional, analogándose con lo que acontece en otras fronteras complejas del continente. Si bien estas complejidades y amenazas están presentes, se deben ponderar con visiones centradas en las experiencias cotidianas de comunidades locales y su bienestar a través de oportunidades para su desarrollo. La política exterior puede contribuir en esta dirección, a través de la concertación de iniciativas bilaterales y multilaterales, diplomáticas y paradiplomáticas, que incluyan la participación activa de gobiernos regionales, locales y de la sociedad civil.
En definitiva, la dimensión regional y fronteriza de la política exterior puede constituirse en una vía para realizar cambios importantes en sus distintos niveles, con implicancias positivas para las regiones y el país en general. El actual ciclo político permite vislumbrar las oportunidades de transformación del statu quo en materia de política exterior, pero es necesario apuntalar los cambios que se requieren, más allá de la cuestiones geopolíticas y económicas tradicionales, e incorporar, entre otros actores, a las regiones.
